Redacción.- Barcelona (España), martes 22 de marzo de 2022. Hace más de un mes que el consejero de Educación y el presidente del Govern catalán, de forma unilateral y sin previo aviso anunciaron a la comunidad educativa de Cataluña, que se modifican los calendarios de inicio de clases de los estudiantes desde infantil hasta el bachillerato. Las clases de infantil y primaria se iniciarán el 5 de septiembre y ESO, Bachillerato y FP, empezarán el día 7 de septiembre.
Desde ese anuncio se han producido desavenencias entre los sindicatos de educación y la consejería de Educación. Para intentar encausar la situación la consejería invitó a los sindicatos a tres reuniones de mesas sectoriales, pero no concurrieron porque entendieron que no hay voluntad de negociar nada, sino que todo ya lo tenían acordado, es por ese motivo que decidieron realizar huelga los días 15, 16, 17, 29 y 30 de marzo.
Días antes de celebrarse las jornadas de la huelga, el consejero de Educación, Josep González Cambray, anunció a través de una carta algunas medidas, entre las que tenemos las siguientes: las escuelas e institutos tendrán tres años para aplicar los nuevos currículums escolares y los que quieran podrán aplicarlo a partir del curso 2022-2023, el adelanto del curso escolar será para el próximo 5 de septiembre, reducción de ratios por aula en Infantil 3 (P3) quedando en 20 alumnos, la gratuidad de Infantil 2 (P2), eliminación de un tercio de jornada y se pasará a media jornada y recuperación de las jubilaciones parciales para mayores de 62 años en la escuela concertada. Además, promete que en 2024 habrá menos de un 10% de profesores interinos. Y respecto al 25% dice que él se hace responsable ante los tribunales.
Volviendo a las jornadas de huelga, ya se realizaron tres de ellas, quedan por celebrarse las de los días 29 y 30 de marzo.
En el primer día de huelga (15 de marzo) según la Guardia Urbana hubo una participación de 22.000 asistentes entre los que se encontraban: los propios
trabajadores del departamento de Educación, directores de diferentes centros, profesores, familias, pedagogos y los representantes sindicales quienes dirigieron la huelga. Igualmente, la manifestación fue secundada por el resto de provincias catalanas.
Esta huelga no solo se realiza por la imposición de un decreto de forma arbitraria del inicio del nuevo calendario escolar, sino que los sindicatos denuncian: reivindicaciones laborales, improvisación, imposición, ausencia de consenso, falta de seguridad ante los cambios que se avecinan y llegaron a pedir la dimisión del consejero de Educación porque según ellos no lo consideran un interlocutor válido.
Por su parte, los directores de los centros educativos piden: reuniones de trabajo y no solo webinars donde no se les permite participar, más recursos para atender a la diversidad de alumnos, más recursos humanos formados, mayor estabilidad en las plantillas de profesores y más planificación por parte del departamento de Educación, pero lo que más les preocupa es cuál será su situación frente a la aplicación del 25% de las clases en español en las aulas catalanas, así lo manifestaron en una carta remitida a la consejería de la Generalitat, donde dice: «Hay que concretar cuál será la responsabilidad de las direcciones en esta cuestión, y más teniendo en cuenta las posibles repercusiones profesionales que se pueden derivar de una actuación que no sea legalmente correcta».
También, solicitan que se aclare cuál es la posición política del Govern de la Generalitat y saber cómo les afectará a ellos y a los centros. Igualmente, defienden el modelo de inmersión lingüística como único modelo posible y de éxito, e incluso algunos se declaran dispuestos a incumplir el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con tal que perdure la inmersión lingüística en catalán.
