Madrid (España), jueves 16 de julio de 2026 (Efe).-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la norma es compatible con el derecho comunitario, al entender que persigue reducir las tensiones institucionales y políticas derivadas del proceso independentista catalán y favorecer un escenario de reconciliación. No obstante, la resolución no supone el retorno inminente del expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont Casamajó, ya que el Tribunal Supremo mantendrá, por el momento, la orden nacional de detención que pesa sobre él.
La sentencia responde a varias cuestiones prejudiciales planteadas por órganos judiciales españoles sobre la aplicación de la ley de amnistía.
En uno de los aspectos más relevantes, el TJUE descarta que la extinción de la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista pueda poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, rechazando así uno de los principales argumentos esgrimidos contra la norma.
Asimismo, el tribunal europeo avala que la amnistía pueda aplicarse a los delitos de terrorismo investigados por la Audiencia Nacional contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y considera ajustado al derecho comunitario el plazo de dos meses que la ley concede a los jueces españoles para decidir sobre su aplicación.
Pese al respaldo europeo, el regreso de Carles Puigdemont continúa condicionado por el recorrido judicial en España.
La resolución del TJUE deja ahora el foco sobre el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre los recursos relacionados con la ley de amnistía y determinar, entre otras cuestiones, si el expresident puede beneficiarse de la medida en el delito de malversación.
Mientras tanto, fuentes jurídicas han avanzado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantendrá vigente la orden de detención contra Puigdemont, al considerar que el delito de malversación que se le atribuye podría quedar fuera del ámbito de aplicación de la amnistía, de acuerdo con la excepción recogida en la propia ley para los casos en los que exista un beneficio patrimonial personal.
El propio Puigdemont ha rebajado las expectativas sobre un regreso inmediato. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que el «partido» de la amnistía «sigue en marcha» y que ahora «ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu», en referencia a la fase que se desarrollará en los tribunales españoles. Aunque celebró la decisión del TJUE como «una victoria ganada a pulso», advirtió de que «el camino para acabar con la represión no ha acabado».
Desde Junts per Catalunya también apelan a la prudencia y recuerdan que los plazos dependerán de la resolución del Tribunal Constitucional, prevista previsiblemente para después del verano, y de la posterior decisión que adopte el Tribunal Supremo respecto al levantamiento de las órdenes de detención.
La sentencia ha provocado numerosas reacciones políticas. El Gobierno central sostiene que el fallo confirma que la ley de amnistía es «perfectamente legal y legítima» y reclama su aplicación «plena» y «lo antes posible».
En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los tribunales una aplicación «diligente e integral» de la norma, mientras que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado su deseo de que Puigdemont y el resto de los dirigentes independentistas que permanecen fuera de España puedan regresar «sin dilaciones».
También los miembros de los CDR procesados por terrorismo han recibido con alivio la decisión del TJUE y han anunciado que intensificarán la presión para que los tribunales españoles les apliquen la amnistía.
Por el contrario, el Partido Popular ha señalado que la resolución del tribunal europeo constituye únicamente «un paso más» dentro del procedimiento judicial y ha subrayado que no entra a valorar la constitucionalidad ni la oportunidad política de la ley, sino aspectos concretos del derecho de la Unión.
VOX, por su parte, ha criticado con dureza la sentencia y ha defendido que «la unidad de España solo será defendida por los españoles», rechazando que cuestiones de esta naturaleza queden condicionadas por tribunales europeos.