La juez ve «incoherente» las declaraciones de Pablo Iglesias ante el Tribunal sobre Dina Bousselham

0
948
FOTOGRAFÍA. SENADO (MADRID) ESPAÑA, AÑO 2020. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias en el Senado. Efe

Efe – El auto de la juez: «Esta pasividad resulta incoherente con las manifestaciones realizadas en sede judicial por el Sr. Iglesias», entiende el magistrado, que advierte además de que la «omisión de Pablo Iglesias» tuvo influencia en la investigación de los hechos que su exasesora «pretendía esclarecer». «Todo ello -insiste el juez- permite observar hasta qué punto fue relevante para la pretensión de Dina Bousselham de esclarecer quién sustrajo su tarjeta, el hecho de que Pablo Iglesias Turrión le ocultase que la poseía». Madrid (España), viernes 19 de junio de 2020. 

El comportamiento del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ocultando durante meses a su exasesora la tarjeta del móvil que le fue sustraído y que él recuperó, «se manifiesta incompatible con la dimensión» que pretende dar a ese robo de «injerencia política» y que atribuye a la «policía patriótica».

Para el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, que Iglesias recuperase la tarjeta del móvil el 20 de enero de 2016 y no fuese hasta 2017 cuando decidió dársela a su exasesora, pudo incluso afectar a la investigación abierta por la sustracción del móvil, el 1 de noviembre de 2015, que ella denunció en un juzgado de la localidad madrileña de Alcorcón.

Si la publicación en OK Diario de información coincidente con pantallazos que hizo Bousselham de un chat de Podemos «le pareció muy coherente con el hecho de que la sustracción de la tarjeta fue un encargo profesional, entonces, ¿por qué no hizo nada?», se pregunta el juez en el auto en el que rechaza reponerle la condición de perjudicado que le retiró en mayo a petición de la Fiscalía.

Otra incógnita en la versión de Iglesias son los daños que presentaba la tarjeta después de que asegurara que estaba en perfecto estado cuando la recibió de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, porque lo comprobó allí mismo, mientras que Bousselham afirmó que Iglesias «sabía lo que había dentro de la tarjeta, porque él mismo se lo dijo».

«Es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la Sra. Bousselham, sino lo más relevante; el estado en que se la devolvió», apunta el juez en el auto en el que rechaza restablecerle en la condición de perjudicado.

Cuando a Iglesias se le retiró el mes pasado esa condición, ella consideró que se había producido un malentendido y aseguró que, después de que Iglesias, se la diera pudo acceder «a los elementos de naturaleza más personal», sin llegar a comprobar la totalidad de su contenido, y que cuando volvió «a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar, pudiendo quedar la misma afectada».

Con el objeto de recuperar su contenido, llevó la tarjeta a una empresa especializada en Madrid, Recuperación Exprés, que después mandó la tarjeta a su sede central en Gales ante las dificultades para acceder a los archivos.

Para aclarar si los daños en la tarjeta fueron causados por los intentos de recuperarla, García Castellón ha cursado en otro auto una comisión rogatoria a Reino Unido «para averiguar qué actuaciones» realizó esta empresa.

«El resultado de esta diligencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión» de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal, adelanta el juez.

Para el magistrado «es importante remarcar» tras recibir la tarjeta que fue remitida de forma anónima a la sede de Interviú, cuyo director le dio después una copia a Villarejo, Iglesias no le dijo nada a Dina «pese a saber, que contenía información personal e íntima de su titular, y que además la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita».

«Esta pasividad resulta incoherente con las manifestaciones realizadas en sede judicial por el Sr. Iglesias», entiende el magistrado, que advierte además de que la «omisión de Pablo Iglesias» tuvo influencia en la investigación de los hechos que su exasesora «pretendía esclarecer».

De hecho, recuerda el auto, ella llegó a pedir al juzgado de Alcorcón el IMEI del teléfono sustraído «con la finalidad de recabar los datos de geolocalización».

El juzgado lo rechazó señalando que se trataba de un hurto al descuido por parte de autores desconocidos y ella lo recurrió tres veces sin éxito, hasta que se le denegó definitivamente en febrero de 2017.

«Todo ello -insiste el juez- permite observar hasta qué punto fue relevante para la pretensión de Dina Bousselham de esclarecer quién sustrajo su tarjeta, el hecho de que Pablo Iglesias Turrión le ocultase que la poseía».