«Un Plan», según fuentes del nuevo partido ‘Barcelona En Comú’ (BComú) -la marca paragua de Podemos– que lidera la posible futura alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, «basado en el sentido comú, económicamente viable y aplicable desde los primeros meses de mandato, que transforma en medidas concretas el sentir general de la ciudadanía», explica fuente de la formación de entrada.
Con el título «Plan de Choque Para los Primeros Meses de Mandato», el programa marco de Colau tiene 8 folios [PDF] y está dividido en 4 bloques: «Crear empleo digno, diversificando el modelo productivo; Garantizar derechos sociales básicos; Revisar privatizaciones y proyectos contrarios al bien común; y Hacer borrón y cuenta nueva y acabar con los privilegios».
«Plan de choque para los primeros meses de mandato
Barcelona es una ciudad con recursos suficientes y llena de potencialidades, con un tejido social y una capacidad creativa 
excepcionales. Sin embargo, es una ciudad cada vez más polarizada, en la que mucha gente vive y trabaja en condiciones indignas. Si esta brecha entre personas y barrios continúa creciendo, cada vez será más difícil hacer realidad el sueño de una ciudad integradora, cohesionada, que sea ejemplo para el resto de ciudades del mundo. El Gobierno de CiU tiene una parte importante de responsabilidad en esta deriva mercantilizadora. Porque no ha tenido un proyecto propio de ciudad y porque ha favorecido intereses privados que poco tienen que ver con el bien común. En los últimos 3 meses, en realidad, el Gobierno está intentando hacer de manera a menudo improvisada lo que no ha hecho en 3 años.
Barcelona En Comú quiere gobernar para revertir esta situación. Por ello, proponemos un Plan de choque ambicioso y a la vez factible, que pondremos en marcha durante los primeros meses de Gobierno y desarrollaremos, con la participación de la ciudadanía, durante el primer año de mandato.
Lo que ahora presentamos son algunas líneas prioritarias que procuran situar la lucha contra la desigualdad, el desempleo y la mercantilización de la ciudad en el centro de las prioridades y de un nuevo contrato con la ciudadanía. En paralelo a este Plan de choque, Barcelona En Comú lleva meses trabajando en un programa más amplio que pronto se abrirá a la participación y validación ciudadana.
Este plan se compromete con toda la población de toda la ciudad. Así mismo, pretende priorizar a las personas y barrios más vulnerables y subestimados, que son los que más sufren la crisis y los recortes, y que no han dejado de organizarse para hacerles frente. Estas medidas no salen de la nada. Forman parte de un proceso de elaboración y trabajo compartido con las diferentes entidades y plataformas vecinales y ciudadanas, así como con técnicos y colectivos profesionales de la ciudad y de Barcelona En Comú.
Muchas de las medidas que proponemos no tienen ningún coste. Exigen valentía política, sentido común y pueden aplicarse de manera inmediata. Otras requieren un desarrollo de corto y medio plazo, pero también requieren determinación ya que suponen un cambio drástico en las prioridades de inversión del Gobierno de CiU.
Las principales medidas que aquí se proponen en materia de generación de ocupación y de garantía de derechos sociales básicos, por ejemplo, supondrían una inversión aproximada de 160 millones de euros durante el último trimestre de 2015 y el primer semestre de 2016. Esta cifra representa una parte razonable de un Presupuesto municipal que gira en torno a los 2.370 millones de euros (380 de los cuales están destinados a inversiones). Para ello proponemos auditar las cuentas municipales heredadas, recortar gastos, subvenciones y privilegios innecesarios y apostar por una fiscalidad social y ambientalmente justa.
Barcelona tiene suficientes recursos para hacer frente a las desigualdades y para convertirse en una referencia de lo que significa vivir bien, en común, con respeto por los demás y por el entorno. Para aprovecharlos, hace falta un Gobierno valiente y creíble, capaz de hacer frente a los grupos de poder que anteponen sus intereses particulares a los de la mayoría y de hacer valer la inteligencia colectiva de la gente y de los barrios. El Plan que proponemos está estructurado en torno a cuatro líneas de acción básicas: 1) crear empleo digno, diversificando el modelo productivo; 2) garantizar derechos sociales básicos; 3) revisar privatizaciones y proyectos contrarios al bien común; 4) auditar la institución y acabar con los privilegios.
