La Generalidad dice que no encargó anuncios del 1-O a TV3

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 14.03.2019. TRIBUNAL DLE PROCÉS. Vista de La directora de servicios del departamento de Presidencia durante el 1-O, Teresa Prohias, ha asegurado que no encargaron contratos a Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios del 1-O, pese a que la entidad remitió dos facturas por 93.179 y 184.624 euros y todavía las reclama. Efe

Efe – De esta forma, no ha sabido explicar por qué el ente público remitió estas facturas, una por 93.179 euros en septiembre y otra por 184.624 euros en octubre que, según ella, conoció por un requerimiento de la secretaria de Estado de Hacienda y que aparecieron en febrero de 2018 sin que constaran en ningún registro. Tanto es así que ha defendido que desde su departamento «no se hizo ningún gasto» para el referéndum, pese a admitir que la diseñadora Teresa Guix realizó la web ‘Pacte pel referèndum’, si bien en el momento de facturar «ella decidió que no quería que se abonara esa factura». Madrid (España), jueves 14 de marzo de 2019. 

La directora de servicios del departamento de Presidencia durante el 1-O, Teresa Prohias, ha asegurado que no encargaron contratos a Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios del 1-O, pese a que la entidad remitió dos facturas por 93.179 y 184.624 euros y todavía las reclama.

Prohias, que fue una de las condenadas por el Tribunal de Cuentas junto al expresident Artur Mas a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta del 9N, supervisaba las contrataciones de Presidencia que dirigía el exconseller Jordi Turull, de manera que tenía conocimiento de todos los expedientes de contratación del departamento.

Sin embargo, la testigo se ha desentendido en el juicio del «procés» de la campaña de civisme relativa al anuncio de las vías del tren que emitió la Corporación porque no se generó «ningún expediente de contratación» y ella solo puede responder de los trámites que hacen «de forma legal y ordinaria».

De esta forma, no ha sabido explicar por qué el ente público remitió estas facturas, una por 93.179 euros en septiembre y otra por 184.624 euros en octubre que, según ella, conoció por un requerimiento de la secretaria de Estado de Hacienda y que aparecieron en febrero de 2018 sin que constaran en ningún registro.

Y aunque ha insistido que no existía ningún expediente que diera soporte a esas facturas y comprometiera un gasto, esos importes deberían considerarse en todo caso dentro de un acuerdo marco con el ente público en caso de que existieran.

Prohias no sabe quién decidió acudir a la Corporación una vez que las dos empresas que iban a realizar la campaña de civisme renunciaron, ni tampoco quién envió los anuncios de las vías del tren al ente público, ni si los anuncios que se emitieron fueron realmente los de las vías del tren de dicha campaña.

Sí que ha asumido la responsabilidad de la campaña de catalanes en el exterior, aunque ha precisado que no se pagó porque llegó un requerimiento de la Fiscalía informando de que este campaña estaba siendo investigada por un juzgado de Barcelona, por lo que los servicios jurídicos recomendaron suspender el pago.

Lo que no encontró fueron las facturas de 240.000 euros de Unipost que le mostró la Guardia Civil, ya que los únicos expedientes que halló vinculados con esta empresa en 2017 eran dos de 6.000 y 12.000 euros correspondientes a los servicios habituales postales, por lo que cree que jamás se hizo un pedido por un importe tan elevado como el de Unipost porque así se habría plasmado en un expediente y no existía ninguno.

Preguntada sobre el acuerdo del Govern para asumir los gastos del referéndum, ha dicho que ella entendió ese gesto como «una declaración de asunción de responsabilidad, o de carácter político» pero ha querido dejar claro que «del acuerdo no se derivó ninguna contratación en el departamento de Presidencia».

Tanto es así que ha defendido que desde su departamento «no se hizo ningún gasto» para el referéndum, pese a admitir que la diseñadora Teresa Guix realizó la web ‘Pacte pel referèndum’, si bien en el momento de facturar «ella decidió que no quería que se abonara esa factura».

Pero Guix dijo en su testifical que emitió una factura en mayo de 2017 a la Generalitat por 2.700 euros pero que, tras ser citada por la Guardia Civil, remitió una factura negativa porque pensó que «era mejor anularla» por «prudencia» y para «no tener ningún problema».