Lasvocesdelpueblo y Agencia – La Junta Electoral ha acordado denegar la petición del gobierno separatista de Artur Mas Gavarró de ampliar el plazo previsto para pedir el voto por correo de los catalanes, con derecho al voto el 27-S, residentes en el extranjero, que se acaba el próximo sábado 29 de agosto 2015. La JEC asegura que una ampliación del plazo sería «un inconveniente» porque «alteraría la planificación de los trabajos de la Oficina del Censo Electoral». <Fotografía: votos de ciudadanos españoles en el extranjero en una urna de la Sociedad Estatal de Correo y Telégrafo sellada. Foto archivo>
Según ha avanzado la agencia catalana de noticia esta tarde, 26 de agosto 2015, en sus alegaciones, el Departamento de gobernación del gobierno catalanista del presidente Artur Mas quería que los trámites se hicieran también durante el período de vacaciones y también apelaba a la reducción de horarios y personal de los consulados españoles. El gobierno catalán ha explicado estos últimos días que este tipo de solicitud se había hecho en más ocasiones, y que la Junta Electoral Central no se había negado.
En el texto de la resolución, la Junta Electoral Central argumenta que no procede ampliar «de manera genérica» el plazo previsto para solicitar el voto por correo ya que el artículo 119 de la LOREG establece el carácter improrrogable de los plazos electorales. Además señala que en la petición del gobierno catalán no se acreditan «circunstancias excepcionales o alteraciones inusuales», al margen de la situación de vacaciones que acompaña buena parte del periodo electoral.
Además, la Junta Electoral defensa que la ampliación del período debería ser «muy breve» y podría generar «confusión» afectando a los plazos del proceso electoral. Con todo, apunta que al ser más cortos se podría provocar «un efecto contraproducente» de emisión de votos fallidos.
En la resolución de la Junta Electoral Central se adjunta un informe de la Oficina del Censo Electoral (OCE) que concluye que una ampliación del plazo sería «un inconveniente» porque «alteraría la planificación de los trabajos de la Oficina del Censo Electoral».
