La juez investiga la incursión de buques militares marroquíes en Ceuta durante la invasión

La magistrada de la Audiencia Nacional requiere al JEMAD las grabaciones y el registro de la incursión de buques militares marroquíes en aguas de la ciudad autónoma, mientras la presión del separatismo y la inmigración ilegal ahogan la soberanía nacional.

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FOTOGRAFÍA. CEUTA, 18 D EOCTUBRE DE 2026. Miembros de la Policía Nacional participan este domingo en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia del elevado número de chabolas que se habían ubicado cerca de este espacio. Varias decenas de inmigrantes ilegales marroquíes han huido esta mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal en Ceuta tras la actuación de la Policía Nacional en este entorno, donde se habían acumulado numerosas infraestructuras de personas que entraron ilegalmente en la ciudad a finales de julio. EFE
FOTOGRAFÍA. CEUTA, 18 D EOCTUBRE DE 2026. Miembros de la Policía Nacional participan este domingo en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia del elevado número de chabolas que se habían ubicado cerca de este espacio. Varias decenas de inmigrantes ilegales marroquíes han huido esta mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal en Ceuta tras la actuación de la Policía Nacional en este entorno, donde se habían acumulado numerosas infraestructuras de personas que entraron ilegalmente en la ciudad a finales de julio. EFE

Ceuta, miércoles 21 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre la pasividad e inacción del Ejecutivo en la defensa de la integridad territorial de la Patria. La juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva e ilegal en Ceuta orquestada desde el Reino de Marruecos, María Tardón, ha requerido este miércoles al Ministerio de Defensa para que le informe con detalle de si, entre los días 29 de julio y 10 de agosto, se produjo la entrada, permanencia, tránsito o presencia ilegal en aguas territoriales españolas, adyacentes a la Ciudad Autónoma de Ceuta, de buques de guerra o embarcaciones militares de la Armada marroquí, precisando las fechas y tramos horarios concretos.

La juez Tardón requiere la verdad sobre la maniobra naval marroquí

En un auto dictado este miércoles, la magistrada desestima las diligencias solicitadas por la acusación Iustitia Europa por considerarlas desproporcionadas, pero ratifica la necesidad imperiosa de practicar otras diligencias concretas dirigidas a constatar la existencia de dicha intrusión marítima y los términos exactos en que pudo haberse producido, un extremo que el propio presidente del Gobierno de la extrema izquierda y varios de sus ministros han admitido de forma velada.

En su resolución, la juez Tardón señala que, del examen de las actuaciones, «no cabe sino concluir que, por el momento, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a la Ciudad de Ceuta tuviera participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos que motivaron la incoación de estas diligencias». Asimismo, la resolución indica que tampoco constan datos que permitan sostener que la actuación de eventuales buques de guerra marroquíes formara parte directa del mecanismo de organización o ejecución de las entradas clandestinas.

Sin embargo, entre las diligencias ordenadas, la magistrada exige al Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que aclare si dicha intrusión motivó alguna acción, reacción, aproximación o interacción por parte de los buques de la Armada española o de cualquier otra unidad militar, o bien la coincidencia de estos con navíos de los Servicios marítimos de vigilancia, salvamento y seguridad estatal. Asimismo, reclama la entrega inmediata de cualquier grabación existente sobre la presencia de los buques marroquíes y requiere que se detalle si, desde el 10 de agosto hasta la fecha, se han repetido incursiones similares.

Cuatro meses de invasión ininterrumpida y vulneración fronteriza

La situación que atraviesa la españolísima Ciudad Autónoma de Ceuta desde el pasado 30 de julio de 2026 constituye una de las crisis de soberanía más graves de los últimos años. Durante estos casi tres meses de asedio ininterrumpido, miles de asaltantes ilegales impulsados por las redes de tráfico de personas y la permisividad de las autoridades del país vecino han tratado de quebrantar la frontera sur de España por vía marítima y terrestre, colapsando los servicios de atención y tensionando al máximo la convivencia ciudadana.

Desde las jornadas críticas del inicio de agosto de 2026, la presión migratoria no ha cesado un solo instante, amparada por la debilidad de las políticas fronterizas de la Izquierda y el constante chantaje político ejercido desde Rabat. Los compatriotas ceutíes han tenido que soportar la saturación de los centros de acogida y un incremento sostenido de la inseguridad en las calles, sintiéndose abandonados por un Ejecutivo más preocupado por mantener pactos de poder con el separatismo catalán y vasco que por desplegar de forma tajante el Ejército para proteger los límites fronterizos de la Nación.

A lo largo del mes de septiembre de 2026, la vía marítima a través de los espigones de Benzú y Tarajal continuó registrando goteos incesantes de incursiones irregulares de jóvenes marroquíes y subsaharianos que aprovechan las condiciones meteorológicas y el desbordamiento de las patrulleras españolas. Pese al esfuerzo abnegado y patriótico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los medios materiales y humanos puestos a disposición resultan manifiestamente insuficientes ante la magnitud del desafío logístico y demográfico proyectado sobre el suelo español.

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Llegados a este miércoles 21 de octubre de 2026, el balance de estos tres meses de agresión fronteriza constata que la permisividad institucional y el uso eufemístico de la realidad no han servido para mitigar la presión sobre Ceuta. La investigación en marcha en la Audiencia Nacional abre ahora la puerta a depurar responsabilidades sobre la pasividad oficial ante la irrupción de buques militares extranjeros en aguas soberanas, mientras el pueblo español exige la restitución inmediata del control fronterizo y el restablecimiento del orden constitucional.