La Justicia admite el recurso de Ciudadanos Cs y PP contra financiación del referéndum

Agencias – El pleno de Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del partido de albert Rivera (Cs) y de Mariano Rajoy (PP), que afecta a tres partidas de los presupuestos regionales 2017 del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros, destinadas al proceso de convocatoria del referéndum separatista en Cataluña anunciado para el próximo 1 de octubre de 2017, aún sin decreto de convocatoria. Madrid (España), viernes 23 de junio de 2017. Fotografía: Un cámara toma imágenes de la fachada del Tribunal Constitucional. Archivo Efe.

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por Ciudadanos (Cs) y PP contra la ley catalana de presupuestos que dedica una partida a la convocatoria del referéndum separatista en Cataluña.

El pleno de Constitucional ha admitido ese recurso, que afecta a tres partidas de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros, destinadas al proceso de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

Los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos Cs en el Congreso decidieron recurrir conjuntamente la inclusión en el presupuesto catalán de partidas para un proceso considerado ilegal.

Se trata de partidas que en realidad están suspendidas provisionalmente por el tribunal, pues el pasado mes de abril admitió a trámite el recurso que el Gobierno presentó contra las mismas.

En los recursos de inconstitucionalidad, cuando el Ejecutivo central así lo pide (invocando el artículo 161 de la Constitución), el TC suspende cautelarmente durante cinco meses las normas autonómicas recurridas de manera automática porque así lo dice la ley.

En esa admisión a trámite, el TC apercibió al Gobierno catalán de que debe obedecerle y advirtió al presidente, Carles Puigdemont, y a los miembros de su gobierno (en total a 19 personas) de las responsabilidades, incluidas penales, en las que podrían incurrir si no lo hacen.

Se les advirtió en concreto “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.

En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras”.

Es decir, les prohibió “financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalidad para la preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impugnadas o de cualesquiera otras partidas”.

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