Madrid, lunes 19 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El juez del juzgado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda archivar una pieza separada de la macrocausa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) contra un total de seis investigados. Entre ellos se encuentran tres excargos de la Junta de Andalucía del régimen socialista, investigados por las ayudas concedidas a la entidad Grupo TPM (Inversiones Plásticas TPM, S.L.), con sede en Almería y dedicada a la fabricación de productos plásticos. La resolución judicial se fundamenta en la imposibilidad de juzgar dos veces a los mismos excargos por los mismos hechos del entramado ilícito, mientras que para el resto de los procesados se decreta la extinción de responsabilidad por fallecimiento o el sobreseimiento provisional al no constar indicios solventes de criminalidad.
El juez aplica el principio ‘non bis in idem‘ tras las condenas del procedimiento específico
En un auto fechado el pasado día 13 de octubre, el magistrado ha acordado el sobreseimiento libre de la causa seguida contra un exviceconsejero de Empleo de la Junta, un exdirector general de Trabajo y Seguridad Social y un exdirector de Inversiones Estratégicas de la agencia pública IDEA, así como contra tres responsables de la mercantil Grupo TPM. Todos ellos estaban siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En este procedimiento en concreto, el instructor analizaba la presunta ilicitud de las subvenciones económicas y de la financiación pública otorgada por la Consejería de Empleo del Gobierno autonómico, a través del ente público IFA/IDEA, a la citada empresa almeriense, que llegó a percibir de las arcas públicas al menos 1,5 millones de euros en ayudas directas y un préstamo por un importe idéntico.
Sin embargo, el magistrado decreta el sobreseimiento libre respecto al exviceconsejero de Empleo y al exdirector general de Trabajo al certificar que ambos ya fueron encausados y condenados por estos mismos hechos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado «procedimiento específico». Este mecanismo ilícito fue instaurado por los responsables del PSOE en la Junta de Andalucía para otorgar ayudas de forma arbitraria. El juez sigue así el criterio consolidado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia número 749/2022, de 13 de septiembre, garantizando el principio non bis in idem para no incurrir en un doble enjuiciamiento prohibido por el derecho a un proceso con todas las garantías.
Extinción de responsabilidad y sobreseimiento provisional para el resto de procesados
Respecto al resto de los investigados en esta pieza separada del Grupo TPM, el juez ha decretado la extinción de la responsabilidad penal del que fuera director general de la entidad tras certificarse su fallecimiento en septiembre de 2017. Asimismo, ha resuelto el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros dos representantes de la mercantil —un consejero y un administrador— al constatar que carecían de capacidad de decisión en la gestión y obtención de las partidas presupuestarias.
En relación al exdirector de Inversiones Estratégicas de la agencia IDEA, el auto señala que tras la instrucción practicada no existen indicios de criminalidad que acrediten una intervención relevante en el entramado delictivo, más allá de la recepción puntual de correos electrónicos. Pese al archivo de esta pieza concreta relativa a las ayudas directas, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla continúa con la tramitación de otra causa vinculada al Grupo TPM sobre los avales concedidos por la administración autonómica.
Resumen judicial de la macrocausa de los ERE: la mayor trama de corrupción de la mafia socialista
La macrocausa de los ERE representa el mayor escándalo de corrupción institucionalizado de la historia reciente de España, articulado durante décadas por la mafia socialista en la Junta de Andalucía. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los tribunales han dejado acreditado cómo el Gobierno autonómico del PSOE tejió un entramado arbitrario a través de la partida presupuestaria 31-L —conocida popularmente como el «fondo de reptiles»— para repartir discrecionalmente más de 680 millones de euros de dinero público prescindiendo de los controles administrativos, de la fiscalización previa de la Intervención y de los principios de publicidad y concurrencia.
La sentencia 490/2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla, íntegramente ratificada en sus aspectos sustanciales por la Sentencia 749/2022 del Tribunal Supremo, condenó a la cúpula del régimen socialista andaluz por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los condenados figuraron los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves —inhabilitado por prevaricación— y José Antonio Griñán —condenado a penas de prisión por malversación y prevaricación—, junto a una decena de exconsejeros, directores generales y altos cargos que arbitraron la distribución opaca de fondos públicos destinados teóricamente a desempleados y empresas en crisis.
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El pronunciamiento del Tribunal Supremo constató que la cúpula directiva del PSOE andaluz diseñó y mantuvo a sabiendas un procedimiento presupuestario ilegal para disponer de fondos millonarios sin control alguno, utilizándolos como una red clientelar para sostener la estructura del partido y beneficiar a personas e intermediarios afines. Esta estructura delictiva dio lugar a la apertura de más de un centenar de piezas separadas, de las cuales progresivamente se van cerrando aquellas cuyos responsables ya fueron juzgados y condenados en la causa matriz del procedimiento específico.