Hay que reconocer que la propaganda de este Gobierno es realmente buena, porque es capaz de presentar sus errores como triunfos. Un ejemplo de ello es la gestión de la pandemia y otro ejemplo es la futura Ley de Educación, la llamada LOMLOE, que no aborda cómo mejorar los muy mediocres resultados de nuestros alumnos en las pruebas internacionales, como por ejemplo las pruebas PISA.
Siguen sin buscar el consenso entre todos los partidos políticos, porque prima la ideología antes que la verdadera instrucción y la educación. Por ello no quieren atender a los expertos en la enseñanza de las distintas materias, que son los que realmente conocen a los niños y adolescentes y las técnicas para conseguir una buena transmisión de conocimientos.
Lo primero que llama la atención en este proyecto de ley son algunas posiciones pedagógicas ya superadas como la vuelta a la «comprensividad», como piedra angular de la instrucción desde los 6 a los 16 años. Ya en el preámbulo de la ley se lee “el eje vertebrador es «la educación comprensiva». La “comprensividad» es establecer que todos los alumnos han de estudiar las mismas cosas, en las mismas aulas y hasta los 16 años. Se trata de una estrategia pedagógica desfasada, que ha sido abandonada en varios países desde hace muchísimo tiempo porque no ha dado resultado. La agrupación de los alumnos en función exclusivamente de la edad, nunca genera grupos homogéneos, porque cada alumno es único e irrepetible. Si se agrupan los alumnos con una semejante capacidad de atención y comprensión, la transmisión de conocimientos es mucho más efectiva. En los últimos años, al diversificar el alumnado según sus ritmos de aprendizaje, los denominados itinerarios académicos, se ha resuelto el problema generado por la comprensividad.
En la educación infantil, la ley en teoría incorpora el respeto a la específica cultura de la infancia que establece la «Convención de los derechos del niño». Pero en la práctica, la cultura especifica de los niños de lengua española, lengua de la mayoría de los escolares catalanes, valencianos, de las islas baleares, vascos y gallegos, parece que no merece ningún respeto por parte de la futura ley, ya que permite que las consejerías autonómicas de educación puedan someter a esos niños a una inmersión total, precoz y obligatoria pese a las protestas de sus padres. Flagrante vulneración y discriminación de «los derechos del niño» de habla española, no la padecen los niños de habla catalana, vasca o gallega, porque a estos sí se les respeta la enseñanza en su lengua materna, simplemente se les pide que además conozcan el idioma español, como especifica el Articulo 3 de la Constitución.
Otro punto importante de la ley es la distinción obsesiva de este PSOE entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada, con la pérdida de peso de la asignatura de «Religión» incluida. La Constitución permite la libre elección de los padres sobre la formación (educación e instrucción) de sus hijos. Habría que preguntarse por qué muchos ciudadanos de clase media ilustrada (ciudadanos con carrera universitaria) y de clase media baja (ciudadanos con un salario medio) llevan sus hijos a la enseñanza concertada y no a la enseñanza pública. No parece que la causa principal sea la asignatura de Religión, porque el número no concuerda con la asistencia a las iglesias los Domingos y Fiestas de precepto. La causa puede ser que hay mucha más disciplina, más rigor en la transmisión de conocimientos (sin ideologización política), más orden y que, como me aseguró una Inspectora, “orillan convenientemente” las leyes que no son lógicas y que por ello perjudican la enseñanza. Y me explicaba que varios Centros concertados en Barcelona orillaron la «comprensividad», organizando los alumnos por grupos A, B y C según sus ritmos de aprendizaje. Y fueron los primeros, porque después esto se difundió e imitó para tratar de mejorar los resultados.
Pero hay algo trascendente en esta nueva Ley que no se ha modificado desde la famosa LOGSE, el continuar con repartir las competencias de los contenidos y horarios de todas las asignaturas entre el Gobierno y las CC. AA. Desde la implantación de la LOGSE se reparten los contenidos de todas las asignaturas entre el Gobierno y las comunidades Autónomas (CC. AA.), así el Artículo 4.2 dice: El Gobierno fijará ……. “ los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, en ningún caso requerirán mas del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta de castellano, y del 65% para aquellas que no la tengan.
Y en la nueva Ley Celaá se lee en el Articulo 6.4: Las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan. Es decir, que los Gobiernos en su leyes aprobadas (y ahora por aprobar) admiten que en esas comunidades con otra lengua oficial además de la oficial en toda España, los «contenidos, enseñanzas y horarios» no son iguales para toda España. Y no solo eso, sino que al tener la posibilidad de que esas (CC. AA.) con otra lengua, que han hecho de la lengua «vernácula/regional» su seña de identidad, es donde se ha desarrollado un nacionalismo decimonónico que está poniendo en cuestión la unidad de la nación española. Y este Artículo es la rendija legal por donde se ha colado la tremenda ideologización desde la escuela, que es obligatoria para todos los ciudadanos desde los 6 a los 16 años.
¿Se ha preguntado algún Gobierno la causa de la evolución de un regionalismo fuerte a un nacionalismo independentista en tan pocos años?, ¿Se ha preguntado el porqué de tanto joven nacionalista violento?, ¿Se ha preguntado de qué han valido los apaciguamientos a base de cesión de competencias del Estado a las CC. AA.? Quien controla la escuela, controla el futuro del país. Si los Gobiernos presentes y futuros de España no recuperan el control de todo lo que se enseña en la escuela, la fragmentación de España, no solo es posible sino que es segura. Cuestión de tiempo.
Cataluña, 9 de julio de 2020
Carmen Leal