1. Crear empleo digno, diversificando el modelo productivo
Barcelona tiene unas 100.000 personas en paro, la mitad de larga duración, casi la mitad sin prestación; con más del 40% de los jóvenes sin trabajo y un 15% de los trabajadores con salarios de pobreza. El Gobierno de CiU ha apostado por un modelo económico que incrementa los índices de precariedad laboral y ha actuado de manera tardía e insuficiente para abordar una situación que se convierte en crónica. Para revertir esta situación, hace falta diversificar la actividad económica, reorientar el modelo productivo y hacerlo más justo social y ambientalmente. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero sí se pueden adoptar líneas de actuación claras para detener y revertir la tendencia precarizadora y privatizadora actual.
1. En primer lugar, proponemos poner en marcha un programa de formación y creación indirecta de empleo sostenible concentrado en cinco áreas: a) rehabilitación energética de viviendas; b) prevención y gestión sostenible de residuos; c) apoyo y fortalecimiento del tejido comercial de proximidad; d) atención y cuidado de las personas, especialmente niños, mayores y personas con dependencia; f) fomento de la economía cooperativa y de su actualización tecnológica.
Este programa tendrá como objetivo inicial la creación, a corto plazo, de 2.500 puestos de trabajo y requerirá una inversión de unos 50 millones de euros.
2. En segundo lugar, plantemos establecer un sello municipal de calidad en la contratación del Ayuntamiento, como piden la FAVB y diferentes agentes sindicales.
El Ayuntamiento debe velar por sus trabajadores y trabajadoras. Barcelona tiene una plantilla de 12.326 personas, 6.456 son del Ayuntamiento y 5.870 forman parte de organismos públicos y empresas municipales. Asimismo, el Ayuntamiento genera miles de puestos de trabajo en empresas y en el tercer sector por medio de su actividad de contratación pública de servicios. En muchos casos, se producen situaciones de precariedad laboral.
El objetivo del Plan que proponemos es utilizar todas las competencias municipales para garantizar los derechos laborales básicos tanto de los trabajadores municipales como de aquellos que trabajan en empresas contratadas por el Ayuntamiento.
3. Con ese fin, se revisarán las cláusulas de los contratos vigentes. Se incorporará en las cláusulas de cualquier nueva contratación del Ayuntamiento la garantía de respeto a los derechos laborales y ambientales básicos (salarios, horarios, conciliación y prevención de accidentes).
4. Asimismo, el Ayuntamiento iniciará acciones de control, en colaboración con la inspección de trabajo, y en diálogo con las diferentes organizaciones sindicales y patronales, de las condiciones laborales de los trabajadores de empresas instaladas en la ciudad, sobre todo vinculadas el sector del turismo (el 33,8% de los expedientes sancionadores de 2013 fueron en empresas de este ámbito).
2. Garantizar derechos sociales básicos
Una ciudad segura debe garantizar una existencia digna a toda su población, empezando por las personas más vulnerables.
Para conseguirlo, hay que articular medidas orientadas a restablecer la dignidad y la autonomía personal, con políticas estructurales, predistributivas y redistributivas, que permitan construir un conjunto robusto de derechos sociales de ciudadanía, de carácter universal y adecuadamente financiados.
Hay que recuperar el control púbico y cooperativo de la economía. Los entes públicos deben hacer primar su autoridad ante las empresas privadas que prestan servicios de interés general. Hay que prever mecanismos de incentivo y sanción para que respeten sus obligaciones.
El Plan de choque que presentamos comprende seis ejes concretos: a) derecho a la vivienda; b) derecho a la alimentación; c) derecho a suministros básicos; d) derecho a la salud; e) derecho a la movilidad; f) derecho a una renta municipal complementaria.
2.1. Derecho a la vivienda
Según datos del Poder Judicial, en Barcelona se producen una media de al menos 15 desahucios diarios, el 80% de los cuales por impago de alquiler. Entre 2 y 3 de estos desahucios afectan cada día a hogares en situación de alta vulnerabilidad social.
El Gobierno de CiU es responsable de esta situación, entre otras razones porque votó la Ley de desahucio exprés que coloca los inquilinos sin recursos en posición de abierta vulnerabilidad. Asimismo, los recursos dedicados a resolver la situación de emergencia social creada han sido escasos.
