Las presas del Procés Forcadell y Bassa salen de prisión para cuidar a familiares

FOTOGRAFÍA. GERONA (ESPAÑA), 17.02.2020. La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa ha salido hoy unas horas de prisión en el primer día en que se le aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite acudir fuera de la cárcel a cuidar a familiares y ejercer voluntariado. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La expresidente del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell Lluís (ERC), y la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa (ERC0), han salido este lunes unas horas de prisión en el primer día en que se les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite acudir fuera de la cárcel a cuidar a familiares y ejercer voluntariado. Barcelona (España), martes 18 d e febrero d e2020. 

Siguiendo la estela del líder de la asociación separatista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que salió el pasado 13 de febrero por primera vez de prisión para ir a trabajar, Forcadell y Bassa han abandonado este lunes durante unas horas su centro penitenciario en aplicación del artículo 100.2, que las cárceles catalanas también han concedido por el momento al exlíder de la asociación separatista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al exconsejero de Interior, Joaquim Forn.

Forcadell, condenada a once años y medio de prisión por sedición, ha abandonado hacia las 8.30 horas de la mañana la cárcel de Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona), para llevar a cabo labores de voluntariado y cuidar a su madre, de edad avanzada.

La junta de tratamiento de Mas d’Enric acordó el pasado 12 de febrero aplicar a Forcadell el artículo 100.2, que permite flexibilizar su régimen penitenciario, para que pueda salir tres días entre semana, a razón de nueve horas diarias, incluido el desplazamiento de ida y vuelta a la cárcel.

En su cuenta de Twitter, la delincuente Forcadell ha colgado una foto suya saliendo a pie de prisión, con la expresión: “Persistimos”.

Poco después de Forcadell, hacia las 12.00 horas, ha abandonado la cárcel gerundense de Puig de les Basses la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, a quien la junta de tratamiento aplicó el artículo 100.2, que en su caso le permite salir de prisión tres días a la semana, ocho horas cada jornada, para cuidar de un familiar de edad avanzada.

De esta forma, Dolors Bassa es la primera exconsellera del Gobierno catalán de Carles Puigdemont condenada tras el juicio en el Tribunal Supremo a la cúpula del Procés en poder salir de la prisión en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Hasta el momento, las cárceles catalanas han aplicado este artículo, que flexibiliza el régimen penitenciario, a cinco de los nueve líderes del Procés condenados a penas de cárcel por el Supremo: Cuixart -que lo empezó a ejercer el pasado 13 de febrero para ir a trabajar y ejercer de voluntario-, Forcadell y Bassa, además de Sánchez y Forn, que aún no lo han activado.

De los cinco casos en que las cárceles han acordado aplicar el artículo 100.2, medida que es de aplicación inmediata y que requiere de la ulterior aprobación del juez de vigilancia penitenciaria, hasta el momento la Fiscalía únicamente ha pedido que se revoque la de Cuixart, al considerar que su condena también tiene un fin de “intimidación” a la sociedad para disuadir la comisión de delitos.

En el caso de Forn, que cumple condena de diez años y medio en la cárcel de Lledoners, trabajará en el departamento legal de la empresa audiovisual Mediapro, donde se encargará de los temas de derecho penal, durante el permiso que le ha concedido la junta de tratamiento de la cárcel en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Forn podrá salir de la cárcel doce horas y media al día, cinco días a la semana, de lunes a viernes.

La consejera de Justicia, Ester Capella, aseguró la semana pasada que es “previsible” que se pueda aplicar el artículo 100.2 a los nueve presos del Procés y no descartó que a alguno de ellos se le conceda el tercer grado cuando se revise, antes de junio, su actual clasificación.

El 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles -integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros- y los eventuales recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona, a diferencia de la clasificación penitenciaria, en que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador.

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