Agencias – La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto al recurso presentado por la Acusación Popular en la causa general abierta contra el golpismo catalán, que ejerce la formación política española que lidera Santiago Abascal (VOX), para revocar la orden de libertad con fianza contra seis golpistas separatistas exconsejeros del gobierno cesado en Cataluña. Madrid (España), martes 19 de diciembre de 2017. Fotografía: Los golpistas exconsejeros de la Generalidad de Cataluña Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Trabajo), Raul Romeva (Exteriores),Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia),Maritxel Borrás (Gobernación), y Josep Rull (Territorio),i-d. a su llegada a la Audiencia Nacional. Archivo Efe.
VOX quería que los ‘Rulls’: Rull, Turull y los exconsejeros Mundó, Romeva, Bassa y Borràs volvieran a prisión, al apreciar riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, pero el ministerio público ya anunció que no recurriría contra la orden de libertad y cree que los tres riesgos han disminuido mucho y, además, no han aumentado desde que salieron de prisión el pasado 4 de diciembre.
En un breve escrito, el ministerio público recuerda que el magistrado Pablo Llarena ya diferenciar el riesgo de reiteración delictiva por Junqueras y Horno respecto al resto, por lo que no cree que se haya incrementado el riesgo para los seis consejeros excarcelados.
En cuanto a la destrucción de pruebas, el fiscal dice que la aplicación del artículo 155 de la Constitución hace improbable la destrucción de pruebas, y recuerda que antes de entrar en prisión los consejeros destituidos tampoco hicieron desaparecer ningún documento incriminatorio.
Por último, dice que después de salir de prisión tampoco han hecho ningún gesto que evidencie un incremento de ninguno de los tres riesgos.
Según la Acusación Popular (VOX), el riesgo de fuga se basa en el auto de la magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela del 2 de noviembre, que aseguraba que «los investigados operan dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones separatistas con poder y capacidad para auxiliarlos en su posible fuga de la justicia».
En el recurso se considera que «los investigados cuentan con la base en Bélgica, nutrida de cuantiosos recursos, financiación y apoyos logísticos que les podrían proporcionar los huidos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, investigados también en esta causa y con los que, como se ha acreditado indiciariamente, hay un designio y plan delictivo común, minuciosamente diseñado y ejecutado».
Finalmente, se señala en el recurso, que «la celeridad y facilidad con la que los investigados han aportado sus fianzas, que suman varios cientos de miles de euros, es también demostrativa de la existencia de cuantiosos recursos a disposición del grupo , que bien pueden servir para facilitar una fuga internacional como la protagonizada por sus compañeros huidos».
El recurso también señalaba el riesgo de reiteración delictiva.
«Los propios actos de los investigados una vez puestos en libertad, al participar en varios mítines electorales y expresar su voluntad de seguir adelante con la secesión de Cataluña de una manera u otra, son demostrativos que no ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva si llegado el caso fueran elegidos para puestos políticos o ejecutivos en las próximas elecciones».
«Muestra evidente de ello es el apoyo expreso, personal y público que los investigados, a los que se les ha facilitado la libertad provisional bajo fianza, han mostrado a los que se encuentran fugados», se afirmaba en el recurso.
Finalmente, en el recurso se argumentaba también el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas.
«No es especulativo, sino muy lógico suponer que los investigados ahora liberados puedan apoyarse en la base logística y operativa belga ya mencionada para, junto con los allí fugados, destruir u obstaculizar la obtención de documentación» relativa al proceso, que » con toda probabilidad se ha trasladado a este país».
«Si se trata de un grupo organizado de forma metódica y minuciosa, como se ha dicho en las resoluciones judiciales anteriores a esta causa, y dividido en varios subgrupos de cara a dar una respuesta diversa pero coordinada a la instrucción judicial, el riesgo de destrucción de pruebas es idéntico en unos y otros, ya que todos ellos actúan en concierto y apoyándose entre sí en las diversas áreas de una actuación delictiva organizada», afirma el partido político español.
El escrito dice que gran parte de la documentación probatoria ha sido confiscada por la policía judicial en domicilios y despachos particulares, a los que volverán a tener acceso nuevamente al encontrarse en libertad, o documentación o archivos que se encuentran depositados en organismos, asociaciones o incluso cajas de seguridad «a las que sólo tendrán acceso para su ocultación, destrucción o manipulación una vez están en libertad».
Por todo ello, VOX solicitaba al magistrado Llarena que acuerde nuevamente la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull.
En el recurso, VOX también mostraba la conformidad con el mantenimiento acordado de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
