Efe – El ente regulador de comunicaciones en Venezuela, el Ministerio de Interior y Justicia y la Defensoría del Pueblo manifestaron que tendrán un rol vigilante durante las manifestaciones de este 1 de septiembre, «un día particularmente especial» a juicio del ombudsman venezolano, Tarek William Saab, quien espera transcurra en paz. En la víspera de una multitudinaria marcha a favor de un referendo revocatorio presidencial, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenó capturar a más opositores señalados de preparar violencia para este 1 de septiembre y anunció que evalúa acciones contra el Parlamento, de mayoría antichavista. Caracas (Venezuela), jueves 31 de agosto de 2016. Fotografía: El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una de su campañas extremista comunista contra su propio pueblo que ya está al borde de la miseria por las políticas del chavismo. Archivo Efe.
En cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro informó que prepara un decreto para solicitar al Supremo venezolano el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, medida que podrá aplicarse a los más de 100 diputados opositores que controlan la Asamblea Nacional desde enero pasado. El anuncio en cuestión surge un día antes de la denominada «Toma de Caracas», una marcha convocada hace semanas por la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para presionar al Poder Electoral por la agenda del referendo que impulsa la oposición para revocar al mandatario venezolano.
Esta movilización se ha convertido en el centro de atención en Venezuela puesto que la MUD ha dicho que será el inicio de una agenda de pelea que acabará el día que los ciudadanos voten para revocar o no a Maduro, mientras que el chavismo ha advertido sobre supuestos planes de insurrección. En este sentido, Maduro dijo que algunos «cabecillas» de los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia son los autores de estos planes violentos «para masacrar a su propia gente» y que dentro de la MUD existe, por ello, «angustia».
También aseguró que los cuerpos de seguridad están buscando en todo el territorio nacional a varios dirigentes de la MUD que, además de tramar atentados con bombas, planeaban uniformar como militares y policías a sicarios pagados para matar a manifestantes. Por lo anterior, Maduro afirmó que su Gobierno activará un plan preventivo de paz, del que no ha dado mayores detalles, pero que entrará en vigencia a partir de mañana hasta que finalice el año, para «tener un remate victorioso».
Mientras tanto, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó al chavismo a movilizarse también mañana en Caracas en apoyo al Gobierno, en lo que será el inicio de una serie de actividades de calle en respaldo a Maduro. La oposición, por su parte, empezó a recibir hoy a decenas de ciudadanos que llegaron a la capital del país provenientes de varios estados y que caminaron distancias de hasta 700 kilómetros para participar en la marcha del jueves.
Cuatro personas en sillas de ruedas, más de cien indígenas, dos ciclistas y decenas de jóvenes arribaron a Caracas tras varias horas de trayecto y fueron recibidos con aplausos por dirigentes de la oposición venezolana que les brindaron comida y un lugar para descansar antes de la marcha. La MUD hizo un último llamado a participar en la Toma de Caracas de manera pacífica, pidió a su militancia vestir de blanco y aseguró que excluirán a quienes se infiltren en la movilización para promover violencia.
El secretario general del bloque opositor, Jesús Torrealba, explicó que el fin mayor de esta protesta será demostrar que cuentan con una gran maquinaria para activar a los votantes a revocar a Maduro y exhibir ante el mundo «el tamaño inmenso de la Venezuela que quiere cambio». La MUD, que marchará desde siete puntos de la capital venezolana, cambió hoy dos de ellos ubicados en el municipio Libertador, gobernado por el oficialismo, para evitar posible confrontación con grupos chavistas, pero conservó un punto en dicha jurisdicción.
Durante la jornada, Primero Justicia, partido en que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, denunció que once de sus miembros que caminaban desde el estado Anzoátegui (este) hacia Caracas fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada, GNB). Además, a tres periodistas internacionales de Caracol Radio, el periódico francés Le Monde y la radio estadounidense NPR se les impidió el acceso al país y fueron deportados hacia Colombia por incumplir la Ley de Migración vigente en Venezuela.
El ente regulador de comunicaciones en Venezuela, el Ministerio de Interior y Justicia y la Defensoría del Pueblo manifestaron que tendrán un rol vigilante durante las manifestaciones de este 1 de septiembre, «un día particularmente especial» a juicio del ombudsman venezolano, Tarek William Saab, quien espera transcurra en paz.
