Los bancos rechazan el FRCAT y los encausados avalan las fianzas del Procés con sus bienes y «Caja de Resistencia» de la República Catalana

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 25.06.2021. Vista de la fachada del Tribunal de Cuentas en la capital del Reino de España, Madrid, cuando se haya conocido este viernes, 25 de junio de 2021, el nuevo varapalo de este organismo sobre la malversación exterior por parte del separatismo en el Procés. Cuentas ha citado a cerca de excargos de la Generalidad de Cataluña, de 2011 a 2017, con los embargos de bienes o cifras millonarias sobre la Mesa por la propaganda separatista pagada con fundos públicos fuera de las fronteras del reino de España a través de la Consejería de Exteriores y del DIPLOCAT. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), martes 20 de julio de 2021. La mayoría de los 34 ex altos cargos del Gobierno de coalición independentista de Generalidad de Cataluña a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5.422.411,10 euros de fianza por los gastos de promoción del Procés en el exterior, desde 2011 hasta 2017, depositarán bienes y propiedades personales para cubrir al máximo la suma exigida dentro del plazo fijado, que vence mañana, miércoles 21 de julio de 2021.

Según han informado fuentes jurídicas a Efe, los encausados en el Tribunal de Cuentas han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada «caja de resistencia», puesto que el Gobierno de coalición independentista de Generalidad de Cataluña no ha encontrado ningún banco para avalar esas cantidades y ha descartado hacerlo a través del Instituto Catalán de Financias (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad.

En paralelo, los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas, mientras el Gobierno de coalición independentista de Generalidad de Cataluña sigue buscando una entidad bancaria que acceda a entrar en la operación, a través del «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT), creado por el ejecutivo de coalición separatista de ERC y JxCat apoyado en CUP, que preside Pere Aragonés García, con la intención de pagar las fianzas de los encausados con el dinero público.