La Justicia suspende la «Ley de Transitoriedad Jurídica Fundacional de la República Catalana» 

SAN BOI DE LLOBREGAT, 09/09/2016.- Los líderes de ERC, Oriol Junqueras (d), e la CUP, Anna Gabriel (i) y de Podemos en Cataluña , Albano Dante Fachín (c) al finalizar un acto político conjunto protagonizado por ERC, CUP y Podemos con motivo de la celebración del 40 aniversario de la histórica Día del separatismo en Cataluña que tuvo lugar en esta ciudad del Bajo Llobregat (Barcelona). Efe.

Agencias – Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han suspendido cautelarmente la «Ley de Transitoriedad Jurídica Fundacional de la República Catalana», tal como les había pedido el gobierno de la Nación Española. La Ley de transitoriedad, aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Cataluña, está concebida para entrar en vigor en caso de que el «sí» gane en el referéndum separatista del uno de octubre de 2017 en Cataluña (1-O) y establece los pasos entre el régimen autonómico y la república catalana. Madrid España), martes 12 de septiembre de 2017. Fotografía: SAN BOI DE LLOBREGAT, 09.09.2016.- Los líderes de ERC, Oriol Junqueras (d), e la CUP, Anna Gabriel (i) y de Podemos Cataluña , Albano Dante Fachín (c) al finalizar un acto político conjunto protagonizado por ERC, CUP y Podemos con motivo de la celebración del 40 aniversario de la histórica del Día de Cataluña que tuvo lugar en esta ciudad del Bajo Llobregat. Archivo Efe.

Fuentes jurídicas confirman que el pleno del alto tribunal ha admitido a trámite el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, aprobado durante el último Consejo de Ministros.

El tribunal también ha debatido el recurso contra el Código Tributario de Cataluña pero no ha trascendido todavía la decisión que ha tomado al respecto.

El pleno del TC se volverá a reunir el miércoles y, entre otros, tendrá sobre la mesa el recurso de súplica presentado por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, después de que el tribunal desestimara la petición de recusación de todos los magistrados.

La semana pasada, el TC ya suspendió la Ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

El gobierno anunció que impugnaba la Ley de transitoriedad y el Código Tributario de Cataluña durante el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Ambos recursos llegaron al registro del alto tribunal lunes a primera hora de la tarde y los magistrados se han reunido con carácter extraordinario este martes para estudiar las dos impugnaciones.

La Ley de transitoriedad, aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Cataluña, está concebida para entrar en vigor en caso de que el sí gane en el referéndum del 1-O.

La norma secesionista establece las bases de la transición desde la etapa autonómica española hasta la república catalana independiente, y fija un plazo de seis meses entre el referéndum del 1-O o las elecciones constituyentes, en caso de victoria del ‘sí ‘.

En el caso de la Ley del Código Tributario de Cataluña -que se aprobó en julio- también se trata de una de las denominadas “leyes de desconexión” y fija la estructura de la Hacienda Catalana.

Los argumentos del Gobierno contra la Ley de transitoriedad separatista

El gobierno de la patria pedía al TC que suspenda cautelarmente la norma por considerar que “es una vulneración completa de la Constitución y rompe con los valores que la integran”.

Además, califican la ley de “aberración jurídica” y creen que es “arbitraria”.

En el escrito remitido al TC, además, afirman que el Parlamento atribuye “decisiones antidemocráticas” y “se apropia de competencias estatales”.

El ejecutivo de Mariano Rajoy, a través del abogado del Estado, no escatima en calificativos y adjetivos para criticar la ley.

Afirman que el contenido es “propio de un régimen autocrático” porque creen que no existe “una mínima separación de poderes”. “Constituye la mayor amenaza de destrucción de las normas de convivencia de la sociedad española”, recoge el recurso.

Asimismo, el gobierno estatal considera que es una ley “jurídicamente inexistente por ser de imposible contenido y de imposible cumplimiento”.

En este caso, el gobierno español pide que se notifique la resolución y también se advierta que no pueden colaborar con el referéndum tanto el Gobierno en su totalidad, la presidenta del Parlamento de Cataluña, los miembros de la Mesa y los integrantes de la Sindicatura Electoral, entre otros.

En este caso, sin embargo, no pide que se dé traslado a la Fiscalía para que investigue si existen responsabilidades penales.

Tampoco opta por pedir la suspensión de ningún cargo.

Con la admisión a trámite del recurso -y según lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución- la norma queda suspendida cautelarmente durante cinco meses a la espera de la sentencia del tribunal.

Suspensiones en cadena

El Gobierno ya recurrió al TC la semana pasada después de que la mesa del Parlamento catalán admitiera a trámite tanto la Ley del referéndum como la de transitoriedad.

También lo hizo cuando las leyes se aprobaron.

De hecho, el alto tribunal ha tumbado hasta ahora todos los pasos hechos desde el pasado miércoles en el Parlamento para poner las urnas el 1-O: la Ley del referéndum, los decreto de convocatoria del 1-O y de normas complementarias para la realización del referéndum y también la resolución del Parlamento que designa los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

En estas resoluciones, los magistrados advertían el presidente catalán Carles Puigdemont, los miembros de su Gobierno de la Generalidad de Cataluña y los miembros soberanistas de la mesa -además de otros cargos del Parlamento de Cataluña y el Gobierno catalán- que han “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión”.

Recordaban, también, que si no lo hacen se podrían enfrentar a “eventuales responsabilidades, incluida la penal”.

En cambio, no trasladaban a la Fiscalía las actuaciones, tal y como le había pedido el gobierno español en ese caso.

Sin embargo, la Fiscalía ya ha actuado de mutuo propio y ha presentado dos querellas contra los miembros del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña y contra la Mesa.

De momento, ni el gobierno ni el TC han pidiendo la suspensión de ningún cargo.

Una atribución que tienen desde la reforma del alto tribunal, aprobada en 2015, y que hasta ahora nunca han aplicado.

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