Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), lunes 14 de marzo de 2022. La imputada de los delitos de desobediencia y malversación por su papel decisivo en el golpe de estado separatista del 1 de octubre de 2017 (1-O), quien es la actual consejera de Cultura del Gobierno separatista, Natàlia Garriga Ibáñez ERC), ha alegado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional advirtiéndole de la suspensión del 1-O y ha negado que usara fondos públicos para organizar el referéndum ilega golpista.
Arropada por la cúpula de los partidos separatistas, Garriga ha comparecido ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que le ha notificado su procesamiento por su papel en la organización del 1-O y le ha ofrecido volver a prestar declaración antes de que el caso se envíe a juicio, según han informado fuentes jurídicas.
Antes de adquirir la condición de aforada por su nombramiento como consejera, la golpista Garriga fue procesada por el juez que investiga los preparativos del 1-O por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le atribuyen solo el primero de ellos, que no conlleva pena de prisión.
Garriga se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogada, Laura Parés, y ha mantenido que el Constitucional nunca le notificó su obligación de abstenerse de la preparación del 1-O, por lo que ha pedido al Tribunal que expida un escrito que así lo acredite.
Acerca del delito de malversación que planea sobre la consejera -dado que Vox (Acusación Popular) sí podría acusarla del mismo-, Parés le ha preguntado únicamente por su papel en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía recoger los datos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Garriga ha sostenido que las instalaciones del CTTI no se acondicionaron para organizar el 1-O, sino que se concibieron para albergar otras utilidades relacionadas con la administración catalana.
Concretamente, ha añadido, esas instalaciones se utilizaron para las elecciones catalanas de 2017, posteriormente han acogido el servicio de atención telefónica a la salud del 061 y, ya en pandemia, a los rastreadores de coronavirus.
Según mantiene la Fiscalía, la propia juez del TSJC que procesó por el 1-O a Josep Maria Jové ya descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del citado centro constituyeran un delito de malversación de caudales públicos, dado que después fue utilizado para procesos electorales legales y otras actividades.
La Fiscalía acusa a la consejera de ejercer de «enlace» entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum ilegal y de «transmitir instrucciones» para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona), así como de realizar gestiones sobre la web del referéndum.
No obstante, la consellera no ha llegado a pronunciarse sobre esos hechos, dado que su defensa ha optado por obviarlos en su interrogatorio.
A su entrada al Palacio de Justicia, varios líderes separatistas han arropado a la gilpista consejera Garriga, con una representación nutrida de su partido, ERC.
