Agencias – Las claves del juicio político a Dilma Rousseff. Si 40 de los 81 senadores votan a favor, será suspendida como presidenta. Manifestaciones en Brasilia a favor y en contra de la presidenta. El pleno del Senado de Brasil celebra desde primera hora de este miércoles una de las sesiones más importantes de la historia política reciente en el país sudamericano: los senadores tienen en su mano la decisión sobre la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, por alterar las cuentas públicas en 2014 y 2015. Barcelona, 12 de mayo 2016. Fotografía: La presidenta de Brasil Dilma Rousseff pronuncia un discurso hoy, viernes 6 de mayo de 2016, en el Palacio del Planalto en Brasilia (Brasil). Efe.
Hasta el momento, la mayoría de los senadores que han intervenido se han inclinado por la suspensión del mandato de Rousseff. El número de partidarios del impeachment (destitución) supera ya los 41, por lo que es de esperar que la propuesta de destitución obtenga la mayoría simple necesaria (hay 81 senadores pero dos no se han presentado y el presidente de la Cámara, Renán Calheiros, ha anunciado que no votará).
La presidenta será suspendida durante los seis meses que dure el proceso y el vicepresidente Michel Temer (del Partido del Movimiento Democrático, y considerado uno de los muñidores de esta maniobra) ocupará su lugar. Pasados los seis meses, el Senado puede decidir su cese definitivo, pero entonces los enemigos de Rousseff necesitarán dos tercios de los votos.
Cada senador puede hacer uso de la palabra durante 15 minutos, lo que ha motivado que la sesión se alargue hasta bien entrada la madrugada del jueves, hora local de Brasilia. Calheiros fue el encargado de abrir la sesión y resaltó los «enormes esfuerzos que la sociedad brasileña ha hecho por mantener su democracia», por lo que se trata de un momento de «una responsabilidad gravísima». Calheiros ha pedido a los senadores «la mayor convicción democrática» y la «máxima imparcialidad» para decidir si existen razones jurídicas suficientes para la apertura de un juicio político a Rousseff.
El presidente del Senado también ha insistido en que, hasta ahora, todo el proceso ha sido avalado por el Tribunal Supremo, que lo ha «supervisado directamente en cada uno de sus pasos». Con todo, ha reconocido que «el proceso de impeachment que está enraizado en nuestra Historia es largo y traumático, no produce resultados inmediatos».
El Partido de los Trabajadores, la formación de Rousseff, ha intentado frenar la sesión pidiendo a Calheiros que se suspenda hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la demanda interpuesta este martes por la Abogacía General del Estado en la que alega errores procesales y solicita la nulidad del proceso.
Sin embargo, el presidente del Senado ha desestimado la petición, planteada por la senadora Gleisi Hoffmann, esgrimiendo tanto en el reglamento interno de la Cámara Alta como las sentencias previas del Tribunal Constitucional, que han avalado la legitimidad del proceso. Poco después, la Corte Suprema ha confirmado que rechaza el recurso, autorizando que continúe el procedimiento en la Cámara Alta. El cese de Rousseff terminará con 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores en la mayor economía de América Latina. Rousseff ha tachado el proceso de ilegal y lo ha calificado de «golpe de estado».
Pese a todo, la todavía presidenta ha descartado renunciar a a su cargo: «No dimitiré, eso nunca se me ha pasado por la cabeza», declaraba este martes Rousseff, esquivando el recuerdo de Fernando Collor de Mello, el primer presidente brasileño tras la restauración de la democracia, que se vio en una situación similar a la de la actual mandataria en 1992, aunque dimitió antes de ser destituido.
Collor de Mello, hoy senador, ha sostenido durante su intervención que el sistema político del país «está en ruinas». Aunque no ha aclarado si votará en contra o a favor del proceso contra la presidenta, ha criticado a Rousseff por la «dejadez», el deterioro de la econonmía, por haber «hinchado» la maquinaria del Estado y por «obstuir» a la justicia.
El juicio político a Rousseff coincide en el tiempo con el caso Petrobras, un mecanismo de corrupción en la petrolera estatal, en el que está siendo investigado el expresidente Lula Da Silva y que también está diviendo a la sociedad brasileña. Además, la economía brasileña se enfrenta a la peor recesión desde los años 30 del siglo XX, justo cuando el país concitará la atención de todo el mundo con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Mientras, al igual que ha ocurrido en las últimas semanas por todo Brasil, partidarios y detractores de Rousseff se manifiestan este miércoles en diferentes ciudades, y especialmente en Brasilia, la capital federal. Los manifestantes pro-gubernamentales han bloqueado carreteras con neumáticos ardiendo en Sao Paulo, Brasilia y otros lugares. Además, el Partido de los Trabajadores y los sindicatos han convocado una huelga general.
Ya iniciada la sesión del Senado, la Policía de Brasilia arrestó a un hombre sospechoso de lanzar piedras contra los agentes. La policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en la Explanada de los Ministerios.
