Madrid (Reino de España), martes 11 de junio de 2024 (Efe).- Los fiscales mantienen su ‘no’ a la amnistía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a los cuatro fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del Procés que elaboren un «informe procesal» y «no genérico» como el que le presentaron hace días, en el que se oponían a amnistiar la malversación, una postura que mantienen actualmente.
Fuentes jurídicas informan a Efe de que el fiscal general se ha reunido este martes a petición suya con los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno para solicitarles que respondan específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo sobre la amnistía.
Los fiscales han respondido que ellos ya le entregaron un extenso informe de más de 100 páginas hace unas semanas, si bien García Ortiz les ha insistido en que es preciso elaborar «un informe procesal» y «no un informe genérico sobre la ley», porque en el anterior opinaban de cuestiones políticas, otras de las que no eran competentes y de otras sobre las cuales el Supremo no les ha preguntado.
Según las fuentes, los dos fiscales se han comprometido a entregarlo, sin dar más detalles ni adelantar en la reunión cuál será su posición.
Los fiscales van a mantener su criterio
No obstante, otras fuentes indican a Efe que los fiscales van a mantener su criterio y no piensan modificarlo, es decir, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, «afecta a intereses financieros de la UNión Europea» y que solo se pueden perdonar los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Es más, avanzan que este mismo miércoles le entregarán el informe definitivo ya que el anterior era un borrador, si bien no van a realizar ninguna modificación respecto de su posición jurídica.
Cuando lo entreguen, el fiscal general tendrá que ver si avala su postura, de lo contrario los fiscales del Procés invocarán el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público para la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala. Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general.
El magistrado del Supremo Pablo Llarena Conde que instruye la causa contra el expresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, candidato de la derechista cobarde separatista Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura tras los comicios catalanes del pasado 12 de mayo de 2024 (12M) y prófugo de la Justicia española desde 2017, Carles Puigdemont Casamajó, la prófuga de la Justicia y secretaria general de la extrema izquierda separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quien anunció que dejará el cargo, Marta Rovira Vergés; y los prófugos exconsellers Antonio Comín Oliveres y Lluís Puig Gordi así como la sala de lo Penal del Alto Tribunal han dando un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la ley de amnistía a los hechos en cuestión.
Además, LLarena ya ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado que las órdenes de detención nacional siguen activas contra Carles Puigdemont Casamajó, Marta Rovira Vergés, Antonio Comín Oliveres y Lluís Puig Gordi. Ahora sí que esta primera decisión del Instructor del Procés por sí ya anula los efectos de la ley corrupta de amnistía criminal dado que los prófugos ya se frotaban las manos que van a comer los turrones en España. Y es que Puigdemont ya estaba preparando su discurso de investidura para pisar tan pronto el suelo español cuando se admite a trámite su solicitud de amnistía criminal| Los fiscales mantienen su ‘no’ a la amnistía.
