Redacción.- Madrid (España), viernes 9 de diciembre de 2022. Comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —la entidad española mayoritaria de jueces con más de 1.400 asociados que defiende la independencia del Poder Judicial y Tribunal Constitucional— sobre las enmiendas de politización de estas instituciones por parte del Poder Ejecutivo (Gobierno) y Poder Legislativo (Congreso de los Diputados), pactadas entre Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón, y sus socios de la investidura para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
EL COMUNICADO DE LA (APM)
«La Asociación Profesional de la Magistratura hace pública su preocupación ante las enmiendas presentadas, en el día de hoy, por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) y por el Grupo Parlamentario Confedera) de Unidas Podemos-En Cornú Podem-Galicia en Común, con la finalidad de modificar las reglas de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el actual procedimiento de designación, aún en curso.
Por un lado, se pretende alterar la mayoría necesaria para dicha elección por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fijada en tres quintos —tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada hace menos de cinco meses— y que, ahora, de prosperar dichas enmiendas, se vería rebajada a mayoría simple sin necesidad de un quórum mínimo previo y limitando el voto de cada vocal a un solo candidato o candidata, siendo elegidos los que hayan obtenido un mayor número de votos.
Esta propuesta evoca la planteada en 2020 con relación a la modificación de las mayorías para la elección de los miembros del CGPJ, cuya retirada había sido calificada por la Comisión Europea, en su último Informe publicado sobre el Estado de Derecho, como «un avance positivo» dado que «habría incrementado la percepción del Consejo como una institución vulnerable a la politización», valoración favorable despreciada por las enmiendas presentadas al intentar, nuevamente, cambiar las reglas, previamente establecidas, que arbitran un procedimiento de elección en trámite.
Por otro lado, pese al mandato constitucional de renovación por terceras partes (art 159.3 de la Constitución), se habilita también al Gobierno y al CGPJ para que realicen sus respectivas propuestas de nombramientos, aunque la otra parte no lo haga.
Además, se suprime la verificación —por el Pleno del Tribunal Constitucional—, de los requisitos requeridos por los magistrados propuestos, verificación que se califica por los expresados Grupos Parlamentarios (PSOE y Unidas Podemos) de «trámite legal adicional» y «disfuncional», situación, más grave si cabe, cuando, a día de hoy, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del estado (BOE) el acuerdo por el que propone el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional que, en consecuencia, se verían dispensados de dicha fiscalización, al igual que los que, en su día, se propongan por el CGPJ.
Desde el pleno respeto a la separación de poderes, denunciamos que, ante la previsión de disposiciones transitorias dirigidas a tal fin, estas propuestas inciden directamente en el procedimiento en curso para la renovación del Tribunal Constitucional, contribuyendo a una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Por eso, la Asociación Profesional de la Magistratura apela, una vez más, con la prudencia que exigen las extraordinarias circunstancias que vivimos, pero con la rotundidad que reclama su firme compromiso con las libertades y con el principio democrático, a la responsabilidad institucional de garantizar, sin reserva alguna, los valores del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas.
Madrid, 9 de diciembre de 2022″.
