Los ‘rojos’ afilan sus cuchillos contra el PP, exigen la imputación de Aguirre

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El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha presentado hoy su informe político en una reunión de la Coordinadora Federal, órgano de debate y decisión creado en la XI Asamblea Federal, que sustituye y completa las competencias de la anterior Presidencia Ejecutiva Federal. Efe.

Agencias – La querella de Izquierda Unida y colectivos sociales como Equo y Ecologistas en Acción añade además, que la imputación de Esperanza Aguirre es necesaria, sobre todo teniendo en cuenta el “grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta”, Ignacio González. Madrid (España), miércoles 26 de abril de 2017. Fotografía: El líder de IU, Alberto Garzón, Alberto Garzón, en una imagen archivo de Efe.

Izquierda Unida ha presentado hoy una querella por la que solicita unirse a la causa que investiga la supuesta corrupción en el canal de Isabel II y en la que pide que se impute a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, al exministro Eduardo Zaplana y al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En la querella presentada junto con otros partidos y colectivos sociales como Equo y Ecologistas en Acción, también solicita al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que cite en calidad de investigados a los extesoreros del Partido Popular Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y a la propia formación política.

IU considera que Aguirre podría haber incurrido en un delito de encubrimiento pues tenía un “perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones” que se llevaron a cabo por los detenidos, entre ellos su sucesor, Ignacio González, en prisión por este caso.

Según la querella, “por razón de su puesto” como presidenta regional, Aguirre conocía lo que estaba ocurriendo, sobre todo en relación al supuesto saneamiento de las cuentas del PP madrileño que realizó González -según el auto de prisión- con dinero procedente de una empresa pública regional en 2012 cuando llegó a la Presidencia de la Comundidad de Madrid.

De hecho, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha subrayado que “hay indicios técnicos suficientes como para imputar a Esperanza Aguirre” pues ella no era simplemente “una persona que pasaba por allí”.

La querella añade además, que la imputación de Esperanza Aguirre es necesaria, sobre todo teniendo en cuenta el “grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta”, Ignacio González.

IU pide también la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la reunión que éste mantuvo con el hermano de González, Pablo, que comparte celda con el expresidente, cuando éste ya conocía que estaban siendo investigados.

Para la formación, Nieto podría haber incurrido en los delitos de revelación de secretos y obstrucción a la Justicia si hubiese dado información acerca de la investigación que pesaba sobre González y su hermano y, si esto se hubiese producido, hay “más que posibilidades de que se hayan podido ocultar pruebas”.

En relación al PP, Izquierda Unida subraya que éste aparece como “beneficiario directo” de las actividades de la trama y que tuvo una “absoluta falta de control interno”.

“Se desviaban pagos en B desde constructoras, empresas públicas e incluso organizaciones empresariales para la financiación ilícita de las diferentes campañas electorales del PP”, señala la querella.

Con respecto al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, IU cree que mantuvo comunicaciones con Ignacio González “con el claro objetivo de poder intervenir en órganos de la judicatura y de la propia fiscalía”.

Los querellantes también piden al juez que vuelva a imputar al presidente de La Razón, Mauricio Casals, a quien Velasco levantó la imputación al considerar que no existieron coacciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Consideran que los integrantes de esta supuesta trama corrupta cometieron hasta 13 delitos, entre ellos el de organización criminal, y que todos ellos “estuvieron durante un largo período de tiempo a sueldo de distintas empresas”.

Su finalidad era, según apunta la querella, la de “apropiarse de caudales públicos, recibir sobornos por adjudicaciones o con el objetivo de allegar fondos al PP”, que luego iban a parar a paraísos fiscales.

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