Bruselas (Bélgica), jueves 16 de julio de 2026 (Efe).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley de amnistía al considerar que es compatible con el derecho comunitario y que su finalidad es «reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación» tras el proceso independentista de Cataluña.
La sentencia de la corte con sede en Luxemburgo supone un importante respaldo a la norma y deja ahora en manos del Tribunal Constitucional la decisión sobre uno de sus aspectos más relevantes: determinar si el Tribunal Supremo debe aplicar también la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de malversación, una resolución que será clave para un eventual regreso del dirigente independentista a España.
El TJUE responde así a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, que preguntó si la extinción de la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista podía perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea.
La justicia europea rechaza esa interpretación y concluye que los intereses económicos de la UE no resultan afectados por la aplicación de la ley. En su resolución, sostiene que «no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional».
El tribunal también considera que la ley de amnistía no vulnera la Directiva Europea sobre terrorismo, ya que excluye expresamente del perdón aquellos delitos de terrorismo vinculados al proceso independentista que hayan causado perjuicios graves.
Otro de los aspectos analizados por el TJUE es el plazo de dos meses previsto en la ley para que los jueces españoles decidan sobre la aplicación de la amnistía en cada procedimiento. La corte europea entiende que este límite temporal es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, al circunscribirse únicamente a la aplicación de la norma y no generar problemas sistémicos para el funcionamiento de la Justicia.
Además, recuerda que el Gobierno español aclaró durante el procedimiento que ese plazo puede quedar suspendido cuando un órgano judicial plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE, como ha sucedido en las causas tramitadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Asimismo, las medidas cautelares impuestas a los investigados pueden mantenerse mientras se resuelven estas cuestiones.
La resolución tiene especial relevancia para la situación judicial de Carles Puigdemont. El expresidente catalán recurrió ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación. El alto tribunal argumentó, entre otros motivos, que la eventual amnistía podría afectar a los intereses financieros de la Unión Europea y que Puigdemont obtuvo un beneficio patrimonial al no sufragar persona