Barcelona, 15.12.2020. El próximo 23 de diciembre está prevista la votación en el Senado del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que suprime la condición de lengua vehicular y oficial del castellano o español en el sistema educativo y atribuye a las Administraciones educativas autonómicas la regulación de la enseñanza de y en las lenguas oficiales en los territorios con cooficialidad lingüística.
¿Por qué se suprime el castellano como lengua vehicular de enseñanza?
La exclusión del castellano del sistema educativo español como lengua docente es fruto de un acuerdo entre los partidos que dan apoyo al Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
Su finalidad es blindar el modelo de inmersión lingüística obligatorio en catalán; impedir que los proyectos lingüísticos de los centros educativos den un tratamiento equilibrado a las lenguas oficiales; y facilitar el control lingüístico de los equipos directivos de los centros educativos sobre las actividades que desarrollan los alumnos en todo momento, esto es, tanto en los períodos escolares como extraescolares para dominar la lengua de interrelación en el patio, por ejemplo.
¿Por qué la reforma discrimina a los alumnos catalanes?
En el sistema educativo español la lengua oficial del Estado debe ser lengua de enseñanza y en aquellas Comunidades Autónomas en las que hay otras lenguas oficiales, éstas también deben ser lenguas de comunicación y docentes.
Por lo tanto, de conformidad con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña los alumnos catalanes tienen derecho a ser escolarizados en las dos lenguas oficiales (catalán y español) en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y en aranés en el Valle de Arán.
Sin embargo, ese modelo de convivencia lingüística no se da en la práctica en Cataluña.
Los niños no reciben enseñanzas en español en la educación infantil y sólo a partir de los seis años, en la inmensa mayoría de los casos, se les imparte la asignatura de lengua castellana sin ninguna otra materia no lingüística en castellano.
La situación es especialmente discriminatoria para los niños de lengua materna castellana (más de la mitad de los alumnos) que no pueden ser escolarizados con normalidad en su lengua, lo que es contrario a las recomendaciones de la UNESCO y a las Convenciones suscritas por España.
Ello, al margen de las consecuencias que ese modelo excluyente tiene para sus resultados escolares.
Los partidarios de la supresión del castellano como lengua vehicular justifican su postura en razones identitarias (el catalán es la única lengua propia de Cataluña), y pretenden impedir la presencia normalizada del castellano en la comunidad educativa.
La consideración del castellano como lengua impropia debe finalizar y el modelo constitucional y estatutario en Cataluña, tal como ha sido interpretado por los Tribunales, justifica el cambio de paradigmas en las Administraciones educativas, tanto española como catalana.
El camino es el inverso al de la reforma postulada en la LOMLOE. Se trata de reconocer más derechos a los alumnos catalanes y garantizar su ejercicio, no amputar los que se tienen para hacer imposible la enseñanza en castellano.
Por ello, los firmantes de este manifiesto,
RECHAZAMOS de plano el fundamento y consecuencias de la LOMLOE por conculcar los derechos fundamentales de los alumnos catalanes y amparar un proyecto uniformador de corte nacionalista identitario para Cataluña.
RESPALDAMOS un sistema educativo español que respete la pluralidad lingüística de nuestro país y que sirva para formar a los alumnos con políticas integradoras y de convivencia.
DEFENDEMOS de igual manera un modelo educativo que responda a la realidad y pluralidad de la sociedad catalana, en el que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares de enseñanza, junto con el aranés en el Valle de Arán.
APELAMOS al sentido de la responsabilidad de los legisladores para que no cedan a las veleidades de minorías que trabajan para quitar derechos lingüísticos en el sistema educativo.
PEDIMOS que las Cortes españoles legislen a favor de los derechos lingüísticos de los alumnos y que no se dejen chantajear por aquellos que quieren imponer un modelo excluyente y rígido y que declaran su hostilidad manifiesta hacía la lengua castellana apelando insensatamente a la hegemonía territorial del catalán.
ADVERTIMOS finalmente que en el caso de que hagan prevalecer los intereses partidistas sobre el interés general, nos tendrán enfrente ahora y en adelante porque la movilización contra esta Ley injusta será el preludio de otras muchas más. No desfalleceremos.
En Barcelona, a quince de diciembre de dos mil veinte.
