Los acusados golpistas separatistas reprochan a la Justicia su “mala fe, venganza y escarnio”

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 24.07.2020. Vista de los 5 acusados golpistas del Procés, exmiembros de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña en 2017. Ha quedado este viernes, 24 de julio de 2020, visto para sentencia el juicio por desobediencia a los golpistas miembros de JxSí -ERC y Convergencia-PDECAT- en la Mesa del Parlamento de Cataluña en la pasada legislatura -Lluís Corominas (c), Anna Simó (2ª d), Ramon Barrufet y Lluís Guinó- así como la exdiputada de la CUP Mireya Boya (i), para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido 1 año y 8 meses de inhabilitación. El partido político VOX ejerce de acusación popular, tal y como ya hizo la formación de Santiago Abascal Conde en el Juicio Procés a los líderes golpistas del separatismo en Cataluña. ACN

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Los acusados miembros de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña en la anterior legislatura y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, juzgados por desobediencia, han denunciado este viernes el “ensañamiento” del Tribunal Supremo con la expresidenta de la cámara Carme Forcadell, a quien se le han revocado las salidas laborales. Barcelona (España), viernes 24 de julio de 2020.

Los acusados compañeros de la presa golpista Forcadell se han solidarizado con ella minutos antes de que comenzara la última sesión del juicio que enfrentan en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer al Constitucional para permitir la tramitación de las tres leyes del ‘Procés: Ley del referéndum ilegal del 1-O, Ley de la proclamación de independencia de Cataluña y Ley de la Transitoriedad Jurídica (para negociar con el Gobierno de España la separación de Cataluña tras la independencia).

“Ante este ensañamiento por parte del Tribunal Supremo, que no entiende ni de leyes ni de legalidad, sino que sólo entiende de venganza, la única cosa que podemos hacer es persistir”, ha señalado Boya a los medios antes de mostrar todo su “apoyo” a la expresidente del Parlamento de Cataluña y a “todos los independentistas” que afrontan causas judiciales vinculadas al Procés.

“Lo único que han hecho es defender la autodeterminación de Cataluña”, ha aseverado la política de ultraizquierda separatista, quien ha recalcado que no se trata de una cuestión “individual”, sino de “una causa colectiva: va de derechos y libertades”, ha enfatizado.

Por su parte, la exdiputada de JxSí (ERC y Convergencia-PDECAT) Anna Simó ha denunciado que el Estado español está “aplicando un derecho vengativo” tanto a Forcadell -a la que se le ha revocado la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que le permitía salir de la cárcel para trabajar- como al Gobierno separatista y a la sociedad civil catalana, y ha instado a continuar alzando la voz.

“No sólo no podemos estar callados ante este atropello de los derechos fundamentales de las personas y de los cambios de jurisprudencia a media partida, sino que, desde mi posición humilde, pido a la ciudadanía que tampoco se calle”, ha subrayado.

Su colega Ramona Barrufet se ha expresado en una línea similar al reprochar al tribunal su “mala fe, venganza y escarnio”.

“Son palabras que no deberían existir y, si vienen de la Justicia, la situación se convierte en muy precaria”, ha indicado para agregar que “cuando la política se judicializa, el sistema se vuelve perverso” y lleva a “represión por todos lados sin ningún tipo de explicación”.

Por último, Lluis Guinó ha reclamado el fin de la “represión” y ha abogado por que “las cuestiones políticas se diluciden donde toca, que es básicamente en los parlamentos”. “El objetivo de nuestra lucha y presencia aquí es que algún día cercano se normalice la situación y lo que tenía que ser un debate político no se judicialice”, ha insistido.

El juicio a los miembros de JxSí en la Mesa en la anterior legislatura -Lluis Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluis Guinó- y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año y ocho meses de inhabilitación, llega este viernes a su última sesión, en la que la causa debe quedar vista para sentencia después de que las partes expongan sus informes.

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