Rabat (Marruecos), jueves 10 de septiembre de 2026 (Efe).- Marruecos ha advertido este jueves de que no aceptará ser utilizado como «peón político preelectoral» ni convertirse en el «chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos» en España, en una dura declaración del Ministerio de Exteriores sobre el estado de las relaciones bilaterales.
En el comunicado, el departamento dirigido por Nasser Bourita lamenta que «algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos» y considera especialmente preocupante que partidos con una larga trayectoria y experiencia de gobierno hayan recurrido, a su juicio, a una escalada «irracional y populista».
Rabat también critica actuaciones de instituciones legislativas y judiciales españolas que, según sostiene, han generado «discordia» mediante iniciativas desacertadas. Marruecos denuncia que en estos casos la simplificación y la retórica acusatoria han desplazado al análisis objetivo y advierte de una «estrategia de miedo perjudicial para todos».
El Ministerio marroquí reivindica, al mismo tiempo, la mejora de las relaciones con España desde la declaración conjunta de 2022, basada en los principios de «respeto mutuo, confianza mutua, diálogo continuo», y destaca los resultados alcanzados en los ámbitos económico, migratorio y de seguridad.
Sobre la cooperación migratoria, Rabat sostiene que «siempre ha sido coordinada y eficaz», aunque reconoce que los «lamentables sucesos» del pasado mes de julio requieren una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido, determinar posibles injerencias y evitar que vuelva a repetirse. El comunicado no menciona expresamente el cruce masivo hacia Ceuta.
En este contexto, Marruecos cuestiona las acusaciones de implicación de sus autoridades y pregunta por qué se siguen formulando cuando, según afirma, «no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación» del país.
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El Ejecutivo marroquí también pregunta por qué España no devuelve a los inmigrantes en situación irregular pese al compromiso oficial de Marruecos de readmitirlos y por qué mantiene separados de sus familias a menores no acompañados, cuyo retorno, asegura, ha sido solicitado por Rabat. El Ministerio remite la respuesta a «las autoridades españolas competentes».
«La proximidad geográfica es una realidad inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, la convierten en una ventaja para el futuro», subraya la nota, que advierte de que una «ceguera estratégica» podría convertir esa proximidad en una fuente permanente de desconfianza y tensiones.
Se trata de la primera reacción oficial de Marruecos tras la crisis desencadenada por la llegada masiva de personas a Ceuta durante los pasados 30 y 31 de julio. Según estimaciones de organizaciones civiles, entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos, en su mayoría a nado, con al menos 141 fallecidos. La mayoría regresó posteriormente, aunque varios miles permanecían en la ciudad autónoma.
La declaración marroquí coincide además con la publicación por parte del Gobierno español de documentos desclasificados sobre la crisis y con la aprobación en el Congreso de una ley que concede la nacionalidad española a saharauis nacidos durante el periodo colonial español.
Rabat no se ha pronunciado oficialmente sobre esta última iniciativa, que, según estimaciones saharauis, podría afectar a entre 80.000 y 120.000 personas, aunque medios locales próximos a la oficialidad marroquí han advertido de su posible impacto en las relaciones bilaterales.