Redacción.- Barcelona (España), lunes 12 de diciembre de 2022. La semana pasada se conmemoraron dos fiestas por los ciudadanos españoles, el 44 aniversario de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción. El día de la Constitución, se celebró de diferentes maneras, en Madrid se realizó una ceremonia que contó con la participación de los políticos, excepto de Cataluña y País Vasco; diferentes autoridades y representantes del Ejército y Guardia Civil.
En Cataluña, la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC) , organizó una manifestación en contra de la derogación del delito de sedición y sustituido por el de «Desórdenes Públicos Agravados», con el que no están de acuerdo, porque entienden que se está atentando contra la libertad de expresión y manifestación. Participaron: JxCat, la CUP, críticos de ERC y diversas entidades, e incluso quemaron alguna bandera de España y cartones con imágenes de la Constitución Española.
El miércoles día 7, se produjeron dos golpes de estado, uno en Alemania, provocado por un grupo de ultraderecha que añora el Tercer Reich y niega la existencia de la República Federal Alemana. Sus autoridades los venían investigando hace tiempo, los detuvieron en diferentes ciudades e incluso en el extranjero, y hoy están en la cárcel, porque se aplicaron diligentemente las leyes correspondientes.
El otro golpe se produjo en Perú, su presidente adelantándose a la decisión del Congreso que iba a votar por tercera vez su permanencia en el cargo, decidió adelantarse y leer un discurso frente a las cámaras de televisión anunciando el cierre del Congreso, unas horas después fue destituido por la Cámara, detenido por la policía y se encuentra en prisión acusado de presunta rebelión.
En Cataluña, entre septiembre-octubre de 2017, se realizó: un referéndum ilegal, presentaron unas leyes de desconexión y declaró la independencia. Unos se fugaron escapando de la justicia y otros se entregaron. Se realizó el juicio y fueron condenados por el delito de sedición y algunos además por malversación de caudales públicos, por haber utilizado dinero público para desarrollar el procés de independencia.
Mientras estaban en la cárcel, el Gobierno central y el de Cataluña, negociaron los indultos, con la excusa de conseguir mejorar la convivencia y la concordia en Cataluña, pero en realidad lo que necesitaba era conseguir mayores apoyos para sacar adelante sus leyes y presupuestos. Una vez estaban fuera, continuaron negociando a través de mesas bilaterales y de diálogo, hasta que a finales del mes de julio, el Gobierno se comprometió a desjudicializar el «Procés»(acuerdos políticos) y fortalecer el uso de la lengua catalana.
Por otro lado, el Gobierno central necesitaba aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023, para sacarlos adelante y poder seguir gobernando hasta acabar la legislatura (finales de 2023), requirió del apoyo del Gobierno de ERC y Bildu, estos pidieron contraprestaciones, en el caso catalán, se debería derogar el delito de sedición del Código Penal y sustituirlo por el de desórdenes públicos agrados. Así se hizo, presentando por parte del PSOE y Podemos una proposición de Ley, que ahora se encuentra en proceso de enmiendas.
Aprovechando este periodo de modificación, ERC, haciendo de legislador, añadió una reforma al delito de malversación de caudales públicos (art.432 del Código Penal), llegando a hacer una distinción entre dos tipos de malversación, con y sin ánimo de lucro, que se castiga con diferentes penas de cárcel e inhabilitación. Además creó el delito de enriquecimiento ilícito.
Esta semana, el PSOE, presentará una reforma al delito de malversación que cotejará con el de ERC, pasará por la comisión, el pleno y posteriormente al Senado. Todo deberá estar listo antes de finalizar el año.
Una vez derogada la sedición y modificada la malversación que lleva aparejada el tiempo de inhabilitación, significaría una amnistía encubierta.
Igualmente, el Gobierno, decidió presentar una enmienda a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y con ello poder nombrar directamente a sus representantes en el Tribunal Constitucional y no tener que esperar a que lo haga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
También, cambió el número de miembros necesarios para elegir a los suyos, pasando de 3/5 a una mayoría simple, pero al realizar esta modificación está vulnerando la Constitución Española en su artículo 159.3, donde se menciona el proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional.
Por último, ante estos acontecimientos, los partidos de la oposición VOX y Ciudadanos han solicitado una moción de censura, mientras el PP y Vox han decidido que denunciarán los hechos ante el Tribunal Constitucional y la Unión Europea y otra formación política catalana, sin representación parlamentaria, VALENTS, ha solicitado también la moción de censura.
En conclusión, las autoridades de Alemania y Perú, cómo juzgarían los hechos ocurridos en octubre de 2017, en Cataluña, y lo que están haciendo con la reforma del Código Penal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional, para satisfacer las ambiciones independentistas a cambio de seguir gobernado en perjuicio de: la separación de poderes, la igualdad entre españoles (CE art.14), la quiebra de las leyes y del Estado de Derecho, el atropello a la Constitución Española, la integridad territorial y la Unidad de España al negociar con los que quieren romper el país, y si pueden son capaces de cambiar del modelo actual a una república confederal.
«Si se va a reformar la Constitución Española, queremos que nos consulten a todos los ciudadanos y que votemos si queremos eliminar todos los privilegios a Euskadi, Navarra y Cataluña, una Sanidad centralizada con Tarjeta Sanitaria Única y una Educación igual para todos, con los mismos textos educativos en todas las Comunidades Autónomas (CCAA)», (Bernardo Rabassa, 2022).
Manoly A. Roldán
