Madrid, miércoles 16 de septiembre de 2026 (Efe).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa sobre la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas Lara, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz.
La magistrada ha acordado además numerosas diligencias para reconstruir las circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas desde Marruecos, entre ellas la solicitud a distintos organismos policiales y militares de las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido antes de los hechos, sus destinatarios, los canales utilizados para comunicarlos y las fechas y horas en que fueron transmitidos.
Vivas está citado para el próximo 30 de septiembre, mientras que Sanz deberá comparecer el 1 de octubre, fecha en la que también prestará declaración como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta.
La declaración de Gonzalo Sanz adquiere especial relevancia después de que presentara su dimisión la semana pasada tras defender que sí trasladó al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, los avisos recibidos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una posible llegada de migrantes desde Marruecos el 30 de julio, una versión que contradice la sostenida por el propio delegado.
Investigación sobre alertas, cadena de mando e imágenes
Entre las diligencias acordadas a petición de la Fiscalía figura que la Comisaría General de Información y la Unidad Central de Inteligencia Criminal elaboren análisis biométricos y de reconocimiento facial de las personas identificadas como posibles «agentes dinamizadores» de la convocatoria difundida en redes sociales para una entrada masiva en Ceuta y recogidas en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.
La jueza ha requerido asimismo a las direcciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil un informe sobre la identidad, cuerpo, unidad, empleo o graduación, funciones y actuación de los agentes marroquíes que aparecen en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa. El objetivo es reconstruir la cadena de mando operativa existente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
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Asimismo, ha solicitado al Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT), a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido sobre la situación, junto con sus destinatarios y los medios empleados para su comunicación y difusión.
El EMAD deberá aportar además imágenes satelitales correspondientes al periodo comprendido entre las 00:00 horas del 20 de julio y las 23:59 horas del 7 de agosto de la playa de Fnideq, en Marruecos, colindante con la frontera española, y de la playa de El Trampolín, en Ceuta.
Pieza secreta para investigar la organización digital
La magistrada ha abierto también una pieza separada de investigación tecnológica, declarada secreta, y ha pedido asistencia judicial a plataformas como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple, además de cualquier otra plataforma digital que pueda ser identificada durante la investigación.
A estas compañías les reclama la conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para difundir la convocatoria de entrada masiva, así como direcciones IP, dispositivos empleados, teléfonos asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto.
Con el objetivo de determinar el origen de la convocatoria, la instructora ha requerido también al CENIF que aporte su informe sobre la organización digital mencionado en las actuaciones principales. La investigación busca determinar quiénes fueron los posibles dinamizadores y organizadores de la movilización y si existieron estructuras organizadas detrás de ella.
La jueza considera que estas diligencias son pertinentes para esclarecer cuestiones ya señaladas en resoluciones anteriores, entre ellas la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de los promotores, la eventual existencia de estructuras criminales, los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, los fallecimientos producidos y las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.
Investigación sobre una posible financiación
La resolución incluye además un requerimiento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para elaborar un informe financiero y patrimonial sobre una eventual financiación de la movilización.
El análisis deberá prestar atención a movimientos económicos relevantes detectados en la zona, posibles sistemas informales de transferencia de fondos, como el denominado hawala, la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera estar relacionada con la logística necesaria para organizar una movilización de estas dimensiones.