Madrid (España), martes 28 de julio de 2026 (Efe).-La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez (Cristina Álvarez) indemnicen a la institución con 113.509,32 euros en caso de ser condenadas por un delito de malversación, dentro del procedimiento judicial que investiga la gestión de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez.
La universidad plantea esta reclamación en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La cantidad reclamada corresponde al coste del desarrollo del software creado en el marco de la cátedra, que, según la investigación judicial, habría sido utilizado para fines privados.
La Complutense, que ejerce la acción civil al considerarse perjudicada, reclama además recuperar la titularidad y el control del programa informático, así como de todos los elementos vinculados al mismo, incluidos dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación y cualquier otro activo material o inmaterial relacionado.
En su escrito, la universidad recoge los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los indicios que apuntan a que Gómez, en su condición de codirectora de la cátedra y responsable de la gestión de sus recursos, habría desviado el software desarrollado con fondos públicos hacia su ámbito de disposición exclusiva. Respecto a Cristina Álvarez, sostiene que habría actuado como colaboradora necesaria.
La UCM detalla varios hechos que, a su juicio, sustentan los indicios de una posible malversación, entre ellos el registro de la marca «TSC», la solicitud de la marca «Plataforma de mediación de Impacto social y medioambiental www.transformatsc.org», la transferencia del dominio de internet a su nombre y la creación en 2023 de la sociedad Transforma TSC S.L., con Gómez como administradora única y con la explotación comercial del ‘software’ como objeto social.
Según la universidad, estas actuaciones habrían privado a la institución de la titularidad y control de un activo desarrollado con sus medios y fondos públicos o habrían supuesto un menoscabo de su propiedad.
Además, considera que existía una relación de confianza entre la Complutense y Gómez y apunta a una posible administración desleal de patrimonio público.
La cantidad reclamada, 113.509 euros, se corresponde con la suma del gasto directo destinado al desarrollo del ‘software’ y el coste del personal implicado en su creación.
La indemnización busca compensar, según la universidad, la pérdida de disponibilidad del programa desarrollado con recursos públicos y el coste de las retribuciones de trabajadores cuya actividad habría sido destinada presuntamente a fines particulares.
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Cinco días para presentar los escritos de defensa
El juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha dado un plazo de cinco días a Begoña Gómez y Cristina Álvarez para presentar sus escritos de defensa.
En una providencia dictada este martes, el magistrado también establece un plazo de tres días para que ambas indiquen si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar sobre la apertura del juicio oral.
La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase la continuidad del procedimiento mediante juicio con jurado contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque archivó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El procedimiento ya no afecta al empresario Juan Carlos Barrabés, que fue apartado del juicio con jurado por decisión de la Audiencia de Madrid.
La investigación sobre la posible legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos vinculadas a su caso continuará por la vía del procedimiento abreviado.
Por su parte, la Fiscalía ha comunicado al juzgado que no presentará escrito de acusación y formulará conclusiones absolutorias, manteniendo su posición de que no aprecia la existencia de delito en los hechos investigados.