Agencias – La comisión de investigación considera la incomparecencia de Fátima Báñez (PP) «una bofetada sin manos a los andaluces». «Es una obligación comparecer; esto no es una boda; aquí nadie tiene que confirmar nada» sobre la asistencia o no a la comisión, ha asegurado en conferencia de prensa Díaz, en alusión tanto a la incomparecencia de Báñez como a la solicitud de comparecencia -prevista para esta tarde a las cuatro- de la consejera de la Cámara de Cuentas Dolores Genaro, quien, según Díaz, comunicó el viernes a última hora de la mañana que su asistencia carecía de sentido. Sevilla, 16 mayo 2016. Fotografía: La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez. Efe.
La incomparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la comisión de investigación sobre los cursos de formación «es una bofetada sin manos a los andaluces» y «una deslealtad institucional para con el Parlamento andaluz y la comisión de investigación», según su presidente, Julio Díaz (C’s).
«Hay que dar cuentas e informar, ¿pero qué es esto de no venir al Parlamento de Andalucía cuando se le llama?» ha exclamado Díaz al achacar al largo periodo de bipartidismo que se haya «consolidado este ‘estatus’ y esta forma de hacer las cosas», cuando, en su opinión, «lo normal» es que cualquier responsable público acuda a informar en cuanto se le solicita desde cualquier Parlamento. La comisión de investigación tomará a puerta cerrada, y a la mayor brevedad, una decisión en relación con la incomparecencia de Báñez, que fue anunciada ayer por la Delegación del Gobierno en Andalucía.
El PP achaca a una «intención política» que se cite a Báñez a la comisión de investigación
La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Carmen Crespo, ha atribuido a «intención política» que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, haya sido citada a la comisión de los cursos de formación, sobre la cual ha asegurado que un informe «contundente» del Consejo de Estado asegura que no procede. Báñez «no tiene nada que ver» con el objeto de investigación de la comisión de investigación, según Crespo, quien se ha preguntado en conferencia de prensa por qué no comparecen los ex ministros socialistas de Empleo que ha habido desde 2002 -periodo de estudio de la comisión de investigación-, mientras que la gestión de Báñez alcanza los cuatro últimos años.
«¿Qué tendrá que ver la ministra con los cursos de Formación desde 2002?» se ha preguntado va Crespo en varas ocasiones. La de la ministra «no es una decisión voluntaria, sino del Consejo de Estado, cuyo dictamen se ha pedido al ser citada», según Crespo, quien al ser preguntada por las «sorpresas» que Báñez debía aportar a la comisión, según anunció en su día el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha respondido: «Imagino que a la cantidad de recursos enviados y que no se han utilizado».
En contraposición a la solicitud de comparecencia de Báñez, Crespo ha destacado que «muchos que no han declarado» ante la comisión «tienen que ver directamente con lo que ha pasado» y que lo que se debe hacer es «animarlos a declarar y que no guarden silencio» en lugar de «enredar» como en su opinión se está haciendo con la ministra de Empleo.
«Lo que tiene que hacer la Junta es que a quien tiene que ver con el caso lo anime a venir y a hablar, y se conozca la verdad», según Crespo, quien también ha asegurado que Báñez «desconoce los criterios de concesión de ayudas por parte de la Junta». Ante el anuncio de la Presidencia del Parlamento andaluz de remitir a sus servicios jurídicos el dictamen del Consejo de Estado, Crespo ha ironizado con la posibilidad de que los mismos servicios estudien también el empleo por parte del presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, de «confrontar con el Gobierno» en el caso de la Política Agraria Comunitaria (PAC) haciendo uso del logotipo de la Cámara regional.
Antes de que finalice la primera parte del trabajo de la comisión de investigación es «de vital importancia» que toda la documentación sobre los cursos de formación esté en manos de los grupos políticos «para saber la verdad al completo, y se devuelva el dinero defraudado».
Crespo, que ha calificado de «teatro» la entrega de expedientes al Parlamento porque ha asegurado que están todos digitalizados, ha asegurado que aún no se han entregado los expedientes relacionados con subvenciones a empresas de ex altos cargos socialistas -relacionados con 50 entidades-, con la Fundación Andaluza de Fondos de Formación y Empleo (Faffe), los informes de los interventores, sobre sedes compartidas de UGT y PSOE y de varias entidades relacionadas con este sindicato.
La diputada del PP ha recordado que seis responsables de la Junta «no han querido declarar, y uno se levantó y se fue», mientras que otros directores generales o no han querido declarar o no han contestado a las preguntas del PP. Según Crespo, los responsables socialistas que pasan por la comisión siguen instrucciones del Gobierno andaluz «y niegan todo» pese a que las irregularidades del caso ocupan a varios juzgados.
El Consejo de Estado dice que el Parlamento andaluz no puede llamar a la ministra Báñez
El Consejo de Estado ha rechazado hoy que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas, y ha advertido de que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Fátima Báñez en la comisión de los cursos de formación por falta de competencia. La presencia de la ministra vulneraría el sistema constitucional de distribución de competencias, según ha informado en un comunicado la delegación del Gobierno en Andalucía antes de recordar que «no existen precedentes de ministros del Gobierno de España que se hayan sometido al control de comisiones de investigación de parlamentos autonómicos».
El anuncio de la delegación del Gobierno se produce un día antes de que Báñez haya sido citada en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo. El informe del máximo órgano consultivo del Estado consolida una doctrina que se remonta, al menos, a informes de 1986, con la solicitud de comparecencia de los directores de los medios de comunicación del Estado en el Parlamento de Canarias, doctrina que está refrendada por «múltiples» informes de la Abogacía del Estado.
El su dictamen número 193/2006, el Consejo de Estado afirma que «el Parlamento andaluz es incompetente para requerir la presencia de un ministro tanto por razón del sujeto como del objeto de la comparecencia». El informe recuerda que el control del Gobierno de la Nación corresponde a las Cortes Generales y establece que los parlamentos autonómicos «carecen de competencias de control político sobre el Gobierno de la Nación o las autoridades, funcionarios, y cualesquiera otra personas a su servicio».
«Los actos y omisiones del Gobierno de la Nación, del que la ministra de Empleo y Seguridad forma parte, están sometidos al control político de las Cortes Generales, y no, en cambio al de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas», añade el dictamen. Además, el Consejo de Estado considera que es preciso destacar que, aun cuando el periodo investigado se extiende a lo largo de catorce años «desde 2002 hasta la actualidad», se incluye en la lista de comparecientes a quien ha venido ostentando esta magistratura durante los últimos cuatro años.
Sin embargo, no se cita a quienes ocuparon dicha cartera durante la década precedente, ni tampoco a otros órganos superiores o directivos de dicho ministerio, añade el Consejo de Estado.
