Lasvocesdelpueblo y Agencias – Esos pro secesionismo tachan de «arbitraria» la «prisión preventiva» de los presos del golpismo en Cataluña. Y, curiosamente, exigen que el Gobierno en funciones de España de Pedro Sánchez libere a los presos separatistas del Procés, diga lo que diga el Poder Judicial español. Dicen que si Sánchez no lo hace, entonces España dejará de ser «una democracia». Estos sujetos, ni han entrado en valorar el Procés, solo se han quedado con la prisión preventiva obviando, incluso la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se conoció esta misma semana contra Puigdemont y todo el independentismo. Ese Tribunal Europeo reconoció por primera vez la «violencia» en el procés por parte del independentismo y respaldó la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española de 1978 en Cataluña el pasado 27 de octubre de 2017.
En su documento, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas «arbitrariamente de libertad».
El texto se difunde después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
Un grupo de trabajo de la ONU, formado de gente pro independencia de Cataluña, ha calificado de «arbitraria» la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, según la resolución a la que hoy ha tenido acceso Efe.
Este organismo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera en el documento que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.
El grupo de trabajo presentará hoy la resolución en una rueda de prensa en Londres, y el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos, adelantó a Efe que España puede afrontar una «corriente de condena de la comunidad internacional» si no los libera.
En su resolución, el grupo pide al Gobierno español que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras «sin dilación», y considera que el «remedio adecuado» sería poner a estas tres personas «en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación» en virtud del derecho internacional.
Al mismo tiempo, insta al Gobierno a que ponga en marcha una «investigación exhaustiva e independiente» de las circunstancias en torno a la «privación arbitraria» de la libertad de los imputados y que «adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».
En su documento, el grupo solicita al Gobierno que le proporcione «información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas» en el texto.
El organismo pregunta en qué fecha se pondrá en libertad a Cuixart, Sánchez y Junqueras; qué indemnizaciones u otras reparaciones se concederán a los afectados y si se ha investigado la violación de los derechos de los tres políticos.
El grupo invita al Gobierno a que le informe de las dificultades que puede haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional, como puede ser con una visita del grupo de trabajo.
Pide al Ejecutivo que le proporcione la información solicitada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
En su documento, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas «arbitrariamente de libertad».
El texto se difunde después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
El abogado Ben Emmerson, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, vinculó la conclusión del grupo de la ONU con la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que, según dijo a Efe, España es firmante.
No poner en libertad a los políticos independentistas, agregó Emmerson, supondrá «una violación del derecho internacional».
«La marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional. Esta no es una cuestión de elección sino una cuestión de obligaciones legales», señaló.
En su opinión, si España no cumple, «entonces ya no tiene el derecho de ser una democracia gobernada por el estado de derecho».
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, y establece mecanismos para su protección y garantía.
