La Fiscalía ve “sólidos indicios delictivos” en Artur Mas por desafiar al TC en el golpe del 9N 2014

Lasvocesdelpueblo
Artur Mas, durante el pleno de investidura de Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La defensa de Artur Mas y compañía ha pedido el archivo del caso. La Fiscalía General del Estado se ha opuesto hoy al archivo de la causa del golpe separatista catalán del pasado 9 de noviembre 2014 (9N) en la comunidad autónoma española de Cataluña -liderado por el entonces gobierno del actual presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas Gavarró, porque ve “sólidos indicios delictivos” en la actuación del expresidente catalán Artur Mas y sus exconsejeras de gobierno: Joana Ortega e Irene Rigau, que continuaron e “intensificaron” la preparación del referéndum separatista catalán del 9N al “desafiar” la suspensión del Tribunal Constitucional de la patria. Barcelona, 22 marzo 2016. Fotografía: Artur Mas, durante el pleno de investidura de Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Archivo Efe.

En un escrito, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desestime la petición de archivo de la causa planteada por las defensa del separatista excluyente Artur Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que habían cesado y desistido de la preparación, organización y ejecución del golpe separatista y la dejaron en manos exclusivamente de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).

Las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el archivo día antes la decisión del Supremo

La Fiscalía, que sostiene que Mas “desafió abierta y públicamente la suspensión” acordada por el TC el 4 de noviembre, concluye que si bien es cierto que fueron voluntarios los que atendieron materialmente las votaciones del 9N en las respectivas mesas, “las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la Administración autonómica”.

Las defensas de Artur Mas, Ortega y Rigau pidieron el archivo de la causa días antes de que el magistrado instructor del TSJC Joan Manuel Abril remitiera todo el caso al Tribunal Supremo, al entender que los hechos atribuidos al exconsejero de Presidencia Francesc Homs -actualmente aforado por ser diputado en el Congreso- no se pueden desvincular de los cometidos por Mas, Ortega y Rigau.

El Supremo ha recibido ya la exposición razonada del magistrado y ha acordado la devolución inmediata de las diligencias originales al TSJC porque, hasta que se resuelva sobre el contenido de su petición sobre Homs, entiende que quien debe seguir instruyendo la causa es el alto tribunal catalán.

Los fiscales dicen que el presunto delincuente Artur Mas “desatendió al mandato del TC e incumplió la obligación”

Sobre Artur Mas, los Fiscales advierten que “intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso”.

Según los fiscales, el expresidente catalán, “auxiliado directamente por destacados miembros de su gobierno”, como Ortega, Rigau y Homs, “desafió abierta y públicamente” la suspensión del proceso participativo ordenada por el Tribunal Constitucional. Según los fiscales, la instrucción de la causa ha acreditado que los acusados, tras conocer la suspensión ordenada por el TC, “pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así”.

“La utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior y el propio día de la votación la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios”, apuntan. En este sentido, los fiscales señalan que los preparativos se llevaron a cabo en un “clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas” y alertan que sin usar medios públicos “la votación no habría podido tener lugar”.

Fiscalía: Joana Ortega “asumió el control público y coordinación de todas las actuaciones y desarrollo de la jornada de votación”

Como ejemplo, recuerdan que, tras conocida la suspensión ordenada por el TC sobre el proceso de participación, los acusados, “con plena consciencia y voluntad de hacerlo, no ordenaron desistir de los encargos contractuales en curso, cuando podían y debían haberlo hecho, pagando por el trabajo hasta entonces efectuado”, como sí hicieron con la consulta inicialmente planteada, también suspendida.

Sobre Ortega, los fiscales remarcan que, en su calidad de vicepresidenta del gobierno de Artur Mas Gavarró, “asumió el control público y la coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación, inmediatamente por debajo del Presidente autonómico que primero dispuso y luego habilitó su celebración”.

En su escrito, el Ministerio Público también detalla que la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau se sirvió de los servicios territoriales del departamento para garantizar que los directores de centros de secundaria titularidad del gobierno autonómico de Cataluña abrieran los institutos el 9N y se encargó de que el día de la votación hubiera 6.695 ordenadores portátiles a disposición de las mesas de votación.

Los fiscales también se refieren a la conducta del exconsejero de Presidencia Francesc Homs, quien “irrazonablemente legitimó la continuación” de los trabajos encargados por la generalidad de Cataluña a la contratista T-Systems, en una carta en la que alegó que los servicios jurídicos del gobierno catalán certificaban que no se veían afectados por la resolución del Tribunal Constitucional de la Nación.

“Dicho consejero no sólo legitimó injustificadamente la continuación de los servicios, sino que advirtió implícitamente de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista”, agregan los fiscales, que subrayan que, pese a que lo han requerido, el actual gobierno separatista de Cataluña no ha aportado los “supuestos” dictámenes de los servicios jurídicos a los que Francesc Homs se refirió en su carta.

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