Así mismo, no terminan de confiar en el decreto que estuvo preparando a principios de febrero la consejería de Educación de la Generalitat, por el cual serán los centros educativos los encargados de organizar el aprendizaje de las lenguas, según la composición lingüística de su alumnado y la realidad sociolingüística del entorno del centro, tampoco se sienten seguros del ofrecimiento de los servicios jurídicos que puso la Generalitat para los directores y profesores
En el segundo día de huelga (16 de marzo) más de medio centenar de docentes no permitieron que el consejero de Educación, realice el acto inaugural en el Salón de la Enseñanza en la Feria de Barcelona. Posteriormente, el evento continuó con normalidad. Al igual que el día anterior los docentes reivindicaron sus derechos y pidieron una vez más la dimisión del consejero González Cambray. En esta ocasión desde la consejería de Educación, el consejero, anunció que «las escuelas e institutos que así lo decidan podrán no hacer cambios en el currículum el curso que viene. Y los que sí quieran avanzar, lo podrán hacer». Con este anuncio ha querido dar más tiempo para aplicar los nuevos currículums.
En el tercer día de huelga (17 de marzo) se realizó una manifestación delante del Palacio de la Generalitat en la plaza Sant Jaume de Barcelona, y un día más los sindicatos pidieron la destitución del consejero de Educación y la intermediación del presidente del Govern, Pere Aragonès, que se encontraba en Alemania, en viaje de representación institucional. El presidente catalán, respondió: «Tiene la experiencia, el conocimiento y la confianza para dialogar con la comunidad educativa y generar los máximos acuerdos posibles, con todo el Govern a su lado». Para los sindicatos, el consejero de Educación «demuestra ineficacia, inexperiencia y no asumió ninguna propuesta de negociación o diálogo y así es imposible desbloquear la situación».
Después de tres días de manifestaciones y sin haber llegado a ningún acuerdo, el consejero de Educación, citará esta semana a los representantes sindicales para intentar acercar posiciones. Los sindicatos por su parte esperan que se abra alguna negociación, pero mientras tanto mantienen continuar celebrando la huelga los días 29 y 30 de este mes de marzo.
Además, de estas fechas de huelga, los docentes se manifestarán el día 23 de marzo para protestar explícitamente contra el cumplimiento de la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (TSJC), sobre el 25% de clases en español en las aulas catalanas. El día 28 de marzo, es la fecha límite para que el Govern catalán ejecute la sentencia.
Por último, el expresidente Carles Puigdemont con su Consejo para la República de Waterloo, se adhiere a la manifestación del día 23 de marzo, de esta manera convierte una huelga laboral de los docentes en una manifestación independentista en defensa de la lengua y la escuela catalana, según el expresidente catalán, es un tema «en defensa de nuestra lengua y cultura, es decir, en defensa de nuestra nación», si porque para el expresidente, Carles Puigdemont, Cataluña es una «nación», como lo indicó en un artículo publicado recientemente en un diario digital donde afirmó: «No somos una región, no somos una mera comunidad autónoma. Somos una nación, y las naciones procuran tener voz en el mundo y procuran tener conocimiento de todos los conflictos e intereses que hay en juego en el mundo».
En conclusión, desear que se mejoren y reconozcan las condiciones laborales de los docentes en Cataluña, que se incrementen los recursos humanos adecuados y materiales para una mejor enseñanza a la diversidad de alumnos en las aulas catalanas, y que se cumpla la sentencia firme del Tribunal Supremo, donde todos los alumnos de Cataluña tengan derecho a recibir un 25% de clases en español.
Finalmente, plantear dos preguntas: ¿El Govern catalán cumplirá la sentencia? ¿El Gobierno central instará al Govern catalán a ejecutar de forma efectiva la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el cumplimiento del 25% de las clases en español en las aulas catalanas?
«Si ya es laborioso y a veces tardío conseguir una sentencia, comprobar después que no se ejecuta, una vez que es firme, y que ni siquiera se intenta por quien tiene la obligación constitucional y los medios para hacerlo, incluida la Administración, provoca una sensación de frustración e inseguridad notable en quien la obtuvo y reclama su cumplimiento; pareja a descubrir que no vive en un Estado de derecho» (Juan Ortiz, marzo 2022).
