Los 30 ediles y alcaldes extremistas de CUP van a desobedecer a las sentencias de los tribunales

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Los 30 ediles y alcades extremista de CUP puño arriba con el lema 'independencia es desobediencia' en el fondo. Imágenes facilitadas por la formación antiespañola. lasvocesdelpueblo.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Las abogadas de CUP -partido llave del gobierno autonómico de Juntos Por El Sí de Carles Puigdemont Casamajó- también han explicado a los alcaldes y concejales las consecuencias de caer en un delito de desobediencia a la autoridad. Según el informe de los juristas, esto podría conllevar que se ordenara a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la policía autonómica de Cataluña -Los Mossos de Escuadra- la entrada en los Ayuntamientos para hacerse con la documentación requerida, y una pena de hasta 18 meses de prisión y 3 años de suspensión del cargo público. Barcelona, viernes 15 de abril 2016. Fotografía: Los 30 ediles y alcades extremista de CUP puño arriba con el lema ‘independencia es desobediencia’ en el fondo. Imágenes facilitadas por la formación antiespañola. lasvocesdelpueblo.

Según CUP: “El artículo 410 del Código Penal (el referente a la desobediencia) clarifica cuáles son las penas de estos delitos, multa e inhabilitación, pero no así de prisión. El mismo artículo, en el segundo párrafo, incluye la posibilidad de la desobediencia cuando haya un mandato en sentido contrario al de la orden que se debe cumplir. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en relación a la desobediencia a agentes de la autoridad cometido por ciudadanos, cuando quien lo comete es un funcionario admite un tipo de causa de justificación relativa al choque de legalidades y legitimidades”.

La formación ultra beligerante separatista catalana, Candidatura de Unidad Popular-Crida Constituyente (CUP-CC) ha reunido este jueves 14 de abril 2016 una treintena de concejales y alcaldes de la formación para explicarles cómo pueden desobedecer a la Audiencia Nacional y qué consecuencias puede tener.

La abogada Montserrat Vinyets, de la comisión de juristas de la CUP, instó a los cargos electos a desobedecer la Audiencia Nacional al considerar que los requerimientos que está enviando a los ayuntamientos catalanes en relación a las mociones de apoyo a la declaración de ruptura del Parlamento catalán y ya anulado por el Tribunal Constitucional de la Nación son un asunto político y no jurídico.

CUP: “La forma más clara de evidenciar que es un asunto político es desobedecer los requerimientos de información que son injustos y no tienen ningún fundamento ni amparo legal”, afirmó Vinyets.

CUP: “Entendemos que las peticiones de información de -los agentes de policía catalan- Los Mossos deben desatender porque su complementación persigue acusar a personas concretas de los delitos de rebelión, sedición o malversación de fondos públicos cuando ya existen pronunciamientos judiciales de otros Jueces Instructores que consideran que no estamos ante ningún delito y pertenecen a investigaciones prospectivas prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Somos conscientes de que la falta de respuesta a las peticiones de información pueden dar lugar a la incoación de un proceso judicial por posible delito de desobediencia a la autoridad pero entendemos que políticamente es la opción más correcta”, dicen en su informe.

La CUP ha celebrado este jueves una formación jurídica para explicar a sus alcaldes y concejales como pueden desobedecer los requerimientos de la Audiencia Nacional. El encuentro ha tenido lugar en Artés -un municipio español que pertenece a la provincia de Barcelona y ubicad en la comarca del Bages- y las abogadas Montserrat Vinyets, de la comisión de juristas de la CUP, y Eva Pous, de Alerta Solidaria, han querido dejar claro que las motivaciones de la fiscalía y de la Audiencia Nacional “son políticas y no jurídicas”.

La formación ultra beligerante separatista, desde un Ayuntamiento del territorio Nacional, aprobar una moción de apoyo a la resolución rupturista del Parlamento autonómico de Cataluña del pasado 9 de noviembre 2015 “no puede ser motivo de delito con el código penal español en la mano”. Por todo ello, ha detallado Vinyets, la CUP hace un llamamiento a sus concejales y alcaldes a desobedecer los requerimientos de la Audiencia Nacional, tal como recomienda un informe de los juristas de la CUP.

En la práctica, la desobediencia significa, según Vinyets, “no atender los requerimientos que -la policía catalana-, Los Mossos, hacen llegar a los Ayuntamientos, ya sea no diciendo nada o bien contestando y explicando los motivos por los que no se atenderán los requerimientos”. De hecho, algunos consistorios gobernados por la CUP como Celrá -un municipio español de la comarca del Gironés y ubicado en la provincia de Gerona,- y Viladamat -un municipio español de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona,- ya han optado por esta vía.

CUP: “Así, como hemos visto últimamente, mientras que otros magistrados, como De la Mata, han optado por valorar que de ninguna manera podía considerarse como constitutivo de los delitos de sedición o rebelión los actos de apoyo a la Resolución del Parlamento para parte de concejales, con argumentos tanto contundentes como que la propia fiscalía no había denunciado a los parlamentarios promotores de la Resolución del 9N”, dicen los extremistas.

Además añaden: “El Magistrado Ismael Moreno -célebre por el caso de los titiriteros- no sólo mantiene abiertos tres procedimientos concretos contra los Ayuntamientos de Vic, Gerona y Deltebre sobre las mociones de apoyo al 9N sino que, además, resulta que es el responsable de una orden genérica los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que se dirijan a los Ayuntamientos -en Cataluña- que han aprobado mociones de apoyo -a la declaración separatista del Parlamento- para que le aporten todo tipo de información”.

La abogada antiespañola de CUP ha detallado que la posición de la Audiencia Nacional en este asunto “no es única”, ya que “hay magistrados que han recibido peticiones de la fiscalía para abrir procedimientos por sedición y algunos no las han admitido y no han abierto ningún tipo de diligencias, mientras que otros magistrados han aceptado la denuncia, pero a la hora de hacer las comprobaciones han decidido archivar el caso“.

En este sentido, Vinyets criticó el magistrado Ismael Moreno que, según la formación extremista catalana, este pobre hombre -que solo aplica la ley- es uno de los más beligerantes en esta cuestión.

Sobre las consecuencias de caer en un delito de desobediencia a la autoridad

Las abogadas de CUP también han explicado a los alcaldes y concejales las consecuencias de caer en un delito de desobediencia a la autoridad. Según el informe de los juristas, esto podría conllevar que se ordenara a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la policía autonómica de Cataluña -Los Mossos de Escuadra- la entrada en los Ayuntamientos para hacerse con la documentación requerida, y una pena de hasta 18 meses de prisión y 3 años de suspensión del cargo público.

Asimismo, el informe destaca que, según el Código Penal de la patria, “no se incurrirá en responsabilidad criminal las autoridades que no den cumplimiento a un mandato que sea una infracción manifiesta de la ley o de cualquier otra disposición general”. 

El informe de la CUP también destaca que, según el Código Penal de la Nación, que por incurrir los delitos de rebelión y sedición es necesario que haya habido uso de la violencia física, lo que no ha ocurrido en la aprobación de las mociones municipales -que impulsa la formación antiespañola en todos los ayuntamientos españoles de mayoría separatista en Cataluña- de apoyo a la declaración separatista del pasado 9 de noviembre 2015 en el Parlamento autonómico de Cataluña de inicio de desobediencia a las instituciones de la Nación, para la creación de la república catalana separada del resto de la patria.

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