Madrid (España), lunes 29 de junio de 2026 (Efe).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en la sede del Partido Socialista (PSOE), situada en la calle Ferraz 70 de Madrid, una agenda con anotaciones manuscritas relacionadas con la ayuda pública concedida a la compañía Tubos Reunidos y con las gestiones para autorizar el aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda contraída con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El hallazgo figura en un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que este lunes acordó investigar a 25 personas dentro de una causa que analiza una presunta trama dedicada a influir en procedimientos judiciales y en la gestión de determinadas ayudas públicas.
Según recoge el escrito fiscal, la UCO intervino en la sede socialista «diversas evidencias» tras un requerimiento dirigido al partido, entre ellas la mencionada agenda, que contendría referencias a la operación relacionada con Tubos Reunidos.
Anticorrupción sostiene que esas anotaciones podrían demostrar que el exdirigente socialista Santos Cerdán tenía conocimiento de las pretensiones de la empresa y del papel desarrollado por distintos investigados para lograr la autorización correspondiente por parte de la SEPI.
La investigación gira en torno a una presunta trama que habría realizado gestiones para influir en decisiones relacionadas con ayudas públicas y actuaciones judiciales. Dentro de esas pesquisas aparece el préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos, una operación sobre la que la Guardia Civil investiga el posible pago de comisiones.
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La Fiscalía sitúa en el centro de esta operativa al denominado grupo “»Hirurok» —término que significa «nosotros tres» en euskera—, que estaría integrado, según la investigación, por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Los investigadores apuntan a que este grupo habría realizado actuaciones dirigidas a facilitar la concesión de la ayuda a Tubos Reunidos. A cambio de esas gestiones, habrían recibido 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez bajo el concepto de servicios de prospección de mercados.
Aunque existen facturas por esos trabajos, la UCO considera que podrían ser «mendaces» y sostiene que la verdadera motivación de los pagos estaría vinculada a las gestiones realizadas para que la SEPI aprobara la operación financiera.
La decisión del juez Pedraz de ampliar la investigación a 25 personas abre además nuevas líneas sobre otras operaciones vinculadas a empresas públicas. Anticorrupción aprecia indicios de posibles irregularidades en otros cuatro expedientes relacionados con Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.
El informe de la UCO también destaca el papel que habría desempeñado Vicente Fernández, quien habría cobrado 40.000 euros en relación con esta operativa. Los agentes investigan además si Fernández continuó actuando de facto como presidente de la SEPI durante un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo responsable.
Los investigadores señalan que habría participado en reuniones en representación del organismo público, tenido acceso a información interna y tomado decisiones o impartido instrucciones pese a no ocupar formalmente el cargo.