La Justicia prueba la financiación ilegal del PP, condenados Ricardo Costa y la cúpula del PPCV

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TRIBUNAL (AUDIENCIA NACIONAL) MADRID (ESPAÑA), AÑO 2018. (Primera fila - de izda a dcha) Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y 'cabecilla' de la trama, durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel. Efe.

Efe – De la excúpula del PPCV, además de Costa, ha sido también condenada a 3 años y 4 meses la exgerente Cristina Ibáñez, el exvicesecretario de la formación David Serra (3 años y 8 meses) y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. La sentencia, de 137 folios, declara probado que la expansión del denominado Grupo Correa en Valencia, a través de Orange Market “tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política” en esa región. Madrid (España), lunes 11 de junio de 2018. Fotografía: TRIBUNAL (AUDIENCIA NACIONAL) MADRID (ESPAÑA), AÑO 2018. (Primera fila – de izda a dcha) Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y ‘cabecilla’ de la trama, durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel. Efe.

La Audiencia Nacional ha condenado por delitos electorales a la excúpula del PPCV, con Ricardo Costa a la cabeza, y a los principales cabecillas de Gürtel, al dar por probada la financiación ilegal del PP valenciano de Francisco Camps gracias a las “valiosas” confesiones de Costa y del líder de la trama Francisco Correa.

En su sentencia, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, condena a Costa a 4 años de cárcel por financiación ilegal de actos de las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, y a los tres cabecillas de Gürtel que confesaron estas prácticas, entre ellos Correa, a entre 5 y casi 7 años de cárcel, mientras que ha absuelto por falta de pruebas al exvicepresidente del PPCV Vicente Rambla.

La aplicación de atenuantes por confesión a estos cuatro acusados ha llevado al juez a rebajar las condenas que les pedía la Fiscalía, pese a que solo pidió aplicar esa atenuante a Correa, condenado a 5 años y 3 meses, y a los nueve empresarios implicados -sentenciados a penas de multa-.

La Fiscalía pedía inicialmente para Costa 7 años y 9 meses, petición que rebajó al final del juicio a 4 años y 3 meses, mientras que para Correa acabó reclamando 7 años y 3 meses, y para el Bigotes (condenado a 6 años y 9 meses) y Crespo (5 años) dejó su petición en 16 años y medio para Crespo y 13 y medio de cárcel para El Bigotes.

Otros integrantes de la trama como José Ramón Blanco Balín, considerado blanqueador de la red y exvicepresidente de Repsol YPF, ha sido condenado a 3 años frente a los 15 que le pedía Anticorrupción, mientras que Cándido Herrero, gerente de Orange Market, la empresa de Gürtel en Valencia, ha sido condenado a 5 años frente a los 16 que reclamaba para él la Fiscalía.

Por su parte, Vicente Rambla ha resultado absuelto -la Fiscalía pedía para él 6 años y 3 meses-, al entender el juez que si bien “es posible que haya cometido los delitos”, “existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera”.

El juez duda de que no hubiera “apreciado que los gastos eran excesivos” que se movieron en esas campañas, por lo que cree que incurrió en lo que denomina “ignorancia deliberada”, pero al no haber “prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante” no cabe más que la absolución.

De la excúpula del PPCV, además de Costa, ha sido también condenada a 3 años y 4 meses la exgerente Cristina Ibáñez, el exvicesecretario de la formación David Serra (3 años y 8 meses) y la extesorera Yolanda García, a 4 meses.

La sentencia, de 137 folios, declara probado que la expansión del denominado Grupo Correa en Valencia, a través de Orange Market “tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política” en esa región.

Todo ello “con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma”.

Respecto a las campañas electorales investigadas, la sentencia cifra en 175.000 euros la única cantidad declarada por Orange Market y el PPCV, pero, según el juez, esa cifra “fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market”, por lo que calcula que fue 2,03 millones de euros “el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización” en esas campañas de 2007 y 2008.

La sentencia declara así probado que el PP de Valencia financió parte de los actos de las citadas campañas, organizados por la filial valencia de Gürtel -Orange Market-, con dinero en B y facturas falsas pagadas por empresarios.

“Quienes abonaron a Orange Market parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer donaciones al PP”, y por eso lo abonaron como “supuestos servicios que había prestado Orange Market a aquellas, pero que realmente no se habían producido”.

Todo ello atenta, según el juez, contra el bien jurídico protegido que es “tratar de mantener la pureza de los procesos electorales”, esto es, “el juego limpio electoral”.

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