La izquierda separatista (CUP) se querella contra cargos de CDC por el 3%, años después

FOTOGRAFÍA. CATALUÑA (ESPAÑA), 06.08.2016. La militancia de la organización antiespañola en Cataluña, CUP-CC, en una de su campaña-mitin-asamblearia. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).

Lasvocesdelpueblo y Agencias – En concreto, la izquierda ultravioleta separatista catalana (CUP) se persona como acusación popular contra personas que ya se encuentran en situación de investigados, como el extesorero de Convergència Andreu Viloca, el exdirector de la entidad infraestructuras.cat Josep Antoni Rosell o empresarios acusados de pagar comisiones al partido, entre los que figuran Jordi Sumarroca, Manel Bassols o Félix Pasquina, entre otros. Barcelona (España), miércoles 24 de mayo de 2017. Fotografía: La organización de escuadras de asalto izquierdistas violentos ‘amarillos’ durante una de sus asambleas populares. Archivo Lasvocesdelpueblo.

Los ultraviolentos separatistas ‘amarillos’ (CUP) han presentado finalmente hoy, miércoles 24 de mayo de 2017, años después, una querella contra los cargos del partido del presidente catalán, Carles Puigdemont, y ex presidente catalán, Artur Mas, Convergencia (CDC), imputados en el “caso del 3%” para ejercer la acusación popular en la causa, y no descarta ampliarla al ex consejero Germà Gordó, en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decida investigarlo.

En la querella criminal que CUP ha presentado por el también llamado “caso Petrum”, que investiga el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), el partido acusa a altos cargos de Convergencia por los delitos de financiación irregular de partidos políticos, organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

En concreto, la CUP se persona como acusación popular contra personas que ya se encuentran en situación de investigados, como el extesorero de Convergència Andreu Viloca, el exdirector de la entidad infraestructuras.cat Josep Antoni Rosell o empresarios acusados de pagar comisiones al partido de Puigdemont, entre los que figuran Jordi Sumarroca, Manel Bassols o Félix Pasquina, entre otros.

En declaraciones a los medios tras la comparecencia de hoy de Gordó en la comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlamento de Cataluña, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha avanzado que su partido podría ampliar esta querella al ex consejero de Justicia y actual diputado en el Parlamento, “en el caso de que haya indicios razonables para que sea imputado”.

En la “relación de circunstancias de los hechos” que se recoge en la querella, la CUP señala que “existen indicios” del presunto pago de comisiones a fundaciones de la órbita de Convergencia, que a través de su extesorero, el querellado Andreu Viloca, “se reunía con empresarios que pretendían la adjudicación de obra pública”.

En las reuniones de los empresarios con Viloca, que “en todo momento actuaba en representación de Convergencia y de fundaciones de su órbita como Catdem”, se efectuaban “con carácter previo donaciones” a las fundaciones de CDC, que “después conseguían las adjudicaciones pretendidas”, señala el escrito de la querella

En la causa, prosigue el texto de la querella, hay una “minuciosa relación de datos referentes a este modus operandi” no solo a nivel autonómico, sino que también se extendió al ámbito municipal.

Gabriel ha defendido que con esta querella la CUP puede acceder al informe de instrucción de la causa sobre el caso del 3 %, dada la dificultad y la “falta de herramientas” de partidos y ciudadanos para obtener información sobre los procesos judiciales en curso.

La extremista diputada autonómica de CUP ha señalado que las “responsabilidades políticas que se asumen” en los casos de corrupción política “son pocas”, por lo que la formación ha presentado una iniciativa para que se suspenda cautelarmente a los diputados del Parlamento de Cataluña en el momento en el que se encuentren en situación de investigados.

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