Efe – Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han expresado su «más enérgica condena» a la violencia registrada en Cataluña como protesta a la sentencia contra los líderes del «procés», una decisión que consideran «fruto de un proceso ejemplar en su marco de garantías». Santander (España), jueves 24 de octubre de 2019.
Además han trasladado su respaldo a los miembros del Poder Judicial en Cataluña y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que «en un desempeño ejemplar de su deber, han llevado a cabo la defensa de las instituciones con alta dosis de sacrificio».
Así lo manifiestan en la declaración institucional con la que ha concluido su encuentro anual, que se ha celebrado en Santander bajo el lema «Treinta años al servicio de la ciudadanía española».
En su opinión, la sentencia del Supremo «no puede ser objeto de semejante ataque e intento de deslegitimación, que no se ha transformado en otra cosa que en un absoluto desprecio al propio Estado de derecho intolerable en una sociedad democrática».
También trasladan a la sociedad «la firme garantía de que la defensa del Estado de derecho y del ordenamiento constitucional seguirá siendo una realidad por encima de cualquier ataque, que solamente encontrará respuesta desde la propia aplicación de la ley».
El encuentro ha sido clausurado por el vocal autonómico del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández, quien ha aludido también a la situación de Cataluña para subrayar que el poder judicial «no admitirá chantajes ni cederá ante amenazas y cumplirá su deber constitucional».
«Quienes deciden vulnerar el orden constitucional no podrán buscar cobijo tras una sedicente voluntad democrática», ha advertido, antes de asegurar que los tribunales seguirán actuando «con independencia, sin sujeción a instrucciones partidistas y en defensa, no de intereses quiméricos, sino en defensa de los intereses de los ciudadanos».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López Moral, ha leído la declaración institucional y las principales conclusiones del encuentro, en las que se demandan medidas para «una respuesta judicial adecuada» a la violencia de género y que se refuerce la seguridad judicial electrónica para impedir fugas de datos.
En opinión de los presidentes de los tribunales superiores de las comunidades autónomas, es necesario «racionalizar definitivamente» la jurisdicción sobre la violencia de género, «completando la especialización y comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer».
Y consideran que todas las causas deben ser instruidas «en órganos especializados y enjuiciadas ante juzgados penales también especializados».
Desde la perspectiva de la prevención proponen fortalecer la asistencia jurídica a las maltratadas, que se intensifiquen los protocolos (sanitarios, policiales y asistenciales) para la detección de estas situaciones, y el refuerzo de los medios que permiten el control de las medidas cautelares adoptadas una vez que el asunto se judicializa.
Añaden que la falta de medios humanos y materiales en los juzgados de violencia de género «no puede negarse» y abogan por ampliar la planta.
