Lasvocesdelueblo y Agencias – Una de las primeras diligencias que la Fiscalía ha encargado a la Guardia Civil es requerir al gobierno de la Generalidad de Cataluña los expedientes relativos a la publicidad institucional en cubierto del referéndum separatista que lanzó el gobierno del presidente Carles Puigdemont sobre el censo de los españoles con residencia o nacidos en Cataluña y actualmente a fuera de España, con el fin de averiguar su coste y los detalles de la contratación, han informado las mismas fuentes. Barcelona (España), lunes 3 de abril de 2017. Fotografía: Los agentes de la Guardia Civil en una imagen archivo de Lasvocesdelueblo.
La Fiscalía de Cataluña ha encomendado a la Guardia Civil investigar si el gobierno separatista catalán ha iniciado los preparativos para un referéndum secesionista de Juntos Por El Sí y CUP y le ha pedido que requiera a la Generalidad de Cataluña los expedientes sobre la publicidad institucional relativa al registro de catalanes en el exterior.
Según fuentes jurídicas, la Guardia Civil tiene ahora en sus manos la investigación de la supuesta preparación del referéndum separatista, pesquisas que se unen a las que le ha encomendado la Audiencia Nacional sobre entidades o empresas que presuntamente están colaborando con el proceso separatista.
El ministerio público abrió a finales del mes pasado diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación a la supuesta preparación de un referéndum separatista, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el «registro de catalanes y catalanas en el exterior» que algunos partidos de la oposición creen que incitaba a participar en una consulta antiespañola En Cataluña.
El anuncio forma parte de una campaña institucional en medios de comunicación lanzada por la Generalidad para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema:
«¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?», junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta «¿Sí o no?», en letra negrita.
Una de las primeras diligencias que la Fiscalía ha encargado a la Guardia Civil es requerir a la Generalidad de Cataluña los expedientes relativos a dicha publicidad institucional separatista, con el fin de averiguar su coste y los detalles de la contratación, han informado las mismas fuentes.
Además de estas pesquisas, el instituto armado también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del año pasado a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalidad de Cataluña para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.
En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalidad en relación a la puesta en marcha de esas estructuras, diligencia que el instituto armado está llevando a cabo desde hace unos días.
También la Guardia Civil participa en la investigación que abrió el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre las manifestaciones del juez y exsenador separatista del partido xenófobo catalán Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Santiago ñ Vidal, que en distintas conferencias explicó que el gobierno catalán estaba recopilando ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.
La Fiscalía había abierto días antes una investigación sobre las declaraciones de Santi Vidal, que tenía previsto encargar a la Guardia Civil, aunque por el momento ha suspendido sus diligencias al haber asumido las pesquisas el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Como primeras diligencias, el juez instructor preguntó formalmente al Senado si Santi Vidal, que dimitió al día siguiente de trascender el escándalo de sus conferencias, seguía formando parte de esta cámara y requirió al Parlament la transcripción de la comparecencia del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en que desmintió el contenido de las polémicas conferencias del juez.
