Efe – La defensa del empresario Oriol Soler, uno de los principales investigados de la «Operación Volhov«, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aparte del caso al juez instructor, al entender que se ha arrogado la competencia para dirigirlo por cuestiones políticas. Barcelona (España), sábado 14 de noviembre de 2020.
Soler, que fue miembro del «estado mayor» que organizó el 1-O, fue detenido el pasado 28 de octubre junto a una veintena de personas más, en una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al expresidente Carles Puigdemont, varias operaciones de tráfico de influencias y posibles tanteos del independentismo en Rusia en busca de apoyo al «procés».
La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, se enmarca en una pieza separada que el magistrado abrió a raíz de unas conversaciones grabadas que se intervinieron en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, principal imputado en una causa abierta hace más de cuatro años por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a la extinta formación.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, Benet Salellas, abogado de Soler, pidió la semana pasada al juez instructor que remita la nueva pieza al decanato de los juzgados de Barcelona para su reparto, al entender que él no puede asumir un procedimiento que guarda «absolutamente sustantividad propia» respecto a la causa principal, sin una resolución que argumente la «conexidad» entre ambos casos.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez ha rechazado la petición de Salellas, al que recuerda que ha seguido el «criterio habitual» de los juzgados de Barcelona, que establece que el juzgado que deduzca testimonio de unas diligencias será el «competente» de las mismas.
La defensa ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona, en el que alega que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «cada delito dará lugar a la formación de una única causa» y denuncia que se han vulnerado los derechos de Soler al «juez natural y al juez imparcial».
El escrito resalta que «el mantenimiento de una competencia injustificada» en el caso «rompe totalmente la apariencia de imparcialidad», puesto que «puede provocar una sospecha razonada de que el órgano judicial se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que legalmente le corresponde por motivos ajenos a la administración de justicia».
«Y esto aún se agrava más en la presente causa, que tiene una trascendencia política propia evidente, en tanto en cuanto versa sobre el procés catalán y los sujetos investigados forman parte o son próximos a partidos u organizaciones políticas», añade.
Según el letrado, el juzgado no ha dictado ninguna resolución específica sobre «conexidad» entre las dos causas, como prescribe el sistema procesal, que desde la última reforma de 2015 establece «como regla general que cada delito dará lugar a la formación de una única causa».
