La Fiscalía se opone a la imputación de Torra por usurpación de funciones

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FOTOGRAFÍA. PALACIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. 06.02.0202. el presidente del Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón (i), y el delincuente expulsado del Parlamento de Cataluña tras su condena de inhabilitación de un año y medio y multa de 30 mil euros por el delito de desobediencia, Quim Torra (d), han mantenido este jueves en el Palacio del Gobierno de la Generalidad de Cataluña una reunión sobre las negociaciones con el separatismo sobre el Procés. Sánchez y Torra han pactado algunas condiciones de la llamada Mesa de negociaciones entre España y Cataluña, que van del franquismo hasta la fecha de hoy. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admita a trámite la querella por usurpación de funciones que el PP presentó contra el delincuente condenado a inhabilitación y expulsado del Parlamento de Cataluña, Quim Torra, por mantenerse en el cargo pese a habérsele retirado el acta de diputado. Barcelona (España), viernes 14 de febrero de 2020.

En un escrito remitido al TSJC, la Fiscalía Superior de Cataluña mantiene que no es la jurisdicción penal la que debe dirimir si Torra “se halla o no legitimado” para seguir en la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, una vez el Parlamento de Cataluña le retiró la credencial de diputado por orden de la Junta Electoral Central.

En su querella, el PP argumentaba que la pérdida de la condición de diputado de Torra -derivada de una decisión de la Junta Electoral tras su condena por desobediencia- comporta de forma automática su cese en el cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo tanto con la Constitución como con el Estatuto de Autonomía.

No obstante, para el ministerio público, “no es en sede de un tribunal penal donde deba dilucidarse si en la situación actual quien ejerce las funciones de presidente de la Generalidad se halla o no legitimado para el adecuado ejercicio de aquellas que, sin oposición de nadie, viene en la práctica ejerciendo”.

Para la Fiscalía, “más allá de la especulación” que pueda derivarse de la simple lectura de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la “certeza y taxatividad de la norma penal” exige que exista un “pronunciamiento previo por parte del órgano competente con relación a la -sin duda controvertida- cuestión suscitada”.

Sostiene además el ministerio público que, ya en 1995, fue despenalizada “la conducta de quien, debiendo cesar, continuase en el ejercicio de la función pública”, por lo que los hechos no encajan en el delito de usurpación de funciones en que se fundamenta la querella del PP.

De hecho, abunda la Fiscalía, ese delito queda reservado en la actualidad a quienes, sin serlo, “suplantan la formal condición de agente de la autoridad”, atribuyéndose falsamente una función pública para obtener ventajas o cometer otros delitos con mayor facilidad.

La Fiscalía está de acuerdo con los querellantes en que, en cualquiera caso, sería la sala civil y penal del TSJC el órgano competente para conocer de la querella por usurpación de funciones contra Quim Torra.

Sin embargo, resalta en su escrito la “incongruencia del planteamiento” de los querellantes, que de acuerdo con sus tesis deberían haber considerado competentes los juzgados de instrucción de Barcelona, y no el TSJC, “en cuanto partido judicial donde el querellado estaría ejerciendo su, según se señala, impostada actividad pública”.

“Ciertamente, habiendo perdido el querellado su formal condición de diputado en el Parlamento de Cataluña (hecho que no se cuestiona) y siendo hipótesis de la querellante que dicha pérdida llevaría aparejada la pérdida de condición de presidente de la Generalidad de Cataluña, nos hallaríamos frente a un ciudadano particular, desprovisto ya de su condición de autoridad, y consecuentemente, del inherente aforamiento”, aduce la Fiscalía en su escrito.

Tras recibir el informe de la Fiscalía, el TSJC debe decidir ahora si admite a trámite la querella del PP contra Torra, que a su condena por desobediencia suma ya otra causa judicial por desoír una orden del alto tribunal catalán para que descolgara una pancarta de apoyo a los políticos presos de la fachada del Palau de la Generalidad de Cataluña.

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