La juez imputa al exdelegado del Gobierno sanchista en Ceuta tras el informe pericial que desmonta los bulos de Pedro Sánchez

El atestado pericial de la Guardia Civil eleva a 88.146 los retornos auditados y a más de 100.000 el volumen total de entradas los días 30 y 31 de julio, dejando en evidencia la versión oficial del Ministerio del Interior que limitó el asalto a 72.000 personas.

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FOTOGRAFÍA. CEUTA, 04 DE OCTUBRE DE 2026. Centenares de inmigrantes ilegales de la invasión marroquí permanecen agrupados y fuertemente custodiados por efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante el macrooperativo desplegado este domingo para el desalojo forzoso del asentamiento ilegal de la playa de El Trampolín de Ceuta. En la imagen se aprecia un numeroso grupo de indocumentados vigilados en primer término por una barrera de agentes con cascos, defensas y escudos protectores transparentes, mientras al fondo, en una zona elevada junto a un muro blanco, civiles, personal de emergencias y más dotaciones policiales controlan el perímetro de seguridad para evitar fugas. EFE
FOTOGRAFÍA. CEUTA, 04 DE OCTUBRE DE 2026. Centenares de inmigrantes ilegales de la invasión marroquí permanecen agrupados y fuertemente custodiados por efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante el macrooperativo desplegado este domingo para el desalojo forzoso del asentamiento ilegal de la playa de El Trampolín de Ceuta. En la imagen se aprecia un numeroso grupo de indocumentados vigilados en primer término por una barrera de agentes con cascos, defensas y escudos protectores transparentes, mientras al fondo, en una zona elevada junto a un muro blanco, civiles, personal de emergencias y más dotaciones policiales controlan el perímetro de seguridad para evitar fugas. EFE

Madrid, lunes 16 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la juez María Tardón, interroga este miércoles 18 de noviembre en calidad de imputado al exdelegado del Gobierno socialista en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, en la causa judicial que investiga la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos registrada los pasados 30 y 31 de julio. La citación como investigado se produce tras incorporarse al sumario los informes periciales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que desmontan el relato oficial ofrecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y cifran en más de 100.000 el número total de personas que irrumpieron en la ciudad autónoma.

Pérez Triano, que accedió a la Delegación del Gobierno en febrero de 2026 tras haber sido elegido secretario general del PSOE de Ceuta, se convierte en el primer alto cargo político imputado en este procedimiento. Desde la apertura de las diligencias en septiembre han desfilado por sede judicial numerosos testigos, entre ellos el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, así como Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del propio exdelegado del Gobierno, quien ratificó ante la magistrada que trasladó verbalmente a Pérez Triano los avisos recibidos de un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes del asalto masivo, el 29 de julio.

La magistrada acordó la imputación en un auto dictado el pasado jueves 12 de noviembre en el que acepta formalmente la competencia de la Audiencia Nacional tras la inhibición de las diligencias que hasta ahora se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta. En su resolución, Tardón subraya que ya obran en la causa tanto las querellas formuladas contra Pérez Triano como «los informes precisos sobre su posible» responsabilidad en una acción orquestada que perseguía el «máximo impacto sobre la gestión fronteriza» hasta lograr «su colapso» y «eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación».

Además, la instructora ha requerido a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe específico sobre las anomalías detectadas en las comunicaciones operativas entre el 28 de julio y el 5 de agosto «compatibles con actuaciones coordinadas» para perturbar la respuesta del Estado, así como explicaciones sobre la habilitación de un carril de urgencia para el cónsul español en Tánger dos días antes de la irrupción fronteriza.

El informe pericial pulveriza los datos oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez

La imputación de Pérez Triano coincide con la incorporación al sumario de los informes periciales elaborados por la Guardia Civil —fechado el 27 de octubre de 2026 y remitido a la Audiencia Nacional— y por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, cuyos datos objetivos dejan en evidencia las cifras difundidas durante meses por el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Mientras el Ejecutivo sanchista sostuvo en su balance oficial del 4 y el 11 de agosto que accedieron a Ceuta un máximo de 72.000 inmigrantes —tras haber empezado reconociendo apenas 49.200 o 50.000 entradas— y aseguró que 70.000 ya habían retornado a Marruecos quedando apenas 2.000 en la ciudad, el atestado pericial de la Guardia Civil acredita que solo los retornos auditados a territorio marroquí ascienden a 88.146 personas. Esta cifra de devoluciones supera por sí sola en más de 16.000 personas el volumen total de entradas que el Ministerio del Interior reconoció ante la opinión pública.

Al sumar a esos 88.146 retornados los entre 15.000 y 20.000 inmigrantes que, según el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y los recuentos policiales, permanecieron en territorio español tras el asalto, el volumen global de la invasión supera ampliamente los 100.000 asaltantes (situándose en una horquilla de entre 100.000 y 120.000 personas). Asimismo, el informe de la Guardia Civil documenta 90 fallecidos confirmados y 862 rescates al límite realizados en aguas de soberanía española por los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo, extremos que el Ejecutivo central evitó consolidar en sus partes públicos.

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De forma paralela, el informe pericial del CENIF de la Policía Nacional aprecia una «violación masiva de la soberanía territorial de España» mediante una acción planificada y «guiada» activamente por fuerzas marroquíes aprovechando la festividad del Día del Trono en Marruecos. Los investigadores han identificado a 18 responsables marroquíes —incluidos dos altos mandos policiales captados dando instrucciones en cinco vídeos en la zona fronteriza de Castillejos— que, pese a disponer de medios de contención y prevención, facilitaron el colapso del espigón del Tarajal. El informe del CENIF confirma igualmente que la Policía Nacional alertó con antelación del riesgo de una entrada masiva antes de que se produjera, al igual que hizo el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil tras la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohibió las devoluciones en caliente a nado.

Omisiones graves, querellas y una dimisión forzada por los avisos del CNI

En las diligencias previas tramitadas en Ceuta, la Fiscalía ya había solicitado investigar la «conducta, intervención o eventual responsabilidad» del entonces delegado del Gobierno ante posibles «omisiones relevantes» en materia de «prevención, auxilio o protección». En un escrito fechado el pasado 8 de septiembre, la fiscal de Ceuta Silvia Rojas advirtió de que las decisiones u omisiones adoptadas en la ciudad autónoma «pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos».

Días antes, el 2 de septiembre, la asociación Hazte Oír había presentado una querella criminal contra el entonces delegado del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La posterior dimisión de su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, motivada por la ocultación de las alertas previas del CNI, colocó a Pérez Triano en una situación política insostenible que desembocó en su renuncia el 28 de septiembre —convirtiéndose en el primer delegado del Gobierno en dimitir en Ceuta en toda la etapa democrática—, tras alegar sentirse víctima de una supuesta «campaña injusta».

El día en que anunció su marcha, Pérez Triano sostuvo que en las jornadas previas al 30 de julio se habían solicitado refuerzos al Ejecutivo central ante la grave presión migratoria que ya soportaba la ciudad y aseguró que se remitían informes diarios. No obstante, intentó eludir su responsabilidad directa afirmando que sus competencias «son las que son» y que la Delegación del Gobierno «no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera u ordenar intervenir al Ejército», descargando así la responsabilidad sobre el ministro Ángel Víctor Torres, designado mando único de la crisis, y sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.