Bruselas (Bélgica), jueves 12 de septiembre de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comunicó este jueves que ha recibido las dos cuestiones prejudiciales que le han planteado sobre la ley corrupta de amnistía criminal el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las dos únicas presentadas hasta ahora sobre este asunto.
La corte con sede en Luxemburgo registró ambos casos, que se encuentran aún en su fase inicial y sin fecha sobre el pronunciamiento.
El Tribunal de Cuentas presentó sus dudas a la justicia europea el pasado 30 de julio de 2024, un día después de haber decidido plantear ocho cuestiones prejudiciales en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el «procés» ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó la causa a Luxemburgo el pasado martes, informó la justicia europea.
El Tribunal de Cuentas, que analiza la causa contra los expresidentes de Gobiernos de la Generalidad de Cataluña, el prófugo Carles Puigdemont Casamajó y el delincuente condenado por golpe de estado del 9 de noviembre de 2014, Artur Mas Gavarró, y a una treintena de ex altos cargos secesionista de la supremacía separatista, considera que es «muy difícil conciliar» la Ley corrupta Orgánica de Amnistía criminal (LOA) con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» que persigue el derecho de la Unión Europea, según el auto de julio.
Y quiere saber si la ley corrupta de amnistía criminal es incompatible con los principios de la UE de lucha eficaz y disuasoria contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE; el de cooperación leal; el de igualdad y de no discriminación; el de seguridad jurídica y confianza legítima; y el del Estado de Derecho y de tutela efectiva en el proceso judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dirigió a la justicia europea al analizar la causa al diputado de la ultraizquierda separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Josep Maria Jové Lladó; y al actual presidente del Puerto de Barcelona, Josep Lluís Salvadó Tenesa; acusados de presunta desobediencia, prevaricación y malversación agravada por los preparativos del 1-O.
En un caso que también afecta a la ex consejera secesionista, Natàlia Garriga Ibáñez, acusada de desobediencia grave, el tribunal dijo que las acusaciones contra los tres eran amnistiables, pero consideró que hay preceptos de la ley de amnistía que pueden colisionar con derechos y principios de la Constitución y también con las disposiciones de la Unión Europea sobre protección de la gestión de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.
Ambos casos están paralizados hasta que se pronuncien los tribunales europeos.