Ante esta actitud, consideramos indispensable hacer un cambio de rumbo y dedicar todas las competencias y el máximo de recursos del Ayuntamiento a evitar los desahucios por razones económicas y a garantizar un realojo digno a quienes lo necesiten, teniendo en cuenta criterios de proximidad. Para ello, proponemos adoptar, entre otras líneas de actuación:
1. Establecimiento de una mesa de negociación con las entidades financieras que a día de hoy están realizando desahucios y/o disponen de viviendas vacías. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, se impondrán sanciones tal como prevé la moción impulsada por PAH BCN, aprobada por el actual gobierno municipal pero aplicada de manera insuficiente.
2. Apoyo a las trabajadoras sociales para asegurar que las familias en riesgo de desahucio puedan acceder a todos los ajustes disponibles. Revocación del actual protocolo de diligencias de lanzamiento, tal como piden los profesionales de los servicios sociales, y elaboración de manera participativa de un nuevo reglamento inclusivo de viviendas de emergencia.
3. Impulsar la cesión al Ayuntamiento de pisos vacíos para fortalecer el parque de alquiler social existente.
4. Crear una comisión de estudio para explorar la posibilidad de declarar toda Barcelona como zona de tanteo y retracto con el fin de que el Ayuntamiento tenga prioridad en la compra-venta de inmuebles y los pueda obtener por debajo del precio de mercado. Para financiar estas medidas proponemos una inversión inicial de unos 50 millones de euros.
2.2. Derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación es un derecho fundamental para toda la población, sin distinciones, pero es especialmente relevante en el caso de los niños y adolescentes. A raíz de la crisis, uno de cada 5 niños en Barcelona se encuentra en riesgo de pobreza. Ya en 2013, se detectó la existencia de 2.865 niños en situación de malnutrición en Barcelona. Y en el curso 2014-2015, 4.639 solicitudes de becas comedor quedaron excluidas de los baremos establecidos por el gobierno municipal.
El Gobierno de CiU ha anunciado la creación de un fondo social de 9,2 millones de euros de ayudas directas a niños en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, se trata de una medida electoralista, implementada de manera improvisada y pensada más como un cheque asistencial que como un auténtico derecho.
Como contrapartida a este tipo de política, nos comprometemos a garantizar el derecho a la alimentación durante todo el año a todos los niños y adolescentes que viven por debajo del umbral de la pobreza. Con este fin planteamos:
1. Reforzar los servicios de comedor de las guarderías hasta los institutos de secundaria, así como otros servicios educativos y socioeducativos, como la red de centros abiertos.
2. Aumentar el número de plazas gratuitas, con servicio de alimentación, en casales, colonias de verano y otros servicios de educación en el tiempo libre, para garantizar que todos los niños tengan garantizada la seguridad alimentaria durante las vacaciones.
3. Reforzar algunos canales normalizados de distribución de alimentos que no estigmaticen, como la tarjeta solidaria de alimentos.
4. Revisar los baremos de acceso a las becas comedor, para que ninguna solicitud de una familia con dificultades económicas quede excluida, y llegamos, por tanto, a la universalización real de las becas, haciendo efectivo el pago con la máxima celeridad. Para impulsar estas medidas, se destinará una inversión inicial de 20 millones de euros.
2.3. Derecho a suministros básicos.
En Barcelona, se estima que el 10% de los hogares, unos 80.000, sufren pobreza energética, es decir, no pueden hacer frente de manera normalizada a los pagos de los recibos de luz, agua y gas.
Esta realidad contrasta con los beneficios desorbitados obtenidos por las empresas suministradoras y por la falta de actuaciones efectivas por parte del Gobierno de la Generalitat, encabezado por CIU, que acaba de apelar a la caridad de las compañías privadas y de la ciudadanía para resolver esta situación.
Para lograr una Barcelona sin sed, frío ni oscuridad, planteamos:
1. Hacer una auditoría de los costes de estos servicios, que permita determinar el origen y destino de los beneficios obtenidos por las compañías gestoras y establecer una mesa de negociación para que éstas contribuyan a garantizar el acceso a suministros básicos.
