Agencias – La alianza de ERC y Convergencia CDC , Juntos Por El Sí (JxSi) y la CUP establecen en la futura ley qué consecuencias tendría que gane el «sí» y el «no» en el referéndum. También indica, ante posibles querellas u otras acciones judiciales, que la ley ampara «a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente» en la preparación y celebración del referéndum. Barcelona (España), martes 4 de julio de 2017. Fotografía: Los diputados separatistas de Juntos Por El Si JxSí (ERC y CDC): Marta Roviera (i), Jordi Turll (2i), Jorfdi Orobitg (3i) y Lluis Coromines (4i), y los de la CUP: Joan Garriga (d), Anna Gabriel (2d), Gabriela Serra (3d) y Benet Salellas (4d), durante el acto que han celebrado esta mañana en el Auditorio del Parlament de Cataluña. Efe.
La futura Ley de Referéndum de Autodeterminación ilegal, que hoy ha sido presentada por JxSí y CUP, prevé la posibilidad de declarar la separación de Cataluña del resto de España antes de 48 horas si ganase el «sí» en el eventual referéndum del 1 de octubre, mientras que si ganase el «no» el Gobierno catalán convocaría autonómicas.
JxSí y la CUP establecen en la futura ley qué consecuencias tendría que gane el «sí» y el «no» en el referéndum, lo que ha sido explicado este mediodía en el acto de presentación de la nueva ley celebrado en el auditorio del Parlamento autonómico de Cataluña, y no en el pleno de sesiones, puesto que no será tramitada ni votada hasta finales de agosto.
La base legal sobre la que se asienta la nueva ley se refleja en el artículo 2, al afirmar que el pueblo de Cataluña es un «sujeto político soberano» y, como tal, «ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política».
La ley establece «un régimen jurídico excepcional» para celebrar el referéndum y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema de Canadá que consideran aplicables en la consulta catalana.
Archivo (PDF) de La Ley del Referendum en Cataluña, para la Cataluña nuevo Estado de Europa (República Catalana)
El artículo 3 supone una advertencia ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y destaca que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto».
También indica, ante posibles querellas u otras acciones judiciales, que la ley ampara «a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente» en la preparación y celebración del referéndum.
El texto prevé que el referéndum se celebre con las condiciones más parecidas posibles a las convocatorias electorales precedentes, pero con algunas excepciones, como por ejemplo la creación de la Sindicatura Electoral como sustitutiva de la Junta Electoral y un censo parecido pero no idéntico al utilizado habitualmente.
Con respecto a esto último, los grupos proponentes no han detallado sus características, pero sí que ya han indicado que para votar «no será necesaria la autorización» del votante para inscribirse y votar, como ocurrió en la consulta del nueve de noviembre de 2014 con el gobierno de la Generalidad del inhabilitado ex presidente catalán Artur Mas (9N).
Sobre la futura Sindicatura Electoral, que sustituiría a la Junta Electoral como administración electoral, la ley especifica que estará integrada por 5 personas, la mayoría juristas, que serán designados por el Parlament a propuesta de los grupos.
«Todas las autoridades públicas tienen la obligación de colaborar con la Sindicatura», precisa el texto, antes de apuntar que la Generalitat «podrá habilitar locales alternativos» cuando los ayuntamientos no cedan las escuelas u otras dependencias habituales.
Habrá Sindicaturas de demarcación y la Sindicatura Electoral nacional, habrá cuatro demarcaciones territoriales, repartidas por secciones electorales y por mesas, y respecto a estas últimas, se prevé que sean elegidas por sorteo entre los electores.
La diputada de la CUP Gabriela Serra ha indicado que el referéndum es «vinculante», por lo que no se trata de una simple movilización ciudadana, sino de un acto «de soberanía, de desobediencia y de decisión».
Al acto de presentación han asistido diferentes miembros del Gobierno catalán, entre ellos, el vicepresidente Oriol Junqueras, los diputados de JxSí, encabezados por el presidente parlamentario, Jordi Turull, y los de la CUP, con la presidenta Mireia Boya al frente, además del líder de Podemos Cataluña, Albano Dante Fachin, y el de EUiA, Joan Josep Nuet.
Rechazan el acto: La alianza de Podemos al 26J, PP, ICV, PSC y Cs
Mientras que ICV y la alianza de Podemos ayudarle las últimas elecciones generales, Cataluña En Común, se han desmarcado del evento como el resto de la oposición (Cs, PSC y PPC).
Turull ha afirmado que el Parlamento de Cataluña, como institución que representa a los ciudadanos catalanes, es «soberano» para elaborar esta ley, y ha afeado a la oposición que hayan convertido al Tribunal Constitucional es un «actor más» de la cámara catalana.
Una ley, ha dicho la portavoz de JxSí, Marta Rovira, que significa la «respuesta» a la «ruptura» del marco constitucional del 78 tras la sentencia del Estatut, y que jurídicamente implica el derecho de autodeterminación.
