Alcoy, 23 de septiembre de 2026 (Carlos José García Seguí).- La gestión eficaz frente a experimentos participativos. El declive de este modelo constata la absoluta falta de interés de una ciudadanía cansada de votar propuestas menores, mientras la verdadera gestión del municipio sigue siendo responsabilidad exclusiva del gobierno.
Los presupuestos participativos, que nacieron como la gran promesa de la democracia directa a nivel local, afrontan un indiscutible declive. Lo que se proyectó como una herramienta transformadora para que el ciudadano fuera protagonista en la gestión local, se ha convertido, con el paso de los años, en un mecanismo burocrático marcado por el desinterés general y las bajas cifras de participación. Un claro ejemplo de esta desconexión lo encontramos en Alcoy, donde a pesar de los esfuerzos institucionales por mantener vigentes estas convocatorias, la respuesta ciudadana sigue siendo residual en comparación con el censo total de la población; de hecho, la participación apenas alcanza el 3 %, lo que cuestiona la legitimidad del proceso.
Cuando los ciudadanos constatan que solo pueden decidir sobre partidas que representan una fracción diminuta del gasto total, la motivación se desploma. A esto se suma el grave problema de los plazos de ejecución: la lentitud de la maquinaria administrativa provoca que los proyectos votados tarden años en materializarse, lo que genera frustración y la sensación de que estas consultas son meros actos de propaganda del gobierno.
Ante esta realidad, conviene recordar cuál es la verdadera naturaleza y obligación de una administración local. Lo más importante en un municipio es gestionar correctamente los recursos públicos, una responsabilidad que recae de forma exclusiva e intransferible en el gobierno municipal.
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De los 8.131 municipios que existen en España según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), aproximadamente 7.851 no realizan presupuestos participativos. Esto significa que cerca del 96,5 % de las localidades españolas gestiona sus cuentas públicas de forma tradicional, demostrando que no es necesaria una mayor carga burocrática para que un municipio funcione correctamente.
Delegar la toma de decisiones en procesos de votación popular, no exime a los gobernantes de su deber principal: diseñar una estrategia urbana eficiente, mantener los servicios esenciales en óptimas condiciones y priorizar el gasto donde realmente se necesita. Los ciudadanos eligen a sus representantes en las urnas cada cuatro años precisamente para que asuman la compleja tarea de gobernar, planificar y resolver los problemas cotidianos de la ciudad, desde el urbanismo básico hasta la cohesión social.
La participación ciudadana es un complemento que se podría calificar como aceptable para escuchar el pulso de los barrios, pero nunca debe sustituir a la buena gobernanza ni servir de escudo ante la falta de iniciativa política. Un ayuntamiento eficiente no se mide por la cantidad de talleres participativos que organiza, sino por su capacidad para ofrecer unos servicios públicos de calidad, gestionar las finanzas con rigor y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.
Carlos García
Concejal del GM VOX Alcoy