Efe – Para dar valor al contenido del informe basado en las comunicaciones CRS, la defensa de los Pujol resalta que el propio director de la Agencia Tributaria en 2018, Jesús Gascón, señaló en un congreso en Alicante que este mecanismo de intercambio automático de información había permitido detectar 457.000 millones de euros en cuentas en el extranjero. El pasado mes de diciembre, la Agencia Tributaria remitió a la Audiencia Nacional un informe en el que concluía que el expresidente de la Generalitat defraudó a Hacienda 885.651 euros en el año 2000, pero que ese ejercicio fiscal ya está prescrito. Barcelona (España), España jueves 21 de mayo de 2020.
La defensa de los Pujol ha aportado a la Audiencia Nacional un documento de la Agencia Tributaria para acreditar que no ocultan más patrimonio que el que regularizaron en Andorra, ya que no les atribuye fondos en 101 jurisdicciones internacionales, sin contar con los del Principado y Francia.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, que los Pujol han remitido al titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga al expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus hijos a raíz de la fortuna que tuvieron oculta en Andorra.
El pasado mes de octubre, la defensa de los Pujol, que ejercen los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, pidió a De la Mata que solicitara a la Agencia Tributaria la mencionada certificación, pero el magistrado rechazó la diligencia, de acuerdo con el criterio de la Abogacía del Estado, acusación particular en la causa.
El escrito de la Abogacía del Estado, firmado por la letrada Rosa María Seoane, se oponía a que el juez solicitara esa certificación, al considerar que era una diligencia «innecesaria», teniendo en cuenta que los propios imputados pueden obtener esa información y aportarla al juzgado de considerarlo oportuno para sus intereses.
De esta forma, han sido los Pujol los que han solicitado una certificación de los datos comunicados a España a través del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria, basado en los procedimientos que se definen en el Estándar Común de Declaración (CRS), en el que participan 101 jurisdicciones, entre ellas Andorra, Suiza y Liechtenstein.
A raíz de esta petición, el departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria ha corroborado que en 2017 únicamente constaban dos cuentas a nombre de Josep Pujol Ferrusola en la Banca Privada d’Andorra (BPA), con un saldo conjunto de dos millones de euros -que ya había declarado-, y una cuenta de Mireia Pujol Ferrusola en la Banque Postale de Francia, con saldos que entre 2016 y 2018 oscilaron entre los 55 y los 188 euros.
En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, la defensa de los Pujol subraya que el «silencio» en la respuesta respecto a su solicitud para detectar la existencia de fondos del resto de la familia «no es inocuo», ya que «aporta una información» de interés ya que constata que no existen comunicaciones CRS vinculadas a ellos.
La defensa de los Pujol se queja de las «debilidades, gratuidades y lo inaprovechable» de varios de los informes con que la UDEF sostiene en la causa que la familia del expresidente catalán disponía de un «patrimonio desorbitado» vinculado a una supuesta «actividad delictiva generadora de los fondos».
Para dar valor al contenido del informe basado en las comunicaciones CRS, la defensa de los Pujol resalta que el propio director de la Agencia Tributaria en 2018, Jesús Gascón, señaló en un congreso en Alicante que este mecanismo de intercambio automático de información había permitido detectar 457.000 millones de euros en cuentas en el extranjero.
El pasado mes de diciembre, la Agencia Tributaria remitió a la Audiencia Nacional un informe en el que concluía que el expresidente de la Generalitat defraudó a Hacienda 885.651 euros en el año 2000, pero que ese ejercicio fiscal ya está prescrito.
En el caso de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, la Agencia Tributaria sostuvo en ese informe que pudo haber defraudado hasta 10,4 millones de euros entre 2003 y 2012.