2. Introducir tarifas de agua más justas e iniciar los estudios para llevar a cabo la remunicipalización del servicio.
3. Imponer a las compañías eléctricas tasas por la ocupación del espacio público e iniciar proyectos piloto para usar otras comercializadoras de energías renovables.
4. Crear un fondo específico de 5 millones de euros para atender los casos más urgentes de pobreza energética
2.4. Derecho a la salud.
La precariedad y la pérdida de vivienda tienen un impacto negativo en la salud de la población y agravan las desigualdades entre barrios. Esta situación se convierte en insostenible cuando se suma la política de recortes y privatizaciones impulsada por CiU desde el Gobierno de la Generalitat.
Además, se calcula que unas 6.000 personas migrantes ya empadronadas en Barcelona no disponen de tarjeta sanitaria. A esta cifra habría que añadir a todas aquellas personas que ni siquiera se encuentran empadronadas y que tampoco gozan de una atención sanitaria adecuada. Para revertir esta situación, hay que asegurar, mediante políticas activas, el empadronamiento de todas las personas que vivan en la ciudad y su acceso a la tarjeta sanitaria.
Desde el Ayuntamiento se tomarán medidas para garantizar que los centros sanitarios de la ciudad no incumplen la legislación que estipula que todas las personas que residen en Barcelona tienen derecho a la atención urgente con cargo a fondos públicos (CatSalut) además de la atención en todo momento (más allá de la atención urgente) a menores y embarazadas.
Para garantizar este derecho nos comprometemos a:
1. Utilizar la presencia del Ayuntamiento de Barcelona en el Consorcio Sanitario para presionar al Gobierno de la Generalitat y conseguir revertir la actual política de recortes y privatizaciones de servicios.
2. Poner en marcha campañas de acompañamiento a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y a retirar las comunicaciones desinformativas y disuasorias de los Centros de Atención Primaria y de los Hospitales.
3. A pesar de que el gasto público debería estar cubierto por la Generalitat de Cataluña, prever un fondo para financiar estas políticas con una inversión aproximada de 5 millones de euros.
2.5. Derecho a la movilidad.
Por razones de cohesión social y de salud, el Ayuntamiento tiene que hacer una apuesta firme para asegurar el derecho a la movilidad. Para garantizar una movilidad sostenible, que haga frente a los graves problemas de contaminación que se están produciendo en la ciudad, usar el transporte público debe ser más económico y eficaz que el uso del vehículo privado.
No ha sido esta la política de CiU. El aumento del precio del transporte público de 2014 implicó un castigo para la gente que lo utiliza para ir a estudiar, trabajar o buscar trabajo. La reducción de este año se ha aplicado sobre todo a la Tarjeta rosa y a la T-10, y ha significado una reducción de 35 céntimos. Sin embargo, la mayoría de tarifas siguen siendo abusivas en relación a la capacidad adquisitiva media de la población, sobre todo de los colectivos más empobrecidos. A lo largo de los años más duros de la crisis el incremento de tarifas se ha situado por encima del 20%.
Por otro lado, propuestas como la nueva tarjeta T-Movilidad o la posible privatización de un tramo de la línea 9 son dos ejemplos de cómo CiU quiere poner el patrimonio público en manos de grandes grupos privados.
Para afrontar esta realidad, proponemos, entre otras medidas, tres líneas de actuación de corto y medio plazo:
1. Impulsar en la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) la conversión de la T-12 (el transporte gratuito hasta los 12 años) en una T-16 y la extensión de los actuales descuentos de la T-Trimestre (descuento del 80% y viajes ilimitados durante 3 meses) a todas las personas en paro registradas en el Servicio de Ocupación de Cataluña durante 3 meses, empadronadas en Barcelona durante 3 meses y con una renta inferior al salario mínimo interprofesional (actualmente se reconoce a parados sin subsidio en proceso activo de búsqueda de empleo en el SOC durante 12 meses en los últimos dos años). Se posibilitará el abono fraccionado de este título en dos pagos (15 euros en el momento de solicitarlo y 15 euros al final).
2. Defender en la ATM un abono T-Ambiental: una tarifa plana para tres zonas, con un coste mensual de 50 €. Esta T-Ambiental incluirá el acceso al Metro, Cercanías, Bus, FGC y Tram y también al Bicing y Car-Sharing. La contribución inicial del Ayuntamiento a este proyecto sería de 5 millones de euros.
