Efe – Los cuatro acusados de desórdenes públicos por cortar la Ronda de Dalt de Barcelona durante la huelga independentista del 8 de noviembre de 2017, para quienes la fiscal pide entre tres y cinco años de cárcel, han alegado su derecho a huelga y han negado mantener cualquier vínculo con los Comité de Defensa de la República Catalana (CDR). Madrid (España), lunes 21 de septiembre de 2020.
Así lo han sostenido ante la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, donde este lunes ha comenzado el juicio que enfrentan por un delito contra al seguridad vial y otro de desórdenes públicos por su papel durante el paro general convocado contra el encarcelamiento de parte del Govern tras el referéndum del 1-O.
Durante la sesión de hoy, los cuatro acusados han esgrimido su legítimo derecho a huelga y manifestación, han recordado que la concentración era legal y han negado que fueran integrantes de «uno de los sedicientes CDR» (Comités de Defensa de la República) o que mantuvieran cualquier tipo de enlace con dicho grupo, tal como sostiene el ministerio público.
Todos ellos han explicado que acudieron a primera hora de la mañana a una cita convocada por diversos colectivos y entidades en la marquesina de la Vía Júlia, en el distrito de Nou Barris, para participar de un piquete informativo, pero han aseverado que en ningún caso formaban parte de la organización.
También han rebatido que contribuyeran a esparcir con una escoba el aceite que algunos manifestantes llevaban en un bidón y han recalcado que ni vieron la acción ni tampoco manchas en el suelo, pues sólo tuvieron conocimiento de ello -han subrayado- durante el proceso judicial.
Según el ministerio público, los investigados habrían colaborado en el vertido de alguna sustancia en la vía en la que se manifestaban, la carretera B-20, para que los coches que transitaban se «deslizaran», ello en el marco de una protesta no autorizada de unas 200 personas que cortaron el tráfico en ambos sentidos de la circulación entre las 07:00 y las 11:00 de la mañana.
Con esta acción, añade el escrito fiscal, los acusados causaron 15 kilómetros de retenciones que afectaron a 40.000 vehículos y 750 camiones y generaron «numerosas situaciones de conflicto» con conductores y usuarios de la vía, ante los que adoptaban «actitudes intimidatorias, amenazas, insultos y gestos obscenos».
Sin embargo, de acuerdo con el relato de uno de los acusados, a quien se le aplica el agravante de reincidencia, el piquete del que formaban parte -que se dirigía en dirección a la Ronda Litoral- no participó en ningún altercado y llegó incluso a abrir un carril para que pudieran pasar los vehículos hasta aproximadamente las 11 horas, cuando los congregados abandonaron la carretera y siguieron hasta la plaza de la República.
Él mismo ha relatado que su grupo se cruzó con otro piquete que se dirigía en sentido contrario, hacia el centro de Barcelona, y ha insistido en que no hubo enfrentamientos con los conductores, más allá de algunos insultos que les profirieron por cortar la vía.
Una tesis que han apuntalado el resto de acusados quienes, a las continuas preguntas de la fiscal, han negado en rotundo cualquier nexo con los CDR, así como indicios de «intimidación» o «amenazas» hacia los mossos que seguían la manifestación o hacia los conductores que circulaban por la B-20.
El único incidente que han admitido -aunque cursa en una causa aparte- ha sido la «caída» de un motorista que supuestamente quería «pasar por encima» de los manifestantes y que se habría volcado de su vehículo, tras lo cual habría recibido la ayuda de los presentes.
En cambio, el motorista, que ha declarado como testigo, ha garantizado que zarandearon su moto y lo agredieron al punto de que uno de los acusados le dio una patada en la boca y le rompió cuatro dientes.
Por su parte, los Mossos d’Esquadra que han testificado hoy han negado que hubiera episodios violentos, han tildado de «pacífica» la actitud de los manifestantes y han asegurado que ninguno vio cómo se esparcía el presunto aceite en el suelo.
