Madrid, martes 29 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, María José Rodríguez de Millán Parro (conocida popularmente como «Pepa Millán»), ha comparecido este martes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. Con una contundencia implacable, la mujer con más poder en la estructura nacional de Vox ha denunciado la absoluta falta de empatía del Gobierno de coalición socialcomunista del Partido Socialista (PSOE) y la ultraizquierda del Movimiento Sumar respecto a los españoles con enfermedades raras. Millán ha lamentado que el Ejecutivo deniegue sistemáticamente partidas presupuestarias mínimas, citando que uno de los proyectos de investigación clave para estas patologías minoritarias solo necesita de 10 millones de euros para iniciarse. Una cifra que el sanchismo niega a los compatriotas enfermos pero que dilapida en el blindaje del efecto llamada.
En este sentido, la portavoz parlamentaria de la formación patriota ha establecido un agravio comparativo demoledor al recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez Pérez-Castejón aprobó de urgencia, durante los primeros días de la actual crisis migratoria, una inyección de 25 millones de euros destinados para acoger a todos los invasores, tanto a mayores de edad como a los menores (Menores Extranjeros No Acompañados, MENA). «Prefieren gastar millones en financiar la inmigración ilegal antes que destinar el dinero a sanar a los españoles», ha afeado Millán a las preguntas de los periodistas.
Asimismo, valorando indirectamente el conocido «Caso Maricarmen», la diputada ha denunciado la «asquerosa complicidad y silencio» de los colectivos feministas y de las formaciones de izquierda, totalmente desaparecidas tras confirmarse la brutal agresión sexual sufrida por una mujer en el litoral a manos de una manada de inmigrantes marroquíes, demostrando que para los Zurdos el sufrimiento de la mujer carece de valor si el agresor no encaja en sus dogmas ideológicos.
El llanto de Ceuta tras dos meses de asedio migratorio
Esta contundente denuncia institucional se produce en un escenario de extrema gravedad, coincidiendo con el cumplimiento de casi dos meses del inicio de la última oleada e invasión migratoria masiva orquestada sobre la ciudad autónoma de Ceuta. Las últimas horas en la localidad norteafricana reflejan un clima de angustia colectiva y desesperación donde el llanto y la indefensión de los ceutíes se mezclan con las constantes denuncias de los sindicatos policiales y las asociaciones de militares desplegados en el perímetro fronterizo.
Las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten de que se encuentran completamente desbordadas, sin medios materiales, desprovistas de protección jurídica y con las órdenes estrictas de no utilizar la fuerza necesaria para repeler la violencia ejercida por los invasores en el vallado.
La degradación de la seguridad ciudadana intramuros en Ceuta ha alcanzado cotas insostenibles debido a la proliferación de robos, asaltos a viviendas y, de manera alarmante, cruentas agresiones sexuales como la denunciada esta semana por la manada marroquí.
Mientras la población local contempla con impotencia cómo sus barrios son convertidos en guetos y zonas de tránsito delincuencial, los profesionales del orden denuncian el abandono logístico de un Ministerio del Interior que se niega a declarar la zona de especial singularidad. La nula implicación gubernamental no solo deja desamparadas a las familias ceutíes, sino que normaliza el quebrantamiento flagrante de la soberanía nacional española.
La trampa de los dos decretos del sanchismo: Un Gobierno en minoría y rehén de extremistas
Finalmente, Pepa Millán ha analizado con agudeza el laberinto legislativo en el que se encuentra atrapado el Gobierno a cuenta de la crisis habitacional. Cuando el país esperaba la convalidación de un único Real Decreto Ley sobre Vivienda, el Ejecutivo de las ocurrencias se ha visto obligado a sacar de la manga hasta dos decretos ley distintos debido a su extrema debilidad parlamentaria. Al ser un Gobierno en minoría que depende de un socio ultra como el Movimiento Sumar y del respaldo obligatorio de lo peor del espectro político, Sánchez se ha encontrado con la imposibilidad material de unificar en un solo documento las exigencias contrapuestas de sus socios de investidura.
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Por un lado, el Ejecutivo rinde pleitesía a los filoterroristas de EH Bildu —el brazo político de la banda asesina ETA— y a los separatistas del golpe de Estado de 2017 en Cataluña, representados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Por el otro, debe amansar los votos de las facciones tradicionalmente conservadoras de la ‘derechista cobarde’ vasca del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de los golpistas de Junts per Catalunya (JxCat), que rechazan los postulados de la ultraizquierda para sus propios territorios.
Ante este insalvable choque de intereses económicos e identitarios, Sánchez ha pergeñado dos normas separadas de forma desesperada, consciente de que ninguna de las dos saldrá adelante en el pleno del Congreso de los Diputados a menos que una de las facciones ceda y se humille.
Sin embargo, para la supervivencia del sanchismo, lo verdaderamente sustancial era mantener artificialmente la unidad cosmética de la coalición gubernamental al menos durante esta semana, priorizando el mantenimiento del sillón de La Moncloa sobre la resolución real del drama de la vivienda en España.