3. Licitar, dentro de los primeros 100 días de Gobierno, la redacción del proyecto ejecutivo para ampliar el Tranvía por la Diagonal.
4. Recuperar la fiscalidad ecológica sobre el uso del coche privado que el Gobierno de Xavier Trias eliminó al comenzar su mandato.
2.6. Derecho a una renta municipal complementaria.
En Barcelona, 1 de cada 5 niños se encuentra en situación de pobreza. En 2014, 5.000 personas quedaron excluidas de la Renta Mínima de Inserción. Para paliar esta situación, el Gobierno de CiU ha anunciado que destinará una renta de 100 euros mensuales para menores de 16 años en situación de vulnerabilidad. Esta medida coyuntural está concebida en clave asistencialista, como una prestación con considerables niveles de discrecionalidad y no como un programa universal extendido en el tiempo. En su lugar, planteamos:
1. Introducir una Renta Municipal complementaria para todas las familias bajo el umbral de la pobreza que se sume a las prestaciones ya recibidas hasta llegar al 60% de la renta media de la ciudad (unos 600 euros).
2. Abanderar la defensa, desde Barcelona, de una Renta Garantía de Ciudadanía en Cataluña. Para poner en marcha esta política, nos comprometemos a dedicar una inversión inicial de 25 millones de euros.
Junto con las medidas para combatir la emergencia social, debemos de manera decidida para detener y revertir, en su caso, las privatizaciones y proyectos contrarios al bien común y empezar a construir nuevas formas de partenariado público-cooperativo-comunitario.
En realidad, muchos de los proyectos impulsados por el Gobierno de CiU en el Ayuntamiento han supuesto un despilfarro de dinero público, ya que no reportan ningún beneficio real para los intereses comunitarios, y se han llevado a cabo de manera opaca, sin un debate profundo y de espaldas a las demandas de los barrios.
Revertir esta situación exige distinguir supuestos diferentes, estudiar estrategias jurídicas diversas y priorizar los casos más flagrantes. En este sentido defendemos, entre otras medidas:
a) Aplicar inmediatamente una moratoria a la apertura de hoteles y apartamentos de uso turístico (como el del Deutsche Bank o los previstos en los Planes de Usos de Ciudad Vieja, Gracia y Poble Sec) mientras no haya una auditoría con participación ciudadana y un Plan de Turismo para toda la ciudad.
b) Detener o revisar la participación del consistorio en proyectos privados de negocio como el Sagrera Kids o la Pista de Esquí de la Zona Franca.
c) Detener o revisar procesos de ampliación de grandes superficies comerciales, como La Maquinista o Heron City.
d) Detener o revisar los procesos de privatización o externalizaciones contrarios al bien común, como el de las guarderías Caspolino, Jaén y Patufets, la red de aparcamientos o los que se están produciendo en el Instituto de Parques y Jardines.
e) Investigar y rediscutir las condiciones de concesiones cuestionables, como la de Marina de Luxe del Port Vell y la T-Movilidad.
4. Hacer borrón y cuenta nueva y acabar con los privilegios
Un Plan de choque como el que aquí se plantea exige auditar el estado real de las instituciones y de las cuentas municipales heredadas, para poner fin a las malas prácticas y generar instituciones menos burocratizadas con más implicación ciudadana y más eficaces para resolver los problemas concretos de las personas que viven en Barcelona. Para cumplir con la palabra dada, es imprescindible desarrollar, desde el comienzo, una voluntad clara de hacer borrón y cuenta nueva, acabar con los privilegios y predicar con el ejemplo. Asimismo hay que implicar activamente a la ciudadanía en la supervisión del cumplimiento de este Plan, aprovechando y reforzando los espacios reivindicativos y de participación, formales e informales, ya existentes. Concretamente, nos comprometemos a:
1. Reducir salarios de los concejales y altos cargos políticos, eliminar coches oficiales y dietas injustificadas (por ejemplo las otorgadas para asistir a reuniones), en la línea ya establecida en el código de ética política de Barcelona En Comú.
