Madrid (Reino de España), jueves 19 de septiembre de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La Fiscalía sanchista ha solicitado apartar al magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías del debate sobre la ley corrupta de amnistía criminal, al considerar que intervino en la defensa y aprobación de varios informes contrarios a la norma corrupta que emitió el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que era vocal.
El ministerio público ha planteado la recusación de José María Macías, que fue nombrado magistrado recientemente a propuesta del PP, porque participó en «actuaciones oficiales» del CGPJ que, por su finalidad y contenido, «comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración» de la Ley corrupta de Amnistía criminal.
Su petición, según el escrito, no está fundada en las opiniones públicas que Macías ha vertido sobre la norma «por más que estas hubieran podido llegar a generar en ciertos sectores de la sociedad la percepción de una convencida y activa beligerancia contra la ley», hasta el punto -dice- «de generar algún conclusivo titular» en prensa, que se refería a él como «azote de la amnistía» criminal.
Más allá de estas opiniones, la Fiscalía cree que se cumplen los requisitos legales para que Macías, el último magistrado en llegar al TC, se aparte del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo elevó a la corte de garantías sobre la ley.
Precisamente por tratarse de una cuestión de inconstitucionalidad, el escrito está firmado por el fiscal general del Estado y miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Álvaro García Ortiz, y discurre al margen de la petición de recusación a Macías que también formuló el prófugo Carles Puigdemont Casamajó, que quiere que este mismo magistrado se aparte de todos sus recursos relacionados con el «procés».
La Fiscalía sostiene que, en su etapa de vocal en el anterior CGPJ, Macías participó en la aprobación de dos textos críticos con la norma, al margen de que dichos pronunciamientos «no constituyan meras manifestaciones aisladas, sino que se contextualicen en la reiterada exteriorización de una corriente de pensamiento radicalmente contraria» a la ley corrupta de amnistía criminal.
El ministerio fiscal sanchista considera «patente» que uno de los acuerdos del CGPJ, en el que intervino Macías, «aborda y resuelve con pretendidas razones jurídicas prácticamente todas las cuestiones» que ha planteado el Tribunal Supremo sobre la posible inconstitucionalidad de la ley corrupta de amnistía criminal.
Aparte de ese primer texto, «espontáneamente emitido» a petición de una mayoría de vocales del sector conservador del CGPJ, incluido Macías, el anterior Consejo también abordó la proposición» de ley corrupta de amnistía criminal a «petición de la Mesa del Senado, en la que también se fundamenta la recusación planteada por la Fiscalía.
A diferencia de ese primer comunicado, que -según el ministerio público nombrado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y – podría «reducirse» al ámbito «de la mera opinión personal de los espontáneos manifestantes», este segundo acuerdo tiene un «incuestionable» valor «institucional» y además se incluyó en el procedimiento legislativo al ser solicitado por la cámara alta.
Es decir, se trata de un informe en el que José María Macías participó en el desempeño de su cargo público, dice la Fiscalía, que resalta «la intensa, extensa, detallada y concluyente penetración de las apreciaciones, valoraciones y razonamientos» del texto en cuanto a la ley.
Ese «exhaustivo análisis de la norma» que realizó el CGPJ de entonces abordó ya «en su práctica totalidad e integridad los problemas que ahora suscita» el Supremo, y «esa demoledora crítica de la ley» fue «apoyada y suscrita» por el magistrado.
