Efe.-Madrid (España), martes 27 de junio de 2023. Los funcionarios de juzgados y tribunales se manifiestan este martes en Madrid después de más de un mes de huelga indefinida, que comenzó el pasado 22 de mayo y que los trabajadores decidieron mantener para exigir mejoras salariales y laborales pese a no tener avances en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia.
Esta es la tercera marcha promovida por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT desde que iniciaran el 17 de abril movilizaciones y paros puntuales, y recorrerá el centro de la capital desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda y Función Pública para exigir diálogo a ambos departamentos.
Tras los acuerdos alcanzados con letrados judiciales, jueces y fiscales, los sindicatos reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales para los 45.000 funcionarios de la administración de Justicia, así como la negociación de cualquier nueva ley que afecte a sus condiciones de trabajo.
Las asambleas de trabajadores decidieron hace dos semanas por una mayoría «aplastante» mantener la convocatoria de huelga, a pesar del adelanto electoral, y planean otra manifestación que termine en el Palacio de la Moncloa la semana del 10 de julio, en plena campaña.
La última «oferta» del Ministerio fue retomar las negociaciones tras la conformación de los nuevos gobiernos autonómico y nacional, a lo que los representantes sindicales respondieron con dos encierros, primero en la sede de Justicia al término de la última reunión fallida, y la semana pasada en varios juzgados de Madrid, Barcelona, Murcia y Navarra.
Antes de los funcionarios, a las 11 de la mañana, el personal laboral de la administración de Justicia también está llamado a una concentración frente a Justicia para reclamarle al departamento dirigido por Pilar Llop que negocie sobre «sus propios compromisos».
Psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento reivindican unas «condiciones de trabajo dignas» en las comunidades autónomas en las que no están transferidas las competencias de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