2. Impulsar una auditoría de los principales entes públicos de promoción económica y social de Barcelona (como la Feria de Barcelona o el Consorcio de Zona Franca) revisando la aportación económica del Ayuntamiento y reforzando el papel de las entidades sociales y de los intereses público-cooperativos.
3. Revisar las subvenciones innecesarias en un contexto de emergencia social (como los 16 millones de euros otorgados al Circuito de Fórmula 1 de Montmeló).
4. Revisar y ampliar los espacios participativos que permitan dar seguimiento a este Plan de choque en cada uno de los distritos. Estos espacios territorializados recogerán las mejores experiencias existentes, contarán con asesoramiento técnico adecuado y competencias reales y efectivas.
Al igual que en el caso de las medidas de tipo social, todos estos procesos participativos y auditorías serán debidamente presupuestados y financiados llegado el momento.
Conclusiones
Dedicar el máximo de competencias y de recursos a este Plan de choque no solo es posible, es imprescindible si queremos evitar una ruptura de la cohesión social y de los lazos comunitarios que deberían ser seña de identidad de nuestra ciudad. Los 160 millones de euros que costaría llevarlo a cabo representan una parte modesta de lo que ya está presupuestado para el año 2015, lo que se podría lograr introduciendo algunas modificaciones de créditos y de lo que se podría asignar en los nuevos presupuestos de 2016.
Para ello, es necesario impulsar un cambio de rumbo en las prioridades de inversión y gasto. Los presupuestos aprobados por el Gobierno de CiU son austeros en inversión social y dedican, en cambio, cantidades excesivas al mantenimiento de la propia administración, en publicidad, o en sectores económicos insostenibles o sobredimensionados. Estas prioridades deberían ser inmediatamente redefinidas. Se trataría, en definitiva, de reinvertir, de manera más justa y eficaz, millones de euros que hoy se pierden en subvenciones y ajustes a proyectos innecesarios, sueldos desmesurados de altos cargos políticos, gastos excesivos en publicidad, y otras zonas opacas que serán auditadas de inmediato.
No estamos hablando de un coste sino de una inversión vital para el presente y para el futuro de la ciudad y de sus habitantes. Un Plan de choque que genere empleo digno y sostenible, acabe con la discrecionalidad asistencialista y refuerce derechos sociales universales, permitirá devolver la dignidad a miles de personas que hoy se sienten solas y abandonadas por las instituciones, liberando su potencial creativo e incentivando su contribución al bien común.
Queremos a Barcelona y defendemos la necesidad de recoger lo que ya se ha hecho bien y de revertir la deriva especulativa y privatizadora que se ha impuesto en los últimos años. Para lograrlo, es imprescindible implicar a todo el mundo en la construcción de una ciudad integradora, participativa, democrática, sostenible, aprovechando la vitalidad de la acción ciudadana y de los barrios. Si somos capaces de imaginar una ciudad económicamente activa, sostenible y cooperativa, que cuide de sus habitantes y de su entorno, tenemos el poder de lograrlo.
La protección contra la pobreza energética aprobada por el Gobierno de la Generalitat a través de un decreto en 2013 -suspendido por el TC- solo cubrió a 900 personas. El nuevo decreto aprobado a finales de 2014 -y actualmente en vigor- ha cubierto hasta ahora a poco más de un centenar de afectados. El presupuesto de 2015 contiene numerosas partidas susceptibles de ser revisadas. De entrada, se destinan 27,5 millones de euros a los órganos de gobierno, con partidas como 3,2 millones de euros en retribuciones básicas a los miembros de los órganos de gobierno o 2,1 millones en dietas. Así mismo, se prevén 13 millones en publicidad y propaganda.
Dentro del capítulo de inversión las partidas más elevadas son la de espacio viario, 139,4 millones de euros, muy por encima de otras partidas como los 10,1 millones invertidos en vivienda o los 19,1 millones en inversión social. De los 15 barrios con menor renta, 11 tienen una inversión inferior a la media de la ciudad. El coste del embellecimiento de las avenidas de lujo, 16 millones, es claramente superior a los 6,3 millones en ayudas a la rehabilitación, o a los 4,8 millones dedicados a construir nuevas guarderías.
Así mismo, no queda claro cuáles son los sectores económicos concretos que se benefician de los 81 millones dedicados a promoción económica.
