Los golpistas presos del Procés exigen al Tribunal Supremo «expulsar a VOX» del expediente de sus «indultos»

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 14.10.2019. El Tribunal Supremo ha condenado por la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Asimismo, condena por el delito de sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación. Captura pantalla de imágenes vídeo de rtve. Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo

Lasvocesdelpueblo y Agencias- La defensa del de los golpistas presos separatistas: el expresidente de la entidad hispanófoba Asamblea Nacional Catalana (ANC); Jordi Sánchez; y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull han urgido al Tribunal Supremo a emitir ya su informe sobre los indultos a los golpistas del Procés, sin esperar el escrito que debe presentar la Abogacía del Estado para fijar su posición. Después de afear al Supremo, los enemigos del Reino de España han exigido al Tribunal «expulsar a Vox» de los expedientes de sus indultos, alegando que la Ley de los indultos no dice textualmente que la Acusación Popular del Juicio debe opinar n los expedientes de los indultos. Barcelona (España), domingo 17 de enero de 2021.

En un escrito presentado ante el Supremo, la defensa de los tres golpistas del proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto del Reino España, el llamado Procés, todos de Juntos por Cataluña JxCat, afea al Tribunal Supremo que no esté tramitando los expedientes de indulto a los golpistas presos, solicitados hace más de un año, «con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes» .

«La injustificada lentitud con la que se están tramitando los expedientes de indulto parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos», denuncia la defensa, ejercida por el abogado Jordi Pina.

Por ese motivo, los tres condenados han pedido al Supremo que «dé el oportuno impulso procesal» a la tramitación de los expedientes, que el Gobierno no podrá resolver hasta que no reciba el preceptivo informe del tribunal sentenciador sobre la conveniencia o no de otorgar esa medida de gracia.

La Fiscalía ya ha presentado un escrito en el que, al igual que la acusación popular ejercida por Vox, se opone a la concesión de los indultos a los líderes independentistas y ahora se está a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la medida.

No obstante, la defensa de Sánchez, Rull y Turull recuerda que, de acuerdo con la ley reguladora del indulto, «nada impide» al tribunal emitir su informe sobre la medida de gracia sin que la Abogacía del Estado se haya pronunciado.

El escrito insiste en que, pese a que no fueron los golpistas condenados los que solicitaron los indultos, la finalidad de esa medida es «operar como un corrector de la ley penal en los casos en los que su aplicación en forma de ejecución de la pena pueda resultar desproporcionada e injusta».

Por ese motivo, los golpistas secesionistas defienden que la tramitación de los indultos «debería operar bajo las máximas de celeridad», especialmente teniendo en cuenta que «se encuentran privados de libertad».

Sánchez, Turull y Rull exigen además al Tribunal Supremo que «expulse a Vox», la Acusación Popular del Juicio contra ellos, de los expedientes de indultos y tenga por no presentados sus escritos oponiéndose a la medida, porque la ley solo prevé que deban pronunciarse la Fiscalía y la «parte ofendida si la hubiera», sin mención alguna expresa o implícita a la Acusación Popular.

La defensa de los golpistas enemigos del Reino de España solicita al Tribunal Supremo que, posteriormente, remita «sin mayor dilación» los expedientes de indulto al Ministerio de Justicia del Gobierno de coalición socioseparatista y socioetarras de España del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y vicepresidente Pablo Iglesias (Podemos) para que los resuelva.