La Justicia resolverá los 7 recursos contra indultos de golpistas del Procés en abril o marzo 2022

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 22.06.2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa para explicar los pormenores de la decisión de aprobar los indultos a políticos presos separatistas por el procés. Efe 

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), jueves 14 de octubre de 2021. El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa siete recursos que piden revocar los indultos concedidos a los golpistas políticos presos del Procés, una cuestión que si se cumplen y agotan los plazos previstos por la legislación prevé resolver entre los meses de marzo y abril del próximo año.

El pasado 22 de septiembre se cumplió el plazo límite de dos meses para recurrir la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de conceder la medida de gracia a los nueve condenados puchistas en prisión, un asunto que solo puede anular el Tribunal Supremo.

En concreto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que tramita ya los siete recursos contra los nueve indultos de los líderes independentistas, lo que significa que tiene que resolver cerca de 60 recursos, ya que casi todos los recurrentes tienen un procedimiento abierto con nueve expedientes.

LOS SIETE RECURSOS CONTRA LOS INDULTOS

Entre los recurrentes figuran organizaciones como Asociación Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén; partidos políticos como VOX y PP; y particulares —todos ellos políticos, exdiputados del Parlamento de Cataluña durante el golpe de estado separatista por el PP y Ciudadanos Cs (Arrimadas, Carlos Carrizosa, Enric Millo, Alejandro Fernández, Andrea Levy, Santi Rodríguez, Juan Milián, y Lorena Roldán)— que sostienen que resultaron perjudicados por el Procés.

Así, un recurso lo encabezan a título individual la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, el actual portavoz en Cataluña, Carlos Carrizosa, y José María Espejo, todo ellos diputados del Parlamento de Cataluña en 2017; otro es el presentado por Enric Millo (PP), el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante el Procés.

El séptimo recurso es el de los parlamentarios del PP en el Parlamento de Cataluña de 2017 Alejandro Fernández, Andrea Levy, Santi Rodríguez, Juan Milián, y Lorena Roldán, entonces en las filas de Ciudadanos.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que si se cumplen los plazos en la tramitación de los recursos contencioso administrativo, la Sala espera dejar zanjada esta cuestión entre los meses de marzo y abril de 2022, es decir, que será en primavera cuando el Supremo decida si revoca o no los indultos.

EL CALENDARIO DEL SUPREMO: RESOLVER EN PRIMAVERA

Por el momento, la Sala ha dado traslado a todos los recurrentes para que formalicen sus demandas en un plazo de 20 días que termina mañana, viernes. Una vez se reciban los escritos, el tribunal abrirá otro plazo de 20 días para que la Abogacía del Estado (Gobierno de Sánchez -Ministerio de Justicia-) formule sus respectivas contestaciones a las siete demandas con la posibilidad, además, de formalizar un trámite de alegaciones previas.

Resuelta esta cuestión, el calendario se adentra en Navidades con el más que previsible escenario de que los recurrentes pidan recibir el pleito a prueba, de manera que si se estima, el tribunal conceda 30 días hábiles para practicar la prueba, periodo tras el cual se presentarán finalmente los escritos de conclusiones.

Entonces, el tribunal fijará día y hora para deliberación y fallo de los recursos, lo que, según las fuentes consultadas, apunta a finales de marzo o principios de abril.

Será entonces cuando se cierre el capítulo de los indultos, si bien las fuentes matizan que este calendario podría sufrir variaciones a la vista del número de recursos a tramitar y otras circunstancias sobrevenidas que afecten a los procedimientos.

LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN SENTENCIA

Ahora bien, las fuentes no precisan cuando entrarán de lleno en la cuestión de la legitimación activa para recurrir los indultos, el principal escollo a superar en la mayoría de los recursos antes de entrar en el fondo de la cuestión.

Porque solo pueden ir al Supremo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos, de ahí que, por ejemplo, Ciudadanos haya optado por recursos a título individual y no como partido.

La legitimación se puede alegar por la Abogacía al inicio del plazo de contestación a la demanda en las «alegaciones previas» y a partir de aquí el Supremo puede abordarlo cuando lo crea oportuno.

Por tanto, no tiene por qué pronunciarse inmediatamente una vez se plantee esta cuestión e, incluso, puede resolverlo cuando aborde el fondo del recurso, es decir, que se deje para la sentencia, una opción que según las fuentes gana muchos enteros.