Lasvocesdelpueblo y Agencias – Hubo rebelión, por lo tanto violencia máxima en Cataluña, ha concluido el Ministerio Público; así también como sentenció esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el huido expresidente secesionista Carles Puigdemont Casamajò y los 74 diputados autonómicos d ela cámara sediciosa catalana, junto a las entidades sociales separatistas ‘Asamblea Nacional Catalana’ (ANC) y Ómnium Cultural. Además, la Fiscalía ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal a los condenados del golpismo en Cataluña. Así, aunque el Gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña del presidente Quim Torra Pla tenga competencias cedidas en materias de prisiones, nunca podrán salir de prisión, para beneficiarse del «Tercer Grado» por buen comportamiento en sus celdas, los condenados sin cumplir el 50% de sus penas. Así, pues, la Fiscalía mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados del golpismo en Cataluña, tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el «procés» fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia). Madrid (España), miércoles 29 de mayo de 2019.
La Fiscalía ha ratificado en el juicio del «procés» su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis.
El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el «procés» fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).
Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo excepciones, y que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, de manera que la Generalitat no podría concedérselo en caso de estar en cárceles de Cataluña.
